Discrepan por Manejo de Tierras Indígenas 

En los dos gobiernos de la Concertación se han entregado 75.000 hectáreas a comunidades mapuches, según informe de la Conadi.

La manera de encarar el problema de la tenencia de tierras es sindicado por diversos actores especializados como la principal razón que ha gatillado el conflictivo panorama ligado al mundo indígena que actualmente existe en algunos puntos del país, y que por estos días ha tenido su principal expresión en los focos de violencia aparecidos en Traiguén y Ralco.

Así, mientras para el Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) la superación de la pobreza pasa por posibilitar a los mapuches la venta directa de sus tierras y evitar la mediación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el ex director de esta entidad, Domingo Namuncura, estimó que la postura anterior sólo busca permitir que las empresas forestales puedan adquirir predios indígenas para su expansión comercial.

En ambos casos, sin embargo, hay concordancia en que todo el resurgimiento de la problemática indígena - fundamentalmente mapuche- y sus demandas derivan de la situación de propiedad de terrenos, lo que estaría fuertemente interrelacionado con los altos niveles de pobreza que ostentan.

La Ley Indígena (19.253) se pronuncia expresamente sobre este punto en su artículo 13, el cual señala que "por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia".

Para ilustrar la relevancia de este tema, Namuncura indicó que antes del gobierno militar los indígenas contaban con cerca de 600 mil hectáreas de su propiedad, que se vieron reducidas a cerca de 300 mil para comienzos de esta década.

Según datos actuales de la Conadi, en el curso de los dos gobiernos de la Concertación se han entregado 75 mil hectáreas a las comunidades mapuches, de las cuales cerca de 30 mil han sido adquiridas con recursos de la entidad a través del Fondo de Tierras y Aguas.

"INEFICIENCIA DE ACTUAL LEGISLACION"

Sin embargo, para el director del programa político del ILD, Eugenio Guzmán, la ineficiencia de la actual legislación impide el desarrollo económico de las comunidades, al existir un sistema de permutas que obliga a la revisión de estas transacciones por parte de la Conadi.

A juicio de Guzmán, junto con burocratizar el proceso, ello conspira contra la utilización efectiva de herramientas de desarrrollo por parte de las familias, como el crédito, al cual sólo pueden optar si disponen libremente de sus tierras.

Además, indicó que si las comunidades mapuches estiman conveniente vender sus predios a particulares -por ejemplo, empresas forestales- debe permitirse dicha posibilidad, pues de lo contrario se entra a establecer categorías distintas de chilenos.

"El error de fondo es que se argumenta una supuesta protección de cierta cultura vinculada a la tierra", añadió.

Esto no lo consideró efectivo, entre otras razones, porque vivimos en un constante proceso de transculturización dentro del cual ya no existen etnias absolutamente puras.

Toda esta concepción es rechazada por Domingo Namuncura (PPD), si bien éste coincide con Guzmán en que existe una fuerte sensación de frustración social que se ha visto expresada en los recientes incidentes.

Desde su perspectiva, durante los últimos dos gobiernos los pueblos indígenas han visto concretada una parte mínima de sus espectativas, lo cual se ha visto agravado por la aparición de distintos megaproyectos en los últimos años que han afectado de manera significativa a los pueblos.

"Los indígenas esperan que la ley y especialmente la autoridad defiendan sus derechos, y cuando sienten que ello no ocurre empiezan a surgir reclamos que se transforman en un grito", indicó Namuncura.

El ex director de Conadi -quien tuvo una polémica salida del cargo el año pasado- añadió que cuando la percepción subjetiva de frustración es acompañada por elementos objetivos, como la pobreza, la situación se torna permeable a los conflictos.

En este contexto, estimó que cuando aparecen dichos conflictos la autoridad debe encararlos con diálogo, lo cual desde su punto de vista no ha ocurrido durante los últimos meses.

Si bien no criticó explícitamente la actual dirección de la Conadi, señaló que cuando él estuvo a cargo de la entidad en los años 1997 y 1998 se estableció un sistema de diálogos y presencia de la autoridad en los lugares donde se generaban los problemas.

"Cuando las comunidades veían que la autoridad tomaba cartas en el asunto, los conflictos empezaban a desaparecer, como en el caso de Lumaco", añadió.

Esto se ha visto a su juicio potenciado también por el accionar de las empresas, principalmente las forestales, que han practicado una política de "mala vecindad" con las comunidades mapuches y desconocimiento de su cultura.

Ello lo traduce en una falta de solidaridad hacia los indígenas que no son ocupados como mano de obra por las empresas ni reciben beneficio alguno de la explotación maderera, sin que los empresarios entiendan que para las comunidades esas tierras están marcadas por una historia de dolorosa enajenación.

A ello suma la existencia de un interés estratégico y financiero especialmente por parte de las empresas forestales, las cuales por razones de productividad requieren expandirse hacia terrenos indígenas dentro de los próximos cinco años.

Según Namuncura, esto justificaría la suerte de campaña que hacen algunos sectores económicos y políticos para permitir que la transacción de tierras indígenas se pueda materializar directamente con particulares sin que la Conadi deba interceder.

"Lo que ellos omiten es que para el indígena la tierra tiene un valor de uso (cultural, religioso, productivo) y no sólo comercial", precisó.

El dirigente del PPD estimó que para mejorar toda esta situación, entre otras cosas, es necesario introducir diversas modificaciones a la Ley Indígena, en aspectos tales como prohibir el arriendo de tierras; reforzar el desarrollo del mundo indígena urbano (un 72% del total); y establecer una consulta obligatoria a los indígenas antes de aprobar megaproyectos.

En cuanto a la institucionalidad, indicó que la Conadi debería transformarse en una gran entidad dedicada a planificar políticas públicas en este ámbito, coordinando la accion de ministerios que por sí mismos debieran desarrollar programas propios sobre el tema indígena.

Más allá de esto, según los datos oficiales de la Conadi en los últimos años se han recuperado para los indígenas y sus comunidades aproximadamente 75 mil hectáreas de predios, de los cuales 30 mil hectáreas han sido adquiridas con recursos del Fondo de Tierras y Aguas.

Las restantes corresponden principalmente a traspasos gratuitos efectuados por el Ministerio de Bienes Nacionales -a través de la Conadi- a los indígenas, al tiempo que entre 1995 y 1997 más de trescientas familias adquirieron por la vía de subsidio 4.378 hectáreas.

Según el jefe del programa de Tierras y Aguas, Luis Henríquez, en promedio se pagó entre 1,2 y 1,4 millón de pesos por hectárea.

Para el presente año, del presupuesto total de la Conadi ($11.370 millones) cerca del 65% está destinado a dicho fondo, mientras que el resto corresponde a beneficios tales como subsidios o becas escolares.