Santiago de Chile, Martes 18 de Junio de 2002
Subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, actual negociador.

CONFLICTO INDÍGENA LOS ACUERDOS INÉDITOS CON LOS VIOLENTISTAS:
El premio del Gobierno a los mapuches rupturistas

Iván Fredes

Iván Fredes

Indígenas que han ocupado predios, provocado incendios, destruido maquinaria y atentado contra trabajadores han sido premiados con tierras por el Gobierno .

En contraste, el pasado viernes, tres mapuches fueron condenados a tres años de prisión, con pena remitida, y al pago de más de 300 mil pesos por mucho menos: ocupar un fundo, cortar su cerco y dañar siembras. Ellos también reclaman tierras.

Fue la primera sentencia, dentro del conflicto indígena, dictada en un juicio oral. Y dejó en evidencia la disociación con que las autoridades abordan el conflicto mapuche.

El traspaso del fundo Alaska a sus propios atacantes y usurpadores ha sido muy criticado por quienes sostienen que esa donación legitima el uso de la violencia para lograr tierras por parte de grupos que representan menos del 1 por ciento de la población mapuche. Pero desde el Gobierno se ha defendido esa cesión a los violentistas como un modo de mitigar la creciente escalada de atentados contra predios forestales y agrícolas.

Alaska y Ginebra

En los últimos tres años, Alaska fue objeto de 50 hechos delictuales. Forestal Mininco interpuso 20 querellas y el Gobierno otros dos requerimientos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Los delitos investigados van desde usurpación e incendio hasta secuestro. Del total, 14 causas han sido sobreseídas y a la fecha sólo existen cuatro condenados, todos de la comunidad Ignacio Queipul, que recibió el predio.

Pese al historial y a que la titular de Mideplan, Alejandra Krauss, aseguró desde el comienzo de su gestión que nunca favoreceremos a los grupos mapuches violentos, el Gobierno acordó el 18 de noviembre de 2000, adquirir y traspasar el predio a la mencionada comunidad, siempre y cuando ésta última abandonara el camino de la violencia, optara por el diálogo y respetara la ley.

Tras la firma, sin embargo, los comuneros rompieron el acuerdo 14 veces, con ocupaciones, incendios, daños y secuestro de un bus. Mininco presentó 4 querellas por estos delitos dentro del nuevo proceso penal oral vigente en la IX Región y sólo en un caso, el del secuestro del bus en diciembre último, hay 11 imputados.

El Gobierno, no obstante, siguió adelante con su política de favorecer a los violentos como forma de terminar con la violencia.

Una situación similar ocurrió con el fundo Ginebra, situado en el sector oriente de Collipulli. Considerado campo modelo en producción agrícola, el predio fue ocupado por primera vez en septiembre de 2000. Sin embargo, la noche del 18 de enero de 2001, Hernán y su hijo Gerardo Jecquier, fueron emboscados y atacados con escopetas de caza. Desde entonces, sus atacantes, integrantes de la comunidad Juan Ahilla Varela, permanecieron en el fundo, sembraron sus tierras y destruyeron la casa patronal.

Un acuerdo similar al que se hizo con el fundo Alaska entregó el predio Ginebra a sus ocupantes ilegales.

Compromisos irrevocables

La adquisición y entrega de los fundos Alaska y Ginebra, ambos emblemáticos en el conflicto mapuche, dejaron al descubierto seis acuerdos reservados suscritos por la ex ministra Alejandra Krauss (al menos uno de ellos, ratificado por la actual ministra Cecilia Pérez), el ex director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, y el subsecretario Jaime Andrade.

Tales compromisos fueron firmados con 34 comunidades - las más radicalizadas- , de Lumaco, Ercilla, Purén, Collipulli, Freire y Panguipulli. En ellos, el Gobierno se compromete a, en un plazo no superior a tres años, comprar y traspasar 9.530 hectáreas y, en el caso de 10 comunidades de Panguipulli, entregar mil millones de pesos para resolver parte de sus demandas de 5.000 hectáreas de tierras.

Lo primero que hay que decir es que la mayoría de entrega de tierras no ha tenido detrás, de manera predominante, situaciones de violencia. Los acuerdos generados a raíz de situaciones de conflicto son los menos, no los más, afirma el subsecretario Jaime Andrade. Además, desde el 19 de marzo último, Andrade es el Coordinador Ejecutivo de Políticas y Programas Indígenas del Gobierno.

No puedo transmitir en detalle los acuerdos porque no estuve en ellos. Pero entiendo que buscaron una salida a situaciones complicadas. Y, por lo tanto, la filosofía aplicada fue 'paz social por tierras'.

Andrade añade que los acuerdos se cumplirán porque son anteriores a la doctrina del Presidente Lagos, formulada el 19 de marzo último, en la cual advirtió que los que usen la violencia como medida de presión perderán todo lo ganado.

No al chantaje

Para el senador Alberto Espina (RN), tanto la compra de los fundos Alaska y Ginebra, como estos compromisos aludidos son nefastos para el país y para la IX Región. Cuando el Gobierno suscribe acuerdos con violentistas, incentiva la violencia. No se puede aceptar el chantaje, la extorsión ni la amenaza de muerte de esos grupos para que los agricultores y las empresas abandonen los campos o vendan sus tierras.

El parlamentario anticipa que la Comisión de Constitución del Senado invitará a las víctimas de la violencia para que den a conocer su experiencia y visión del problema.

Lo que tenemos claro es que en la IX Región no se respeta el Estado de Derecho, sostiene Espina, al cuestionar los actos de violencia y los acuerdos con sus promotores.

Otro aspecto que le preocupa es el criterio que emplea la Conadi para asignar la tierra y a quiénes la entrega. Iniciaremos un debate en la Comisión Política de RN para ver ese aspecto. Lo que queremos es pedir una comisión investigadora en la Cámara para aclarar esta materia.

El Comandante dos veces ganador

Fama de duro entre los más duros logró el ex vocero de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf Llaupe. En el período más violento del conflicto en Malleco, vistió como guerrillero, con ropas mimetizadas, proclamó la independencia del territorio mapuche y vivió clandestino.

Encabezó cuanta ocupación hubo en la zona y se tomó el Juzgado de Collipulli, en marzo de 2000.

La Conadi hizo explotar el conflicto indígena en Collipulli, trasladando en 1998 al área a Ancalaf, quien vivía a 150 kilómetros de distancia (Nueva Imperial). La entidad oficial le cedió a 14 familias de su comunidad, la Choin Lafquenche, 124 hectáreas.

Tras permanecer tres meses en la cárcel, Ancalaf fue condenado en segunda instancia a 3 años y 1 día de prisión por el delito de secuestro simple y desacato agravado, y a la misma pena por hurto de madera. Está en libertad provisional porque está pendiente un recurso de casación.

Ancalaf negoció - y acordó en enero último- con el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, y la Conadi, abandonar las acciones de violencia a cambio de 1.625 hectáreas para las 5 comunidades de Collipulli. A la suya, la Choin Lafquenche, le corresponderán, esta vez, 262 hectáreas.

La actual ministra Cecilia Pérez Díaz (carta 01-A/012)- selló el compromiso oficial y el Gobierno ya compró y traspasó el fundo Ginebra a 70 familias de la Juan Ahilla Varela. El resto está en proceso de adquisición.


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