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Audiencia judicial en la Araucanía:
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Testigo protegido reconoció a Carlos Cayupe como líder
de la banda que incendió un camión en la Ruta 5 Sur en 2007.
SERGIO BUSTOS Y XIMENA PÉREZ
TEMUCO.- Sólo con la medida cautelar de arresto domiciliario quedó ayer
Carlos Cayupe Aillapán (43), el mapuche formalizado por su presunta participación
en la quema de un camión, el 26 de diciembre de 2007, en el km 617 de
la Ruta 5 Sur, en la Araucanía.
Ese día, unos 10 encapuchados armados dispararon también sobre
una camioneta que iba a Villarrica, en la que viajaba la jueza de garantía
Karen Atala.
Cayupe fue arrestado en un allanamiento de la Policía de Investigaciones
a la comunidad "Domingo Trangol", en Victoria, donde se incautaron armas y ropas
mimetizadas.
El fiscal Miguel Ángel Velásquez, que indaga otros 18 atentados
en la Araucanía, dijo que el imputado fue reconocido por una testigo del
ataque incendiario. Según ese relato, el acusado daba órdenes a
los agresores.
Se dispuso 90 días plazo para la investigación, 40 de ellos con
carácter reservado.
Horas antes, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, había dicho
que con la detención de Cayupe "hay que dejar en claro que podrá pasar
un tiempo, pero la impunidad no va a ser la forma de resolver estos temas. Quienes
han participado en ilícitos deben esclarecer su situación ante
la justicia".
El miércoles, la Corte de Temuco había dejado en libertad al activista
Daniel Alveal Levicura (29), detenido el 27 de agosto por amenazas a trabajadores
forestales y porte ilegal de armas. Alveal fue formalizado y se le dejó con
arraigo nacional y firma quincenal en la fiscalía.
Por otra parte, a más de dos semanas del atentado armado e incendiario
al Fundo Santa Rosa, de Jorge Luchsinger, aún no hay detenidos. Francisco
Alanís, presidente de la gremial CorpAraucanía, advirtió que "más
allá del trabajo de las policías, hay que revisar cómo está funcionando
el sistema judicial".
Críticas a Pérez Yoma
"Imprudente" ha sido el comportamiento del ministro del Interior, Edmundo Pérez
Yoma, en la Araucanía, según el ex juez Juan Guzmán, hoy
dedicado a la academia y a la abogacía. Aseguró que la actitud
del Ejecutivo de usar la fuerza "se puede asimilar a algo que es un genocidio
en cuanto a los resultados", pues puede llevar a la segregación de los
grupos. "Cuando ocurren actos de terrorismo por parte del Gobierno, terror estatal,
el riesgo es que se cometan crímenes de lesa humanidad", criticó.
