Detractores Aumentarán Presión contra
Ralco
Recurso de protección y una posible demanda
en España se cuentan entre las opciones que barajan para frenar
el proyecto.
Como era previsible, tras el anuncio de Endesa sobre la reanudación de los trabajos en la central Ralco comenzaron a surgir nuevas complicaciones al polémico proyecto, fundamentalmente por las diversas acciones que estudian quienes se oponen a su construcción.
La ofensiva anunciada principalmente por el Grupo de Acción por el Biobío (GABB) y el conjunto de abogados que los asesoran consistiría fundamentalmente en acciones judiciales destinadas a impedir la consolidación del proyecto, las que se materializarían la próxima semana.
Esto, como consecuencia de la reanudación de faenas que la generadora anunció a contar del próximo 1 de abril, tras ser publicados los decretos referidos a la concesión eléctrica definitiva de la central.
En este marco, ayer diversos opositores al proyecto acudieron a conversar con el jefe de la división de Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas y Transportes de la Contraloría, Patricio Pérez, con el fin de solicitar los argumentos de la aprobación de dos decretos que hizo esa entidad.
La comitiva la conformaban el presidente del Grupo de Acción por el Biobío (GABB), Juan Pablo Orrego; el diputado Alejandro Navarro (PS); el economista Hernán Echaurren, y los abogados Roberto Celedón, Alex Quevedo y Matías Coll.
Lo más probable es que la próxima semana este grupo materialice la presentación de un recurso de protección contra la aprobación de los decretos, acción que iría dirigida contra la figura del Presidente de la República.
Si bien es cierto fue Eduardo Frei quien firmó dichos decretos, los abogados explicaron que en la práctica la acción afectaría a Ricardo Lagos (por sucederlo en el cargo), lo que lamentaron.
La acción judicial se fundamentaría, principalmente, en una supuesta vulneración de la Ley Indígena, que garantiza el resguardo para terrenos en manos de personas de las etnias. El punto es que en la práctica ello podría implicar un conflicto sobre la preeminencia de la Ley Eléctrica o la Ley Indígena.
Orrego añadió que también en los próximos días se haría efectiva la presentación de una demanda por genocidio contra ejecutivos de Endesa España en ese país.
En septiembre del año pasado, el mismo grupo viajó a España con el fin de analizar la factibilidad de entablar una acción judicial contra los directivos de la empresa ibérica.
Según los abogados chilenos, el Código Penal de ese país establece que serán castigados por el delito de genocidio los que con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren diversos actos en tal sentido.
Así, indicaron que allá se contempla el castigo con prisión de ocho a quince años si sometieran al grupo o cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud.
Además, estipula la misma pena si se llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.
Todo este panorama, según Alejandro Navarro, puede derivar en un recrudecimiento del conflicto en torno al tema indígena, lo que incluso podría hacer fracasar la comisión de trabajo sobre las etnias anunciada por Lagos esta semana.
Durante la tarde de ayer este mismo grupo se reunió
privadamente con la directora de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (Conama), Adriana Hoffmann, para conversar sobre diversas aristas
de esta materia.