TEMUCO.- Los delitos cometidos en el marco del llamado conflicto mapuche, cruzados por factores extra jurídicos, como las reivindicaciones de autonomía política y territorial, que subyacen en sus móviles y ejecución, son los problemas más complejos que ha debido enfrentar hasta ahora el Ministerio Público en el marco de la reforma penal.
En su cuenta pública, a un año de la aplicación del sistema en la región de la Araucanía, la fiscal regional Esmirna Vidal, junto con admitir la complejidad del tema, indicó que las investigaciones para lograr rápidos resultados se ven dificultados por el contexto en que ocurren.
La fiscal Esmirna Vidal recordó que las ocupaciones de fundos, atentados incendiarios, los bloqueos y cortes de caminos públicos, son cometidos por encapuchados, que actúan en grupos o pandillas, la mayoría de las veces de noche o en la madrugada y en lugares aislados, de difícil acceso y escasamente poblados.
También la mayoría de esos ataques corresponden a acciones que fueron muy planificadas, rápidas en su ejecución y que pocas veces dejan rastros, ya que sus responsables se aseguran de actuar en ausencia de testigos.
Pese a esos obstáculos, reiteró su compromiso con las víctimas y los habitantes de la región, en el sentido de que continuarán desplegando los mejores esfuerzos en la persecución de los hechos criminales denunciados, para aclararlos, identificarlos y juzgar a los responsables.
Precisó que en búsqueda de esos objetivos no cederán ante presiones ni amedrantamientos.
Cabe destacar que los delitos cometidos en el marco del llamado conflicto mapuche han significado constituir equipos de fiscales especializados y apoyados por facilitadores interculturales o especialistas en cosmovisión mapuche, con la finalidad de comprender de mejor manera las acciones y relaciones de los involucrados en esos hechos.
No hay condenados
La fiscal Esmirna Vidal dijo que en ese marco actualmente existen al menos 50 casos en investigación por diversos delitos, tales como actos terroristas, asociación ilícita, lesiones, ocupaciones ilegales, incendios y daños.
De ese total, en la actualidad hay 71 indígenas imputados o investigados por su presunta participación en los delitos denunciados. De ese total, diez permanecen en prisión preventiva.
Aunque todavía no existen procesos terminados, anticipó que habrá novedades al respecto, acotó.
Uno de los delitos más graves, cometido en el marco de la reforma penal y relacionado con el conflicto mapuche, es el homicidio frustrado que indígenas de la comunidad Ahilla Varela, de Collipulli, protagonizaron en enero del año pasado en contra de los propietarios del fundo Ginebra, Hernán y Gerardo Jequier.
Los agricultores fueron atacados por
un grupo indígena armado y actualmente tres de los integrantes de
esa comunidad figuran como imputados por tal delito. Entre ellos el lonco,
Francisco Ahilla.