La investigadora del Programa Político
del Instituto Libertad y Desarrollo, Ena Von Baer, sostuvo
que el Gobierno terminó con el conflicto por la construcción
de la central hidroeléctrica Ralco, pero no solucionó el tema
de fondo, ya que "marcará la pauta para todos los megaproyectos
futuros que afecten a tierras indígenas".
Así lo señaló al referirse al hecho que
sólo gracias a la intermediación directa del Gobierno se logró
dar término a diez años de interminables conflictos relacionados
con la construcción de la central hidroeléctrica.
"Los grupos indígenas cuentan con una
potente arma de negociación gracias a la discriminación positiva
que emana de la ley Indígena y al fuerte apoyo que reciben
del exterior. En este sentido las señales de Ralco para el
futuro son claras: vale la pena esperar para recibir mayores
beneficios", señaló.
La alta capacidad de negociación de los
grupos indígenas no es privativa de las etnias chilenas, también
se da en países como Australia y Canadá. Según la experta,
el problema es que si no se establecen mecanismos claros y
se deja actuar la institucionalidad establecida para resolver
los conflictos, los efectos económicos y sociales para el
país y especialmente para las regiones que cuentan con alta
concentración indígena van a ser altos.
Esto porque este tipo de proyectos están
asociados a nuevos empleos y desarrollo para las personas
que viven en esas zonas, y "la próxima empresa que quiera
realizar un proyecto que afecte tierras indígenas evaluará
si realmente quiere enfrentarse a los problemas que se han
suscitado en Ralco", expresó.
La investigadora recordó que las últimas
familias que se oponían a su construcción accedieron a la
entrega de sus tierras a cambio de 200 millones de pesos,
77 hectáreas de parte de Endesa, además de 1.200 adicionales
que comprará el Gobierno. Ello después de que las familias
pehuenches, que ya en 1998 estuvieron de acuerdo con permutar
sus tierras, fueron calificadas de "traidores".
