El gobierno chileno fue interrogado por la ONU por la situación
mapuche
escrito por Ninozka Leyva y Azkintuwe
sábado, 15 de agosto de 2009
En el marco de las recientes sesiones del Comité contra la Discriminación
Racial de Naciones Unidas en Ginebra, donde se revisa la situación
de Chile en la materia, diversas organizaciones sociales aseguran que existen
una serie de deficiencias e incumplimientos en materia de derechos humanos
en Chile que han sido comentadas al Comité. Estas
fueron
plasmadas en un Informe Alternativo de la Sociedad Civil que pusó en
aprietos a la delegación chilena encabezada por la ministra del
Mideplan, Paula Quintana.
Cabe destacar que en su Informe, la ministra Quintana
anunció que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas
está en condiciones “bastantes favorables” para que, antes
de finalizar el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, en marzo del
año próximo, se logre promulgar el proyecto de ley, con la
aprobación del Tribunal Constitucional. Aclaró que este proyecto
de ley de reconocimiento reparará una “deuda histórica
de 500 años”, recalcó.
Agregó la personera que dicha ley “es objeto de consulta con
los pueblos indígenas, porque su acuerdo para el texto que sea promulgado
es de vital importancia para nuestro gobierno”. El proyecto de ley
define “el carácter multicultural de la sociedad chilena (...)
los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, sus
comunidades, organización e integrantes a conservar, fortalecer y
desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones,
y a participar en la vida económica, social, política y cultural
del país”, señaló la ministra.
Sin embargo, distinta es la visión que tienen los responsables de
elaborar uno de los Informes alternativos al gubernamental. Y es precisamente
en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas donde
queda al descubierto el doble estandar del gobierno, que “pareciera
escuchar a los empresarios pero no a los mapuches”. Para el director
del Observatorio Ciudadano, abogado José Aylwin, existe discriminación
en todas las áreas relacionadas con los pueblos originarios, especialmente
en materia de tierras, ya que las seiscientas mil hectáreas que el
gobierno asegura haber entregado, no han sido concedidas.
Aylwin detalló que “de esas hectáreas, sólo cien
mil constituyen una ampliación de tierras que operan a través
del fondo de tierras de Conadi, mientras que quinientas mil corresponden
básicamente a un saneamiento de tierras antiguas”. El director
del Observatorio Ciudadano agregó que producto de la no implementación
de políticas acordes en el tema y el privilegio a grupos económicos,
el gobierno es el único culpable de las muertes de jóvenes
mapuches acontecidas en el País Mapuche. La última de ellas
tan solo el pasado miércoles, tras un violento desalojo policial de
un predio reclamado por la Comunidad Requem Pillan en Angol.
“El homicidio de Jaime Mendoza Collío a manos de Carabineros
era un hecho absolutamente previsible. Ello explica, sin duda, la protesta
social. Constatamos la existencia de esta ambigüedad. Por un lado, una
política tendiente a ampliar la cabida de las tierras y, por otro
lado, el respaldo absoluto a proyectos de inversión extractivos y
productivos en territorios indígenas sin su consentimiento”,
aseveró. La idea es plenamente compartida por el miembro de la mesa
de trabajo y derechos colectivos mapuches, Sergio Millamán, quien
recordó que cuando las autoridades mapuches intentaron dialogar con
el gobierno, simplemente no fueron escuchados.
“Las comunidades vinieron hace un mes pidiendo diálogo a las
autoridades de gobierno. Empiezan las movilizaciones y viaja el subsecretario
del Interior a reunirse con los empresarios y dueños de fundo afectados.
El diálogo se genera hacia un lado”, argumentó Millamán.
Durante las últimas jornadas, representantes de organizaciones mapuches,
expertos y directores de diversas organizaciones civiles, participaron de
las sesiones del Comité contra la Discriminación Racial de
Naciones Unidas en Ginebra, para dar cuenta de los informes alternativos.
Ante esto, la periodista del Observatorio de Pueblos Originarios Paulina
Acevedo, reconoció que ya informaron a Ginebra sobre las circunstancias
en que ocurrió la muerte del joven Jaime Mendoza Collío. “Domingo
Lovera, investigador del Centro de Derechos Humanos (de la Universidad Diego
Portales), le hizo ver a uno de los comisionados esta situación. Inmediatamente
fue consultada la delegación chilena. También se dio cuenta
de esta información nueva, de que el disparo (que le quitó la
vida a Mendoza) fue realizado por la espalda, que el funcionario (de Carabineros)
estaba detenido y había una investigación en curso”,
detalló Acevedo.
Ley Antiterrorista
Otros temas que también fueron abordados por el comité en Ginebra
es la negación de derechos de propiedad indígenas por parte
del gobierno chileno, además de una serie de denuncias en los tribunales
de justicia acerca de abusos y violencia excesiva de fuerzas policiales a
comuneros mapuches, las cuales no han sido tomadas en cuenta. Se trató además
el constante uso de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior
del Estado, que según la constitución son de uso excepcional
y que, de octubre a la fecha, lleva quince nuevos casos de aplicación
a miembros de comunidades mapuches y diez condenados.
En este último punto, el relator del CERD para el examen del Informe
de Chile, el ruso Alexei S. Avtonomov, le consultó a la delegación
chilena si el gobierno aclaró los criterios para la aplicación
de esa normativa, como previamente le había sido solicitado por el
Comité de Derechos Humanos, con el objetivo de asegurar que sólo
los sospechosos de cometer actos terroristas sean procesados bajo ella. Al
respecto, la delegación chilena sostuvo que la Ley Antiterrorista “no
se aplica a un grupo social en particular”. Asimismo y tras ser cuestionados
por las amplias atribuciones de la Justicia Militar en el juzgamiento de
civiles, la delegación oficial explicó que existe un anteproyecto
de ley según el cual la justicia militar sólo se aplicará a
los crímenes cometidos por uniformados.
El informe chileno, que cubre el período 2000-2007, fue presentado
en Ginebra por una delegación de alrededor de 20 personas, entre funcionarios
de la Conadi, Mideplan, Carabineros, y ministerios Secretaría General
de la Presidencia y Secretaría General del Gobierno. Durante la presentación,
Quintana puntualizó que el informe es el producto de un “amplio
proceso de consulta con diferentes sectores e instituciones”. El CERD
presentará sus conclusiones y recomendaciones por escrito una vez
que concluya el 75° período de sesiones, esto es el próximo
28 de agosto.