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Investigación de la Fiscalía de Pudahuel a cuatro militantes
reveló planes del grupo subversivo para 2008 y 2009:
Jueves 2 de octubre de 2008
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Allanamiento en casa de Lo Prado también descubrió nexos
con Héctor Llaitul, jefe militar de la CAM, instructivos de guerrilla
del ELN colombiano y viajes a Chiapas (México) y a Nicaragua.
EQUIPO DE POLICÍA Y TRIBUNALES
El fiscal de Pudahuel Emiliano Arias abrió una investigación
por asociación ilícita al grupo subversivo Mapu Lautaro, gracias
a los datos reunidos por la inteligencia de Carabineros (Dipolcar) en la pesquisa
contra cuatro de sus integrantes llevados a juicio oral por tenencia de bombas
incendiarias y droga.
Arias fue cauto al responder por una eventual rearticulación del lautarismo,
cuyas acciones más violentas ocurrieron a fines de los '80 y principios
de los '90 (ver recuadro). Explicó que sólo está en condiciones
de levantar cargos contra los cuatro imputados liderados por Marcelo Dotte,
convicto por formar grupos armados y beneficiado con la Ley de Indulto.
"Hemos presentado testigos de contexto para formar convicción en el
tribunal sobre quiénes son realmente los imputados de tenencia de bombas
molotov", precisó el fiscal.
Los antecedentes fueron conocidos ayer en el Primer Tribunal Oral de Santiago,
donde por tercer día se realizó el juicio al grupo de Dotte,
integrado por Esteban Huiniguir, convicto por lanzar bombas incendiarias; Joaquín
Cortés y María Alejandra Vilas, sorprendidos con 10 bombas molotov
en Pudahuel el 29 de marzo, en los incidentes del "Día del joven combatiente".
El fiscal presentó a su testigo clave, el capitán de Carabineros
Andrés Arenas, quien dirigió el allanamiento a la casa-escondite
de Las Torres 1075, Lo Prado, donde vivían los dos hombres y la mujer
hoy sometidos a juicio.
Entre los elementos incautados allí hay manuales para fabricar bombas
molotov y de distinto poder explosivo, como las que han estallado en Santiago
en los últimos meses -incluso de nitrocelulosa, similar a la que portaba
Andrea Urzúa, detenida en Neuquén como ayudista de los ex lautaristas
Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, detenidos en esa provincia argentina-,
papelógrafos, afiches y documentos para promover la subversión
popular.
También estaba el pasaporte de Joaquín Cortés, timbrado
con viajes a México (Chiapas), Nicaragua, Colombia y Ecuador en 2007,
y un instructivo de guerrilla urbana del colombiano Ejército de Liberación
Nacional.
Arenas confirmó que una pieza de la casa era ocupada por Patricio Gallardo
Trujillo, histórico dirigente del Mapu Lautaro, condenado por el homicidio
del prefecto de Investigaciones de Concepción Héctor Sarmiento,
en 1991, y luego indultado.
Gallardo escapó antes que llegara la policía, pero dejó su
cédula de identidad, ropa y el documento de 40 páginas "Plan
Apurar Ya", con análisis de la contingencia nacional, la situación
del Mapu Lautaro y las metas del grupo subversivo para 2008 y 2009. Entre éstas,
realizar acciones de alta significación subversiva, penetrar el movimiento
mapuche y agitar al estudiantado y a los trabajadores con un mensaje atractivo
para la juventud.
Menciona Concepción, Los Ángeles, Pudahuel, San Felipe, como
las zonas donde tienen influencia para priorizar su acción.
La policía también encontró en la casa -los vecinos creían
albergaba a universitarios- cartas que intercambiaron Gallardo y Héctor
Llaitul, jefe militar de la radicalizada Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El tribunal no permitió fotografiar al capitán Arenas. Y al
final de la audiencia Huiniguir imputó al oficial una supuesta participación
en la muerte de Norma Vergara Cáceres, la verdadera mujer metralleta
del lautarismo, ocurrida en 1993 durante un enfrentamiento en Santiago. "¡Vos
con el capitán Araya mataron a la Norma Vergara!, le gritó puño
en alto.
