Gobierno estudia aplicar Ley de Seguridad Interior del Estado. Hubo 18 detenidos en Cañete, catorce de los cuales fueron puestos en libertad.
 

CONCEPCION (Patricio Gómez).- Personas ajenas a las comunidades indígenas de la Octava Región, entre ellas uno de los procesados por la quema de camiones forestales en Lumaco (IX Región) e integrantes de la Coordinadora Metropolitana Mapuche, figuran entre los 18 detenidos por el saqueo que afectó a la hacienda Lleu-Lleu de Cañete al término de un guillatún o rogativa mapuche, dijeron ayer autoridades de esta región.

Los graves incidentes ocurridos a partir de las 16.30 horas del domingo terminaron con la quema de una bodega de materiales agrícolas y diversos destrozos en la casa patronal del predio, desde la cual también fueron robadas especies.

Todo esto a llevado a considerar al Gobierno la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, como lo confirmó ayer el subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, situación que en definitiva sería resuelta hoy.

En horas de la tarde de ayer, la jueza (s) de Cañete, Gabriela Elgueta, dejó en libertad a 14 de los 18 aprehendidos. Cuatro quedaron en calidad de detenidos tras haber sido sorprendidos con especies robadas desde la casa patronal del fundo de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal. Se trata de José Alfredo Paillal Huenchuqueo, Fresia Aurora Paillal Huenchuqueo, Ronaldo Alberto Millante Herrera (los tres residentes en Santiago) y Abelardo Antimán, miembro de la comunidad Lautaro Antiquina, en la comuna de Cañete. 

El jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Germán Uribe, y el intendente de la Octava Región, Martín Zilic, confirmaron la presencia de elementos infiltrados e incluso de encapuchados en los hechos de violencia.

Mientras el jefe regional - al igual que Pickering- no desestimó aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los inculpados, el oficial indicó que podrían cursarse nuevas denuncias ante el Juzgado de Cañete, toda vez que se pudo identificar a la totalidad de los participantes en el ataque a la Hacienda Lleu-Lleu.

Al profundizar sobre el tema, Guillermo Pickering indicó que la participación de extranjeros y personas ajenas a las comunidades mapuches constituirían antecedentes que se deben evaluar para mantener el marco legal vigente o aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Dijo que el Gobierno está evaluando los hechos, y que no se debe confundir entre la mesa de negociación que se está propiciando en conflictos ocurridos con anterioridad, y los acontecimientos del día domingo.

Respecto de la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado, planteó que la mesa de diálogo establecida con empresas forestales y comunidades mapuches no hacía aconsejable esta actitud.

"Pero en el caso de Lleu-Lleu hemos visto la participación de personas ajenas a las comunidades específicas del sector, gente que vino de Santiago en un bus, que se desplazó de otros lugares", precisó. Indicó que había extranjeros en el lugar, pero no se tiene clara la naturaleza de su presencia, ni su nacionalidad.

Esta situación fue precisada en el transcurso de la tarde por el Ministro Secretario General de Gobierno, Jorge Arrate, quien indicó que en los listados de detenidos no aparecían ciudadanos extranjeros.

Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, John Biehl, declaró que el Gobierno hará respetar las leyes y no tolerará métodos reñidos con la paz en la resolución del conflicto.

Agregó que se estaría considerando desde hace tiempo como una forma de analizar el tema la creación de una comisión en que puedan participar distintos grupos.

Esa idea fue confirmada por Arrate, quien añadió que sería una comisión de carácter interministerial - encabezada posiblemente por Mideplan- abocada a revisar políticas y medidas enfocadas en la temática indígena.

Este planteamiento ha sido reiteradamente rechazado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), pues a jucio de esta entidad el poner otra instancia por sobre ella pasa a llevar el rol que supuestamente debe desempeñar.

Por otro lado, trascendió que el diputado Alejandro Navarro (PS) solicitará una reunión con el ministro del Interior para hoy día, con el objetivo de analizar el problema mapuche.

