sábado 17 de mayo de 2003

Abogado dijo en Santiago que quienen compensaciones

Por Isabel Plaza

La demanda fue interpuesta en 1997 en el Sexto Juzgado Civil de Santiago por la hermanas Berta y Nicolasa Quintremán (aunque esta última después llegó a un acuerdo con Endesa), además de la familia de Mercedes Huenteao. El fallo del magistrado Hadolff Ascencio determinó que el acuerdo entre Endesa y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, firmado en septiembre de 1995 y destinado a la evaluación de impacto ambiental del proyecto, es nulo y, por lo tanto, todo el proceso posterior también.

Esto se debe a que en esa época no existía una legislación que diera a la Conama las atribuciones para pronunciarse sobre un proyecto de este tipo, ya que la Ley de Bases del Medio Ambiente recién fue obligatoria a partir de abril de 1997.

Uno de los abogados patrocinantes, Matías Coll, dijo al portal de noticias Terra que por el momento no se solicitará la detención de las obras en Alto Bío Bío (que tienen un avance de 82 por ciento), ya que actualmente las familias están en una mesa de diálogo con la empresa, la que es impulsada por el Mideplan.

-Todo depende de lo que se logre la próxima semana, porque mal que mal el lugar ya está destruido porque las obras van muy avanzadas. Lo que nos interesa es obtener compensaciones económicas y sociales- señaló a ese medio, añadiendo que de no obtener resultados se solicitará de inmediato que se paralicen las obras. Por su parte, Endesa ya confirmó que apelará al fallo y la Conama, hasta ayer en la tarde, todavía no se pronunciaba frente a los pasos judiciales que iba seguir.

El director regional de la entidad, Bolívar Ruiz, aseguró que "hay que evitar la dramatización", recordando que el fallo es de primera instancia, y por lo tanto todavía hay dos niveles de apelación.

Además, aclaró que desde el comienzo el procedimiento fue seguido y resuelto por la dirección nacional de Conama, por lo que la resolución judicial afecta directamente al nivel central y no al regional. Ruiz precisó que en la época en que el proyecto fue discutido hubo opiniones negativas sobre él, pero que con el tiempo se solucionaron y, hasta ahora, se mantienen las fiscalizaciones periódicas.

El funcionario explicó que es efectivo que la legislación sobre evaluación de impactos ambientales no estaba vigente, pero "por otra parte está la obligación de servicio, que está considerada en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en que un servicio público no puede dejar de atender una petición del ciudadano".

A su juicio, "presentado el estudio, la Conama estaba obligada a pronunciarse", recordando que en esa época también lo hizo en el polémico caso de las borras asfálticas de Schwager, en Coronel, donde la Corte Suprema dictaminó que, si bien no había una legislación que amparara la decisión de almacenarlas, ésta había sido acorde con los informes sectoriales sobre el tema.