Últimas 4 familias contrarias a la central hidroeléctrica siguen ahora el ejemplo de Nicolasa Quintremán y permutarán sus tierras.

PATRICIO GÓMEZ y JORGE MOLINA

CONCEPCIÓN.- Después de casi una década de luchas y desencuentros, el conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en Alto Biobío, parece llegar a su fin.

Las últimas cuatro familias pehuenches renuentes a dejar sus tierras han aceptado dialogar con el gobierno, a partir de febrero, para buscar una solución global para ellas y para su pueblo.

Todo el problema empezó cuando la mujer ícono de la causa pehuenche, Nicolasa Quintremán Calpán, de 63 años, la misma que juró ante el Presidente Ricardo Lagos que sólo la sacarían muerta de su tierra, decidió permutar 3,8 hectáreas en el Alto Biobío por otras 77 cercanas a Santa Bárbara, y una indemnización de $200 millones. La misma opción estudian sus hermanos Berta y Juan Quintremán, quienes incluso han visitado algunos de los terrenos ofrecidos por Endesa.

El subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, reconoció que han existido contactos y conversaciones.

El abogado Roberto Celedón, que representa a las familias ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la cual acudieron los pehuenches por la construcción de Ralco, explicó que en la comisión de trabajo participarían autoridades de las carteras de Economía, Secretaría General de la Presidencia y Mideplán, y un representante de cada familia pehuenche, acompañados de sus asesores.

Esta comisión deberá concretar acuerdos a fines de febrero o comienzos de marzo.

Nicolasa Quintremán y Carmen Paine anunciaron que presentarán un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción por "amenazas" y "hostigamiento" tras llegar a un acuerdo con Endesa. Acusan de esa campaña al Consejo de Todas las Tierras, ecologistas y abogados.