Martes 23 de Febrero de 1999

Violencia indeseable

Ningún sector puede actuar al margen de la legislación vigente para reivindicar supuestos derechos de orden territorial o de otra naturaleza.

Un número elevado de incendios en predios forestales, el uso de armas en contra de una aeronave que cumplía tareas contra el fuego, policías heridos de diversa consideración -en total catorce-, fue el saldo de un nuevo enfrentamiento con comunidades mapuches de la comuna de Traiguén que mantienen conflictos de tierras con una empresa forestal. La acusan de haber usurpado sus tierras, cuyos dominios pretenden fundar en títulos ancestrales. Tras el incidente fueron detenidos trece indígenas y un ciudadano francés, y se detectaron materiales para la confección de escopetas de factura artesanal. Se trata del mismo sector en el cual hace un tiempo fueron emboscados algunos trabajadores forestales que resultaron heridos.

Del examen de este conflicto, como también de otros que han tenido lugar en forma sostenida en el último tiempo, tales como las tomas protagonizadas en el camino de la represa Ralco, o los hechos que rodean el conflicto de Cuyinco, aparece claramente que el fenómeno indigenista como expresión de minorías que ejercen influencia en el cuerpo social ha aumentado no sólo en intensidad, sino también en la forma violenta de expresarse. Y al mismo tiempo, no se ve medidas suficientemente concretas para resguardar el orden público, especialmente en aquellas situaciones en las cuales se trata de cumplir órdenes judiciales abiertamente desobedecidas, como en el caso de una por incautación de maderas cortadas, dictada por el juzgado del crimen de Traiguén y que dio lugar a la última refriega.

Todo régimen democrático constitucional reconoce la protección de las minorías políticas y étnicas como uno de sus postulados fundamentales, en cuanto la mayoría no puede afectar los derechos de quienes no logran tener la fuerza suficiente para influir eficientemente en la construcción de la política, pero ello no puede confundirse, en ningún caso, con la tolerancia de una conducta de las minorías que sobrepase, desconozca o atropelle la legalidad, porque lo anterior equivale a debilitar el estado de derecho, sin cuya vigencia el sistema pierde toda eficacia o fundamento.

Sucesos como los comentados, en los cuales se pone en entredicho la legalidad o el derecho de propiedad, son de triste recuerdo durante el gobierno de la Unidad Popular, en el cual la zona agrícola de Malleco fue centro de numerosas tomas de fundo a manos de indígenas mezclados con elementos de la extrema izquierda. El incumplimiento de órdenes judiciales motivó incluso el pronunciamiento de la Corte Suprema al Ejecutivo, representando una situación caótica y violenta. No cabe duda que la realidad actual es diferente, pero subyacen elementos comunes, especialmente en relación a la pasividad frente a los hechos, que permiten reflexionar si no será hora de que la autoridad política tome cartas en el asunto de manera más enérgica, haciendo uso del sistema legal para proteger el estado de derecho.