EN ESTADO CRITICO SE ENCUENTRAN EN PRISION.
PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Grave deterioro físico experimentan
en la cárcel de Angol –Novena Región- los prisioneros
políticos Patricia Troncoso Robles, "Chepa" (36 años), y
los hermanos Juan Patricio Marileo Saravia (31 años) y Florencio
Marileo Saravia (27 años), al cumplir 44 días de una huelga
de hambre completamente ignorada por las autoridades de gobierno,
y silenciada por los medios de comunicación. El padre de Patricia
Troncoso, don Roberto Troncoso, demandó urgente solidaridad
pues su hija (36 años de edad, auxiliar de párvulos, ex alumna
de Teología) muestra los efectos del ayuno con pérdida de
peso, marcada debilidad y orina con rastros de sangre. Asimismo, un informe
del doctor Patricio Guzmán Muñoz, del recinto penal de Angol
señala que Juan Patricio Marileo Saravia ha perdido ya 14 kilos
de peso, y padece mareos, adinamia y astenia. Con alarma, su esposa denunció
que el sicólogo del recinto penal lo examinó para luego decirle
al reo "Usted no merece la libertad". El lonko Cariqueo explicó
que allí se vive directamente el racismo y repudio al pueblo mapuche.
Gendarmería considera como muestra de mala conducta que los presos
se nieguen a reconocerse como terroristas. Por tanto no certifica su buena
conducta. Aunque hay presos que ya cumplieron la mitad de la pena, (Pascual
Pichún, Aniceto Norín y Víctor Ancalaf, que no se
plegaron a la huelga de hambre), no se les ha concedido la salida dominical
ni menos la libertad condicional.
Movilizaciones de apoyo
En Chile, la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile, FECH, que celebra el jueves 27 de abril sus
cien años con una tocata en Portugal con Alameda a las 13 horas,
dará un espacio a la solidaridad con la huelga de hambre. Y el viernes
28 se realizarán manifestaciones al mediodía frente a La
Moneda, para exigir a la Presidenta Bachelet la libertad de los presos
políticos mapuche.
La única mujer del grupo,
Patricia Troncoso, es oriunda de Chillán Viejo, una activista de
reconocido liderazgo que ha sido sometida a cinco procesos y declarada
culpable sólo en el juicio en que se la encausó por incendio
terrorista. En todos los casos las acusaciones han sido formuladas tanto
por el gobierno (a través de un abogado del ministerio del interior)
como por la Forestal Mininco. Cada vez que ella ha sido absuelta, el gobierno
ha apelado considerándola miembro de una "asociación ilícita
terrorista", pese a que el tribunal ha señalado que hablar de terrorismo
implica acciones que conlleven desprecio a la vida humana, propia o ajena,
lo que no ocurre en los hechos descritos en estos procesos.
Piden anular las sentencias
Un recurso de revisión de las
sentencias de estos tres presos políticos mapuche, presentó
la abogada Alejandra Arriaza el miércoles 26 de abril en Tribunales,
acompañada por familiares y amigos de los prisioneros. El recurso,
dirigido a la Corte Suprema, solicita anular la sentencia y ordenar la
libertad inmediata de los recurridos. La movilización iniciada el
pasado 16 de marzo en la cárcel de Angol demanda del gobierno el
fin de la condena a diez años y un día, impuesta por tribunales
chilenos como supuestos autores de "incendio terrorista" en el fundo Poluco
Pidenco de la empresa forestal Mininco. A esta sentencia se suma el pago
de la suma de 425 millones de pesos a la forestal.
Los incendios del año 1977
El fundo Poduco-Pidenco en que ocurrieron
los hechos por los que se ha condenado a los mapuche, ocupa tierras que
pertenecieron ancestralmente a comunidades mapuche cuyos territorios fueron
"reducidos" en el siglo XIX, cuando el Estado chileno entregó títulos
de merced sólo por el área correspondiente a viviendas y
chacras, usurpando los grandes espacios ocupados para pastoreo, recolección,
fuentes de agua y bosques. Sin embargo durante la reforma agraria, en el
gobierno del Presidente Salvador Allende esas tierras fueron expropiadas
y recuperadas por la comunidad. Después del golpe de Estado, en
1977, los comuneros de Tricauco del fundo Podenco fueron desalojados
y sus casas fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento
Húsares de Angol . Esas son las tierras que los mapuche de Ercilla
siguen reclamando como propias y que fueron adquiridas por Forestal Mininco
entre los años 1982 y 1986.
