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Frente a los anuncios que se han dado a conocer en diversos medios de comunicación que dicen relación sobre la articulación del grupo antimapuche "Hernán Trizano" en la provincia de Malleco, Ancalaf dijo que posee antecedentes que acreditan la existencia de este comando en las comunas de Victoria y Collipulli, cuyos integrantes, en su mayoría agricultores, operarían bajo la clandestinidad.
"Vamos a luchar hasta el final por la reivindicación del pueblo mapuche. No nos dejaremos intimidar por grupos armados que buscan solucionar el conflicto por medio de la violencia...Es por esto que hacemos un llamado para que las autoridades y el Gobierno desarticulen a estos movimientos paramilitares y que se investigue seriamente el posible surgimiento de nuevas agrupaciones en La Araucanía", señaló el dirigente indígena.
DECLARACION
PUBLICA
Las comunidades en conflicto de Collipulli enviaron una declaración pública a los medios de comunicación de la región, en la que se señala textual que "las comunidades en conflicto desde el año 1999 vienen denunciando el accionar impune de diversos grupos armados de seguridad al interior del territorio mapuche. Ya en el mes de abril de ese año denunciamos públicamente el surgimiento de un grupo paramilitar al servicio de los latifundistas locales denominado Frente Común por la Defensa de Las Tierras (FCDT), el cual estaba integrado por antisociales de la comuna que actuaban bajo las órdenes y la protección de los empresarios agrícolas Italo Subiabre y Freddy Molina".
El dirigente añadió que este grupo desarrollaría a partir de ese año una serie de acciones para amedrentar a sus comunidades, hostigar a sus dirigentes y generar un clima de terror en su zona a fin de justificar las "acciones represivas realizadas posteriormente por los organismos policiales del Estado".
Precisó que "entre algunas de sus operaciones figuraron la persecución y detención de nuestros militantes en sectores rurales y apartados de la región, la realización de públicas amenazas de muerte en contra de nuestros dirigentes y la realización de una serie de autoatentados que buscaban comprometer judicialmente a nuestro movimiento".
Ese año y en forma paralela -dijo Ancalaf- la empresa multinacional Forestal Mininco S.A., comenzó a contratar grupos de guardias armados para proteger sus inversiones en la zona, principalmente en el sector del fundo Rucañanco, que estaba siendo reivindicado por dos comunidades que integran su movimiento.
"Para estos fines, Forestal Mininco recurrió a los servicios de la empresa de seguridad Osepar de Temuco, fundada a fines de los ochenta por Alfredo Rodríguez, un ex oficial del Ejército chileno, miembro de la Central Nacional de Inteligencia (CNI)", precisó.
VIOLENCIA
Ancalaf fue enfático en aseverar que la llegada de los guardias armados de Osepar trajo consigo un recrudecimiento de las acciones de violencia en la zona, principalmente de parte de forestal Mininco, "que a través de numerosos autoatentados pretendió inculpar ante los tribunales de justicia a varios de nuestros dirigentes".
Recordó que un caso emblemático fue el atentado incendiario que en agosto de 1999 destruyó la casa patronal del fundo Rucañanco y por el cual varios dirigentes indígenas fueron encarcelados y luego sometidos a proceso en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
"Más tarde, la confesión ante los tribunales de Pedro Cifuentes, uno de los trabajadores de la empresa forestal, daría cuenta de la verdad oculta tras el atentado...Se trataba de un autoatentado, financiado y planificado por Alex de Ruiz, encargado de seguridad de Mininco, y ejecutado en conjunto con los guardias de Osepar y miembros del Frente Común por la Defensa de las Tierras para inculpar a numerosos miembros de nuestras comunidades", dijo.
En la declaración pública se hace mención al ataque que sufrió la familia Ancalaf por parte de un grupo armado en julio del '99, hecho que motivo que se presentara un recurso de amparo preventivo y otro de protección en favor del dirigente en la Corte de Apelaciones de Temuco.
El texto también hace referencia a una investigación periodística que denunció la participación de guardias armados de Osepar en diversos atentados ocurridos en la zona del conflicto mapuche. "La investigación contó con la confesión de tres ex uniformados de Osepar, quienes reconocieron públicamente su participación en diversos delitos contra el orden público que más tarde serían atribuidos por las autoridades y los tribunales de justicia a integrantes del movimiento mapuche.
Por último, Víctor Ancalaf dijo que las comunidades en conflicto de Collipulli no se dejaran intimidar por estos grupos armados y recalcó que
si el Gobierno no investiga a fondo las amenazas y los anuncios que se han dado a conocer en las últimas semanas, el conflicto podría acarrear insospechadas consecuencias para el desarrollo futuro entre ambos pueblos.