Condena a detenidos con armas
A tres años y un día de presidio efectivo fueron condenados Cristián
Godoy Ávila y Áxel Osorio Rivera, quienes fueron detenidos
en diciembre de 2007 con una mochila con armas destinadas al ex lautarista
Carlos Gutiérrez Quiduleo, quien participó activamente en el
asalto al Banco Security y posterior asesinato del cabo Luis Moyano, ocurrido
el 18 de octubre pasado, en la capital.
La decisión fue adoptada en un juicio abreviado en el que ambos admitieron
el delito de porte y tenencia de armas ilegales, por el que fueron acusados
por la fiscalía Centro-Norte.
Según se dijo en la audiencia, los condenados entregarían las
armas a Gutiérrez Quiduleo a través de un tercer sujeto identificado
como Carlos Sepúlveda, quien recibió las armas de parte del citado
delincuente, el que aún se encuentra prófugo.
Auge y caída del grupo terrorista
El Movimiento Lautaro nació en 1983, de una división del Mapu,
liderado por Guillermo Ossandón. Estaba dividido básicamente
en las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro y el Movimiento Juvenil Lautaro.
Realizaron acciones de propaganda armada en poblaciones y colegios; asaltos
a sucursales bancarias; saqueos a farmacias; atentados explosivos e incendiarios
en contra de medios de comunicación y asesinatos de efectivos de Carabineros
y de Investigaciones.
Los arrestos sistemáticos de lautaristas comenzaron a fines de 1989,
tras el asesinato del cabo de Carabineros Héctor Pincheira en una emboscada
a un furgón policial.
Una de sus acciones más impactantes fue el rescate de Marco Antonioletti,
en noviembre de 1990, que dejó cinco muertos. El 10 de enero de 1992
fue detenido el segundo jefe, Bernardo Acevedo Lagos.
El 15 de junio de 1994 Ossandón fue detenido en Cartagena. Ossandón
salió libre el 27 de agosto de 2004 gracias a un indulto. En noviembre
del año pasado, tras el asalto al banco Security declaró: "El
Lautaro todavía existe".
Juez argentino decide suerte de mujer ayudista
ZAPALA, ARGENTINA.- El juez federal de Neuquén, Antonio Guillermo Labate,
decidirá el martes si deja libre a la chilena Andrea Urzúa Cid
(28), que el pasado 18 de septiembre intentó ingresar 60 gramos del
explosivo "nitrocelulosa" o "trotil" al penal donde cumplen condena los lautaristas
Marcelo Villarroel (35) y Freddy Fuentevilla (37), que planeaban fugarse.
Hace una semana la mujer se acogió al derecho a no hacer declaraciones
ante el tribunal, por lo que el juez Labate deberá resolver si existen
méritos para someterla a proceso por infracción al artículo
189 bis, que sanciona con penas de 5 a 15 años de presidio a quienes
porten explosivos sin autorización legal. "Llevaba una cantidad suficiente
para volar una pared del penal", dijo en la ocasión el magistrado.
Sujeto con adhesivo, entre sus piernas, la ayudista llevaba el explosivo que
permite fabricar una "bomba casera", activada con una batería de teléfono
celular o de reloj.
Aunque el magistrado había dispuesto su traslado a la cárcel
femenina de mayor seguridad en Buenos Aires, distante 1.200 kilómetros
de Neuquén, Andrea Urzúa continúa en la Unidad de Gendarmería
de Zapala, en espera del pronunciamiento del juez. De confirmarse su prisión
preventiva, será remitida a la capital argentina. En fuentes judiciales
argentinas se indicó que lo más probable es que la mujer sea
considerada ayudista de los lautaristas, condenados el lunes a 3 años
y medio por porte ilegal de armas en territorio trasandino.
DEFENSA
FANTASÍA. El abogado defensor Rodrigo Román calificó de "fantasía" la
acusación hecha por la fiscalía.
