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Subsecretario de Mideplán,
Jaime Andrade, actual negociador. |
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CONFLICTO
INDÍGENA LOS ACUERDOS INÉDITOS CON LOS VIOLENTISTAS:
El premio
del Gobierno a los mapuches rupturistas
Iván Fredes
Iván Fredes
Indígenas que han ocupado predios,
provocado incendios, destruido maquinaria y atentado contra trabajadores
han sido premiados con tierras por el Gobierno .
En contraste, el pasado viernes, tres
mapuches fueron condenados a tres años de prisión, con pena
remitida, y al pago de más de 300 mil pesos por mucho menos: ocupar
un fundo, cortar su cerco y dañar siembras. Ellos también
reclaman tierras.
Fue la primera sentencia, dentro del
conflicto indígena, dictada en un juicio oral. Y dejó en
evidencia la disociación con que las autoridades abordan el conflicto
mapuche.
El traspaso del fundo Alaska a sus
propios atacantes y usurpadores ha sido muy criticado por quienes sostienen
que esa donación legitima el uso de la violencia para lograr tierras
por parte de grupos que representan menos del 1 por ciento de la población
mapuche. Pero desde el Gobierno se ha defendido esa cesión a los
violentistas como un modo de mitigar la creciente escalada de atentados
contra predios forestales y agrícolas.
Alaska y Ginebra
En los últimos tres años,
Alaska fue objeto de 50 hechos delictuales. Forestal Mininco interpuso
20 querellas y el Gobierno otros dos requerimientos por infracción
a la Ley de Seguridad del Estado. Los delitos investigados van desde usurpación
e incendio hasta secuestro. Del total, 14 causas han sido sobreseídas
y a la fecha sólo existen cuatro condenados, todos de la comunidad
Ignacio Queipul, que recibió el predio.
Pese al historial y a que la titular
de Mideplan, Alejandra Krauss, aseguró desde el comienzo de su gestión
que nunca favoreceremos a los grupos mapuches violentos, el Gobierno acordó
el 18 de noviembre de 2000, adquirir y traspasar el predio a la mencionada
comunidad, siempre y cuando ésta última abandonara el camino
de la violencia, optara por el diálogo y respetara la ley.
Tras la firma, sin embargo, los comuneros
rompieron el acuerdo 14 veces, con ocupaciones, incendios, daños
y secuestro de un bus. Mininco presentó 4 querellas por estos delitos
dentro del nuevo proceso penal oral vigente en la IX Región y sólo
en un caso, el del secuestro del bus en diciembre último, hay 11
imputados.
El Gobierno, no obstante, siguió
adelante con su política de favorecer a los violentos como forma
de terminar con la violencia.
Una situación similar ocurrió
con el fundo Ginebra, situado en el sector oriente de Collipulli. Considerado
campo modelo en producción agrícola, el predio fue ocupado
por primera vez en septiembre de 2000. Sin embargo, la noche del 18 de
enero de 2001, Hernán y su hijo Gerardo Jecquier, fueron emboscados
y atacados con escopetas de caza. Desde entonces, sus atacantes, integrantes
de la comunidad Juan Ahilla Varela, permanecieron en el fundo, sembraron
sus tierras y destruyeron la casa patronal.
Un acuerdo similar al que se hizo con
el fundo Alaska entregó el predio Ginebra a sus ocupantes ilegales.
Compromisos irrevocables
La adquisición y entrega de
los fundos Alaska y Ginebra, ambos emblemáticos en el conflicto
mapuche, dejaron al descubierto seis acuerdos reservados suscritos por
la ex ministra Alejandra Krauss (al menos uno de ellos, ratificado por
la actual ministra Cecilia Pérez), el ex director de la Conadi,
Edgardo Lienlaf, y el subsecretario Jaime Andrade.