El vocero de los huelguistas
Junto a la abogada Arriaza se encontraba
el vocero de los huelguistas, lonko José Cariqueo Saravia, de la
comunidad mapuche José Guiñón de la comuna de Ercilla,
novena región, a la que pertenecen también estos prisioneros
políticos. Cariqueo fue recientemente absuelto de idénticas
acusaciones y el tribunal sostuvo que no se pudo probar el carácter
"terrorista" del incendio ni su participación en él. Parlamentarios
y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, como CODEPU,
la Comisión Etica Contra la Tortura, y el Coordinador de Derechos
Humanos de los Colegios Profesionales, así como Moiura Millan, del
Frente de lucha Mapuche y Campesino, de los mapuche del lado argentino,
apoyaron la presentación del citado recurso y el rechazo de la aplicación
de la ley antiterrorista a quienes luchan por reivindicaciones territoriales
ancestrales de su pueblo.
Fundamentos del recurso
El recurso plantea que en Angol sólo
hubo una apariencia de juicio , ya que no se probaron los cargos formulados
ni se valoraron los medios de prueba, emitiéndose una sentencia
que "podría hacer sido hecha por un infante de 7 años con
un computador". El tribunal de Angol en su considerando décimo noveno,
destinado a probar el carácter terrorista del delito imputado, "se
limitó a hacer uso de las funciones computacionales de 'cortar'
y pegar" para condenarlos, copiando textualmente el Considerando Décimo
de una sentencia anterior dictada por el mismo Tribunal en el juicio oral
seguido contra Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso,
en abril de 2003. El recurso sostiene que esa sentencia es un documento
no conocido en el proceso, hecho contemplado legalmente como causal válida
de revisión si es de tal naturaleza que prueba la inocencia del
condenado.
Apoyo internacional
A nivel internacional se está
desarrollando una intensa campaña de solidaridad con los huelguistas
de hambre, enfatizando que el gobierno chileno se niega a cumplir las recomendaciones
formuladas por Rodolfo Stavenhagen, de la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos de los mapuche, en particular
su derecho a un debido proceso. El experto rechazó la aplicación
de la legislación antiterrorista, creada en tiempos de dictadura,
a los luchadores sociales mapuche. En similares términos se ha expresado
la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización
Mundial contra la Tortura, luego del informe de una misión que estuvo
en Chile como observadora de uno de los procesos contra presos políticos
mapuche. El pasado 3 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en audiencia especial concedida en el marco de su 122º periodo
ordinario de sesiones, recibió a una delegación integrada
por el alcalde de la comuna de Tirúa y representante de la Coordinación
de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, Adolfo Millabur;
el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander, y la abogada
del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez
quienes informaron sobre la situación que viven los presos políticos
mapuche, entre otros aspectos.
El próximo viernes 28, Día
Mundial de la Solidaridad con los presos políticos mapuche, se realizarán
en capitales europeas y latinoamericanas de países con gran intercambio
comercial con Chile, movilizaciones de apoyo a los huelguistas y repudio
a la legislación antiterrorista.
Otras gestiones
La Agrupación de Familiares y
Amigos de los Presos Políticos Mapuche y organizaciones de derechos
humanos, han emprendido diversas gestiones en Chile y el exterior.
De parte del Ministerio del Interior no se ha expresado voluntad alguna
de intervenir en la situación, por lo que los próximos pasos
apuntan directamente a una intervención de la Presidenta Bachelet.
Un indicio preocupante es que el nuevo gobierno no ha cambiado la política
del Presidente Lagos en cuanto a la aplicación de la legislación
antiterrorista a los luchadores mapuche. Recientemente el gobernador de
Ercilla, Rubén Quilapi, por instrucción del gobierno, presentó
un recurso de nulidad de la sentencia absolutoria del lonko José
Cariqueo, vocero de la huelga de hambre.
En cambio, sectores parlamentarios
comienzan a involucrarse en el tema. Luego de visitar a los presos políticos
en Angol, el senador Alejandro Navarro y el diputado Marco Enríquez-Ominami
elaboraron un proyecto de ley de amnistía argumentando la aplicación
errónea de la legislación antiterrorista a los mapuche. La
iniciativa de los parlamentarios del Partido Socialista puede contribuir
a visibilizar el tema en el Parlamento y la opinión pública,
pero tiene nulas posibilidades de ser aprobada, ya que el elevado
quórum requerido no se conseguirá pues los partidos de derecha
nunca han votado a favor del pueblo mapuche.
