Martes 6 de marzo de 2007
Por Roberto Neira T.
El defensor regional de La Araucanía, José Martínez, afirma que la labor de la Defensoría no es proteger a delincuentes, más bien velar porque las garantías de todas las personas sean respetadas en los tribunales. |
Defensor regional de La Araucanía
"En Colombia se ríen cuando uno les cuenta los delitos que se cometen en Chile, allá los índices de violencia son mucho más altos y podemos decir que aún vivimos en un país tranquilo", relata el defensor regional de La Araucanía, José Martínez Ríos, mientras se acomoda en su escritorio y narra su visita al país cafetero, donde fue invitado para ver in situ el desarrollo del sistema de justicia que allí impera.
A 7 años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en la IX Región, el abogado hace una positiva evaluación de la gestión que ha desarrollado la institución que representa. "Todos los objetivos han sido cumplidos con el sistema, tener una justicia más transparente, más rápida, pública, donde existe el control ciudadano, porque la prensa pude informar lo que ocurre en los procesos, y por lo tanto, la gente está más informada".
El profesional estima en este tiempo se ha logrado bastante, ya que muchos países latinoamericanos están instaurando sus sistemas de justicia considerando las normas del Código Procesal Penal chileno, pero está consciente que hay cosas que se deben mejorar. Agrega que hoy se ejerce una persecución penal más efectiva, pero que aquella es con pleno respeto a las garantías de los imputados.
CRITICO
-Usted ha sido bien crítico del colapso que han sufrido algunas cárceles en Chile ¿Sigue sosteniendo esa opinión ahora que le ha tocado visitar otros países en Latinoamérica?
-Sin duda, nuestro índice de personas privadas de libertad es el segundo más alto de Latinoamérica y de verdad eso no es algo que nos pueda llenar de orgullo. Hay que preguntarse qué sociedad queremos construir, si una sociedad más represiva o una donde hay más posibilidades de integrar a personas que han cometido un delito. Yo creo que hemos puesto el acento en el castigo que en la reinserción, lo que para un país sale bastante caro, cada preso en Chile sale 300 a 350 mil pesos mensuales y uno se pregunta si ese dinero pudo haber sido mejor utilizado.
-Ustedes han dado una dura lucha representando a comuneros mapuches acusados de delitos terroristas ¿Hay terrorismo en la IX Región?
-Derechamente no hay terrorismo. En la IX Región lo que han ocurrido son hechos, que en algunos casos pueden ser graves, pero una delincuencia que es grave, no necesariamente es terrorista. Cuando hablamos de terrorismo estamos hablando de muertos, de varios muertos, de armamento que es mucho más sofisticados que los elementos rudimentarios que se han utilizado en la IX Región. Cuando se habla de terrorismo se habla de armamento pesado y organizaciones criminales. En la Región Metropolitana existen bandas que tienen un nivel de organización mucho mayor que los grupos que han actuado en La Araucanía. También quiero señalar que estos delitos deben ser investigados y los verdaderos responsables, condenados.
LA CAM
-A su juicio, ¿la Coordinadora Arauco Malleco es un producto comunicacional o una estructura que existe para ejercer temor en la población?
-Nosotros no tenemos una posición de lo que es la Coordinadora Arauco Malleco. Lo que sí puedo decir que en los casos que se llevaron a juicio no estuvo acreditada la existencia de una organización ilícita creada para la comisión de esos delitos.
-¿No existe?
- Yo creo que hasta ahora no ha sido demostrado.
DROGAS
-A raíz del caso Cristi se ha cuestionado la Ley 20.000, respecto a que no establece con precisión cuando la cantidad de droga es consumo, microtráfico y tráfico de drogas ¿Estiman ustedes que es una ley poco clara o ambigua?
-Nosotros creemos que la ley 20.000 representó un avance respecto a la legislación anterior, pero que en algunos aspectos operativos, respecto a las facultades que tienen las policías, pueden ser cuestionables o preocupantes, y que solamente quedan en evidencia cuando las personas son detenidas. La persecución penal se puede ejercer en contra de cualquier funcionario, injusta o injustamente, lo que sí creemos que el límite debe seguir quedando a criterio de los jueces. El determinar que tal cantidad es un delito y tal cantidad otro, no nos parece, porque aquello dependerá de otras circunstancias.