Un millón de indígenas hay en Chile, la mitad de ellos en la Región Metropolitana. Afincados desde Putre a Puerto Williams, aimaras, atacameños, rapa nui, coyas, mapuches, alacalufes y yaganes (los diaguitas están en proceso de reconocimiento) son las etnias oficiales y usuarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi.

Para su director nacional, Aroldo José Cayún Anticura, 45 años, abogado, no son fáciles estos días. Mientras se repiten las protestas e incidentes con ocasión del Día de la Raza, trata de encauzar las demandas de tierra de los mapuches por la vía institucional y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de desarrollo de los pueblos originarios con un exiguo presupuesto.

¿Qué significa para ustedes el 12 de octubre?

"Esa fecha marca un hecho histórico real, la llegada de los españoles y el comienzo de la subyugación. La Conadi no lo celebra en forma especial, y respeta los sentimientos de la población indígena. Algunos reflexionarán, otros se movilizarán y a muchos les da lo mismo".

En el tema de las reivindicaciones, Cayún explica que desde hace 30 años que hay dos orientaciones claras en el movimiento indígena.

Están los autonomistas y aquellos a quienes les interesa que la sociedad se pluralice y que sean respetados.

"Para ellos (los autonomistas) la única solución es lograr la autonomía territorial y política. Pero eso es económicamente inviable porque están en los territorios más pobres del país y deberían vivir de subsudios, lo que incentivaría la emigración y los transformaría en extranjeros en su propio país".

Admite que efectivamente tienen más presencia comunicacional, pero poseen poca capacidad de propuesta y no son muy representativos.

Para el director de la Conadi la mayoría de los indígenas está en otra línea, en que la autonomía está descartada y la línea de trabajo va por abrir espacios de participación, pluralizar cultural, económica y socialmente el país, y seguir destinando recursos para recuperar tierras.

El director de la Conadi afirma que no es un hecho menor que en 9 años de vigencia de la Ley Indígena hayan recuperado en dominio pleno 300 mil há de tierras, ya sea por traspaso, regularización o compra.