En la mañana de ayer los 18 aprehendidos habían sido puestos a disposición de la jueza Gabriela Elgueta bajo los cargos de incendio, daños calificados y robo.

Entre los detenidos figuraban Aníbal Salazar Huechecura, procesado como autor intelectual de la quema de tres camiones de la forestal Arauco en Lumaco en diciembre de 1997 y que actualmente permanecía en libertad; Sergio Bravo Salgado, fotógrafo independiente y corresponsal de Radio Francia; y María Paillán Fuentes, reportera independiente de Santiago.

También estaban Patricia Troncoso Robles, estudiante de ciencias religiosas de la Universidad Católica de Valparaíso y detenida en Traiguén por los incidentes del 19 de febrero pasado; Román Rodríguez Sanhueza, alumno de medicina de la Universidad de Concepción, y Pablo Ortega Manosalva, abogado externo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Completaban la lista de detenidos Elías Paiñán Coñoepan, reportero de radio Yungay; Ricardo Tapia Huenchulaf, reportero de radio El Canelo; Ruth Curiqueo Ancán, Florinda Antinao Varas, Juan Mariñán Ocares, Reñato Millantes Herrera, Fresia Paillán Huenchuqueo, José Paillal Huelchequeo, Luis Mariñán Reinao, Alberto Antimán Millape, Gastón Antileo Marileo y Miguel Tapia Huenchulaf, en su mayoría miembros de la Coordinadora Metropolitana Mapuche, todos con residencia en Santiago.

EMPRESARIO AFECTADO
PRESENTO QUERELLA

El dueño de la Hacienda Lleu-Lleu, el empresario pesquero y turístico Osvaldo Carvajal Rondanelli, presentó ayer ante el Juzgado de Cañete una querella en contra de quienes resulten responsables del incendio y saqueo de su propiedad.

Relató que las 200 personas que ingresaron ilegalmente a la propiedad - ubicada 20 kilómetros al sur de Cañete- causaron un incendio en una construcción donde se almacenaban productos agrícolas, fertilizantes y maquinarias. Asimismo, ocuparon, destrozaron y robaron en la casa del fundo, que en total cuenta con una superficie de 300 hectáreas y seguros que cubren los bienes siniestrados.

EXPLOSIVO SIMULADO

En la tarde de ayer, personal de Patrulla de Acciones de Especiales de Carabineros, retiró un artefacto explosivo simulado colocado por desconocidos en la escalera de acceso a las oficinas regionales de la Corporación de la Madera, Corma, ubicadas en la avenida O"Higgins 536, a media cuadra de la plaza de armas de Concepción.

Tras evacuar el tercer piso donde se ubica las dependencias del gremio forestal, la policía procedió a retirar la falsa bomba confeccionado con trozos de madera, plásticos y alambres.

La semana pasada también se efectuó un procedimiento policial similar ante un llamado telefónico anónimo que anunció la colocación de una bomba, lo que resultó ser falso.

Carabineros dispuso vigilancia permanente frente a las dependencias de la Corma dada la situación que vive por los conflictos de comunidades mapuches con empresas forestales en la zona.

RATIFICAN CONDENA

La Corte Apelaciones de Temuco ratificó ayer la condena para los siete mapuches que en 1997 participaron en la quema de una caravana de camiones forestales ocurrida en Lumaco, en el marco de un proceso de reclamación de tierras iniciado por dos comunidades del sector.

Así lo confirmó el abogado de la Fundación de Institutos Indígenas Rodrigo Lillo, defensor de los mapuches, quien precisó que el tribunal de alzada ratificó la sentencia en primera instancia dictada por el ministro en visita, Víctor Reyes.

El 1 de diciembre de 1997, una turba de mapuches interceptó tres camiones que transportaban maderas de la empresa forestal Bosques Arauco, a la salida del fundo Pidenco, en Lumaco. Ese predio es reclamado hasta la fecha por dos comunidades indígenas.