29 de Junio de 2003

Alto Biobío:
 

Endesa aplicaría tasación de predios de pehuenches hecha por comisión especial, la que sería muy inferior a su última propuesta.

CONCEPCIÓN.- A un punto muerto parecen haber llegado las negociaciones para zanjar el conflicto por la construcción de la central Ralco, luego que tras una reunión entre representantes de Endesa y abogados de los indígenas que no han permutado sus tierras en Alto Biobío se puso fin al diálogo y se dejó como única vía de solución a los tribunales de justicia.

En la reunión, como una forma de contribuir a un acuerdo, el Gobierno ofreció tierras a las 10 familias indígenas descendientes de los cuatro propietarios de los predios en conflicto, mientras que los abogados de los pehuenches solicitaron que éstas sean explotables y habitables, pidiendo además asistencia técnica para ellos de parte de Endesa por 10 años, tal como ocurre con los pehuenches que ya permutaron y fueron relocalizados en los fundos El Barco y El Huachi, en el Alto Biobío.

Endesa no estuvo de acuerdo y de paso retiró su última oferta -$200 millones más 77 hectáreas de terreno a cada una de las cuatro familias opositoras, más $300 millones para las 10 familias herederas- debido a que los opositores a Ralco solicitaron a los tribunales la paralización de las obras de la central, que ya registra un 85% de avance.

El Sexto Juzgado Civil de Santiago declaró nulo el estudio de impacto ambiental de la central, pero rechazó la petición de las familias indígenas y determinó que Endesa no podrá inundar las tierras hasta que se concreten las permutas.

Ante este escenario, Endesa recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago e interpuso un recurso de protección contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para obtener un informe que realizó una comisión que tasó los cuatro predios en conflicto, el que está retenido desde noviembre de 2002 luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le pidió al Gobierno abstenerse de modificar la situación de las familias demandantes, luego que éstas recurrieran a dicho organismo.

Según Endesa, tras el fracaso de la negociación y la petición de paralización de obras buscarán que se haga oficial este informe para resolver el conflicto judicialmente. La comisión habría tasado los terrenos en $60 millones cada uno, los que serían depositados por la empresa en tribunales para ser traspasados a los pehuenches.

El abogado de las familias indígenas, Roberto Celedón, dijo que insistirán por una solución amistosa al conflicto, "pero actuando en los dos frentes donde está inserto el tema Ralco, la OEA y la justicia chilena, y nos haremos parte del recurso de protección que Endesa presentó contra la SEC por no darle a conocer el informe de tasación. Hacerlo público sería ilegal, porque el Estado chileno debe cumplir con la petición de un organismo internacional".