Políticas indígenas

Políticas indígenas

Lunes 8 de Diciembre de 2003

Las recientes elecciones de consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) confirman la escasa representatividad y legitimidad de dicha institución. Desde luego, los consejeros son, finalmente, nombrados por el Presidente de la República, no bastando las preferencias que hubieren recibido. En segundo lugar, pese al esfuerzo de las autoridades de la Conadi para aumentar la participación, no más de 27 mil electores - apenas cerca del 20 por ciento de los habilitados- concurrieron al proceso.

En cambio, la participación indígena en las elecciones nacionales supera el 85 por ciento y, según encuestas realizadas por Libertad y Desarrollo, más del 50 por ciento de los indígenas que viven en comunidades rurales en la XI Región declara sentirse representado por sus alcaldes.

Lo anterior es otro argumento contrario a la recomendación segregacionista formulada por la "Comisión de verdad histórica y nuevo trato", que propone canales separados de participación política de los pueblos indígenas, con representantes propios ante el Legislativo.

El resultado de las elecciones de la Conadi aconseja, asimismo, revisar su estructura y funciones. Actualmente, es un ente híbrido, en cuanto servicio público responsable de la aplicación de las políticas indígenas y, a la vez, instancia de participación y consulta de las mismas. De hecho, las constantes tensiones entre las opiniones de los consejeros y las prioridades del Gobierno han paralizado el trabajo de la Conadi en los últimos 10 años, impidiendo acciones urgentes en favor de la dignidad, culturas e igualdad de oportunidades de los indígenas.

Con el gobierno del Presidente Aylwin se iniciaron diversas propuestas y legislaciones que han insistido en crear instituciones y estatutos especiales para los indígenas, imitando fracasadas experiencias internacionales en estas materias. Tales políticas - que incluyen la demarcación de territorios indígenas, en vez de abordar sus problemas de postergación mediante la integración- introducen segregación y dependencia del Estado, aumentan y perpetúan la marginación de los indígenas y su conflicto con el resto de la sociedad, sin atender a la pobreza que los afecta y al respeto que merecen sus culturas.

Las encuestas indican que la mayoría indígena reclama por una deuda histórica que relacionan con la discriminación de que han sido objeto. Sin embargo, según los interesados, por sobre dicha deuda prevalecen otras demandas socioeconómicas al Estado, como la asistencia para producir y vender sus productos, empleo, necesidades de educación, vivienda, salud, infraestructura y otras similares.

El país debe replantearse las políticas e instituciones públicas indígenas; el desafío es lograr su integración con identidad, para que puedan desarrollarse, preservando sus culturas.