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Declaración del Coordinador de DDHH de los colegios profesionales de Chile

Para los defensores de los derechos humanos, en las últimas semanas dos situaciones dejan ver que el Estado de Chile, lejos de constituir un ejemplo en materia de cumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos, continúa en grave falta. Nos referimos a los dolorosos errores en la identificación de restos de detenidos desaparecidos del Patio 29, y a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.

Después de muchos años, el dolor de los familiares de detenidos desaparecidos es asumido por la mayor parte de la sociedad y sus demandas incluso son defendidas por quienes en el pasado negaron los crímenes de la dictadura. La noticia ocupa titulares en medios de prensa que ignoraron el drama de los familiares, hasta que se produjo la detención de Augusto Pinochet en Londres. La preocupación que hoy muestran personeros ligados al régimen dictatorial es tan llamativa como antes lo fue su silencio y falta de colaboración para encontrar a los detenidos desaparecidos, y para enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. La inmediata reacción del gobierno, que ha prometido aclarar las identidades y fortalecer al Servicio Médico Legal entregando los recursos pertinentes, permite enfrentar sólo una parte del problema. Hay una preocupante señal emanada anteriormente desde el poder ejecutivo: en lo relativo a la aplicación de la amnistía, la presidenta Bachelet ha seguido la línea oficial de la Concertación, de no impulsar la derogación de la ley de Amnistía, amparando de hecho la impunidad de quienes son los primeros responsables del dolor de los familiares y dejando la responsabilidad en manos de un poder judicial cuyo desempeño en estas materias es de todos conocido. La inmensa mayoría de sentencias condenatorias a firme, pertenece a los llamados "casos emblemáticos" y el principal responsable de los crímenes, Augusto Pinochet, hasta ahora está en libertad. Hay cierta asimetría en los escasos logros en materia de verdad y justicia. Los condenados por crímenes que cumplen sentencia en prisión son menos, numéricamente, que los detenidos desaparecidos identificados, algunos de los cuales eran también personalidades políticas.

Mapuches invisibles

La otra situación que nos alarma es la huelga de hambre de cuatro prisioneros políticos mapuche, iniciada el pasado 13 de marzo. Ellos arriesgan lo único que poseen, sus vidas, para exigir su libertad y el fin de la aplicación a su pueblo de la legislación antiterrorista creada por la dictadura. A Patricia Troncoso Robles, a los hermanos Florencio y José Marileo Saravia y a Juan Carlos Huenulao Lielmil se les acusa como autores de "incendio terrorista" del fundo Poluco-Pidenco, de propiedad de la empresa forestal Mininco. Ese es un lugar que forma parte de un territorio ancestral recuperado por sus padres en 1972, mediante el proceso de Reforma Agraria que tuvo lugar durante el gobierno del Presidente Salvador Allende. Pero en 1977, sus familias fueron desalojadas de allí , y sus casas fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol que actuaron impunemente. Pero todos estos hechos pertenecen a la esfera de lo invisible: la huelga de hambre no figura en los medios, los mapuche no tienen tribuna ni siquiera en el acto del 1º de mayo, y el conflicto no es asumido sino por las propias organizaciones mapuche, además del movimiento estudiantil, y sectores ambientales.

En cambio, personalidades internacionales de la talla de Noam Chomsky y José Saramago sí han solidarizado con los presos políticos mapuche.

También lo ha hecho el Comité Internacional contra la Desapareción y la Tortura ICAD, Francia. Luego de visitar Chile, observadores internacionales de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (con sede en Ginebra) y anteriormente, el enviado especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, han formulado recomendaciones desatendidas hasta ahora por el gobierno chileno.