Tales compromisos fueron firmados con
34 comunidades - las más radicalizadas- , de Lumaco, Ercilla, Purén,
Collipulli, Freire y Panguipulli. En ellos, el Gobierno se compromete a,
en un plazo no superior a tres años, comprar y traspasar 9.530 hectáreas
y, en el caso de 10 comunidades de Panguipulli, entregar mil millones de
pesos para resolver parte de sus demandas de 5.000 hectáreas de
tierras.
Lo primero que hay que decir es que
la mayoría de entrega de tierras no ha tenido detrás, de
manera predominante, situaciones de violencia. Los acuerdos generados a
raíz de situaciones de conflicto son los menos, no los más,
afirma el subsecretario Jaime Andrade. Además, desde el 19 de marzo
último, Andrade es el Coordinador Ejecutivo de Políticas
y Programas Indígenas del Gobierno.
No puedo transmitir en detalle los
acuerdos porque no estuve en ellos. Pero entiendo que buscaron una salida
a situaciones complicadas. Y, por lo tanto, la filosofía aplicada
fue 'paz social por tierras'.
Andrade añade que los acuerdos
se cumplirán porque son anteriores a la doctrina del Presidente
Lagos, formulada el 19 de marzo último, en la cual advirtió
que los que usen la violencia como medida de presión perderán
todo lo ganado.
No al chantaje
Para el senador Alberto Espina (RN),
tanto la compra de los fundos Alaska y Ginebra, como estos compromisos
aludidos son nefastos para el país y para la IX Región. Cuando
el Gobierno suscribe acuerdos con violentistas, incentiva la violencia.
No se puede aceptar el chantaje, la extorsión ni la amenaza de muerte
de esos grupos para que los agricultores y las empresas abandonen los campos
o vendan sus tierras.
El parlamentario anticipa que la Comisión
de Constitución del Senado invitará a las víctimas
de la violencia para que den a conocer su experiencia y visión del
problema.
Lo que tenemos claro es que en la IX
Región no se respeta el Estado de Derecho, sostiene Espina, al cuestionar
los actos de violencia y los acuerdos con sus promotores.
Otro aspecto que le preocupa es el
criterio que emplea la Conadi para asignar la tierra y a quiénes
la entrega. Iniciaremos un debate en la Comisión Política
de RN para ver ese aspecto. Lo que queremos es pedir una comisión
investigadora en la Cámara para aclarar esta materia.
El Comandante dos veces ganador
Fama de duro entre los más duros
logró el ex vocero de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco,
Víctor Ancalaf Llaupe. En el período más violento
del conflicto en Malleco, vistió como guerrillero, con ropas mimetizadas,
proclamó la independencia del territorio mapuche y vivió
clandestino.
Encabezó cuanta ocupación
hubo en la zona y se tomó el Juzgado de Collipulli, en marzo de
2000.
La Conadi hizo explotar el conflicto
indígena en Collipulli, trasladando en 1998 al área a Ancalaf,
quien vivía a 150 kilómetros de distancia (Nueva Imperial).
La entidad oficial le cedió a 14 familias de su comunidad, la Choin
Lafquenche, 124 hectáreas.
Tras permanecer tres meses en la cárcel,
Ancalaf fue condenado en segunda instancia a 3 años y 1 día
de prisión por el delito de secuestro simple y desacato agravado,
y a la misma pena por hurto de madera. Está en libertad provisional
porque está pendiente un recurso de casación.
Ancalaf negoció - y acordó
en enero último- con el subsecretario de Mideplán, Jaime
Andrade, y la Conadi, abandonar las acciones de violencia a cambio de 1.625
hectáreas para las 5 comunidades de Collipulli. A la suya, la Choin
Lafquenche, le corresponderán, esta vez, 262 hectáreas.
La actual ministra Cecilia Pérez
Díaz (carta 01-A/012)- selló el compromiso oficial y el Gobierno
ya compró y traspasó el fundo Ginebra a 70 familias de la
Juan Ahilla Varela. El resto está en proceso de adquisición. |