La superioridad de Carabineros desestimó las críticas sobre sus procedimientos formuladas por Amnistía Internacional (AI) y reitera el mandato constitucional que tiene para conservar el orden público cuando ha sido vulnerado, para garantizar los derechos de las personas y el normal desarrollo de las actividades.

En una nota difundida ayer, la policía señala que actúa "conforme a criterios técnicos, amparados en normas legales y reglamentarias que consideran instancias de diálogo, gradualidad y proporcionalidad en el empleo de los medios".

Expresa que evalúa las actuaciones de su personal conforme a pautas de conducta y sanciona su incumplimiento.

En los últimos 12 meses - dice- 870 carabineros fueron heridos, como consecuencia de ataques sufridos en desórdenes callejeros, desalojos y agresiones cometidas por infractores de la ley.

El informe de AI acusa a Carabineros de uso excesivo de la fuerza en actos públicos efectuados en 2001 y destaca los esfuerzos por aclarar violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Agrega que Carabineros hizo uso de "fuerza excesiva" en manifestaciones pacíficas. "Decenas de personas fueron maltratadas al ser detenidas y mientras permanecían recluidas en comisarías", indica.

AI acusa a la policía de abusar la fuerza "en actos de protesta convocados por grupos indígenas en las disputas de tierras".

También subraya que Chile abolió la pena de muerte y destaca que las justicias chilena y argentina continúan investigando violaciones de derechos humanos.

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, defendió a Carabineros frente a las acusaciones del organismo defensor de los derechos humanos. No le pareció conveniente que AI recogiera las denuncias sin haberlas cotejado con el Gobierno ni con la policía.