Negligencia concertada

En lo referido a los crímenes de la dictadura, los resultados logrados hasta ahora parecen coherentes con el principio adoptado por el ex presidente Aylwin de hacer justicia "en la medida de lo posible". Esta falta de compromiso con la justicia es a nuestro juicio, la explicación de fondo para los hechos ocurridos. Los posibles errores en que hayan incurrido los peritos del Instituto Médico Legal se enmarcan en una política oficial de no priorización por verdad, justicia y reparación, lo que fue denunciado permanentemente por los organismos de derechos humanos. No sólo el poder ejecutivo sino también el poder judicial son parte de esta negligencia, comprobable hoy al establecerse que las controversias respecto de las identificaciones no son nuevas, y están rodeadas de hechos inquietantes en lo administrativo y financiero. El informe de Glasgow fue remitido por el médico escocés Peter Vanezis a la propia Ministra de Justicia de la época, señora Soledad Alvear, en el año 1995. Eso dice la investigación entregada a la Corte Suprema el año 2002 por la fiscal Mónica Maldonado, en respuesta a las denuncias respecto de posibles irregularidades en los procedimientos de identificación. Sólo el juez Sergio Muñoz, quien esclareció los crímenes de Tucapel Jiménez y más recientemente, el de los hermanos Vergara Toledo, tuvo la decisión de ir al fondo de los hechos y requerir de la dirección del Servicio Médico Legal el cumplimiento irrestricto y oportuno de su misión en estas materias, tarea que ahora es competencia del ministro Carlos Gajardo, por el ascenso del juez Muñoz a la Corte Suprema.
Estimamos que un abordaje integral del problema debe comprender la voluntad política concertada del Ejecutivo y del poder judicial para avanzar globalmente en verdad, justicia y reparación integral, acompañando a los familiares en su exigencia de derogación de la ley de amnistía y rectificando los errores denunciados, a través de estudios respaldados por instituciones internacionales acreditadas en la materia, e informando con transparencia de las limitaciones reales existentes en trabajos de este tipo y de las complejidades inherentes a ello.

Una sensibilización necesaria

En cuanto a la demanda de los presos políticos mapuche, es necesario recordar que se inscribe en un proceso similar al vivido el año pasado, cuando finalmente la sociedad chilena se sensibilizó frente al problema de los presospolíticos en democracia y se logró que el Parlamento dictara una ley especial que los beneficiara, tomando en cuenta la existencia de torturas, de trato inhumano en la Cárcel de Seguridad, y de la falta de un debido proceso.
Llamamos a los profesionales que integran este coordinador, a todas las organizaciones sociales, a los parlamentarios, iglesias y académicos en general, a acoger ahora esta demanda de los presos políticos mapuche, a quienes el Estado y el empresariado forestal ha denominado "terroristas" por luchar para recuperar tierras usurpadas.

En dictadura, el nombre para quienes luchaban era "extremistas" o "comunistas". Ahora sólo ha cambiado la denominación.
Las comunidades mapuche son allanadas y sus derechos son conculcados como en tiempos de dictadura; sus dirigentes (lonkos) son perseguidos y no se respeta su derecho a la organización y a la libre expresión de sus ideas.

Cuando las sentencias de primera instancia les son favorables, los jueces que las formulan son castigados. Se les acusa sin pruebas, con testigos sin rostro a quienes el Estado financia con recursos de todos los chilenos. Para los mapuche la democracia aún no llega, y a nivel internacional esto se está convirtiendo en una verdad tan reconocida como lo fue en su momento en el exterior, la culpabilidad del ex dictador Pinochet. La vida de Patricia Troncoso Robles, de Florencio y José Marileo Saravia y de Juan Carlos Huenulao Lielmil, y probablemente también el futuro del pueblo mapuche y de nuestra democracia, dependen de que cese la criminalización de su lucha por territorio y autonomía.

Sólo si sus demandas son acogidas por vastos sectores de la sociedad chilena se podrá avanzar en ese sentido y hacer realidad una democracia que no discrimine a sectores de su población y se construya en la diversidad.
 

Capitulo de DD.HH. Colegio de Asistentes Sociales, Comision de DD.HH.
Colegio de Arquitectos, Comision de DD.HH. Colegio de Administradores Públicos, Comision de DD.HH. Colegio de Bibliotecarios,  Comision de DD.HH. Colegio de Contadores de Chile Reg. Metropolitana, Comision de DD.HH. Colegio de Fonoaudiologos, Comision de DD.HH. Colegio de Medicos Veterinarios,  Capitulo de DD.HH. Colegio de Matronas, Colectivo de Ingenieros por los DD.HH., Departamento de DD.HH. Colegio de Periodistas, Departamento de DD.HH. Colegio de Profesores, Colegio de Enfermeras.

Santiago, 3 de mayo de 2006