Provincia de Jujuy
Comunidades Kolla Rachaite, Pucara
y Tumbaya Estas comunidades indígenas no han sido indemnizadas por
los danos ocasionados en su territorio por el paso del Gasoducto Norandino
o el Jama, no fueron beneficiadas con la posibilidad de acceder al servicio
de gas y no fueron informadas sobre el destino de los recursos que las
empresas transportadoras abonaron a la Provincia.
Comunidad de Liviara En el año 2002 la Provincia de Jujuy otorga en concesión, la explotación de oro en el Río Orosmayo, dentro del territorio de la Comunidad, a la empresa Luis Losi S.A. y César Daniel sin su consentimiento. El lavado de oro se realiza con cianuro sin ningún tratamiento y es vertido en las aguas del Rió Orosmayo, de donde se alimenta la Comunidad. La Comunidad solicitó a la Provincia detener la explotación minera por las graves consecuencias provocadas por la contaminación ambiental pero la Provincia adujo que la actividad minera creaba puestos de trabajo para la región y que, por razones de desarrollo económico, la provincia no rescindiría el contrato de concesión de la explotación minera. La Comunidad de Liviara intentó interponer ante la justicia provincial un recurso de amparo para detener la explotación minera, pero la presentación no fue recepcionada porque la Comunidad Indígena carecía de personería jurídica. Por esta razón, esta acción fue reiterada recién en el año 2004, cuando obtuvo la personería jurídica, a dos años de iniciada la explotación minera, con el territorio totalmente devastado y el río Orosmayo totalmente contaminado.
En estos momentos existen más
de 120 solicitudes de aprobación de concesiones mineras que se llevarán
a cabo en el territorio de Comunidades Indígenas, de las cuales
acaba de aprobarse otra concesión de otra explotación minera
sobre el territorio de la Comunidad Oratorio.
Comunidades Aborigenes del Paso de
Jama En la Provincia de Jujuy se ha construido una ruta que impacta sobre
comunidades que habitan en la región, en forma inconsulta con las
comunidades. Además, la Provincia de Jujuy ha donado parte de estas
tierras al Estado Nacional para que construya un complejo aduanero también
en forma inconsulta.
Comunidades Indígenas ubicadas
en la Quebrada de Humahuaca- Declaración de Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO Se trata de Comunidades Indígenas cuyo territorio
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es indudable que
los actores principales en todo este proceso de declaración, debieron
ser las Comunidades Indígenas sin embargo no fue así. En
el marco de la Declaración se ha creado una Comisión de Sitio,
conformada por diferentes sectores de la sociedad, quienes tendrán
facultades para decidir sobre la administración del área,
territorio de las Comunidades. En definitiva terceros a las Comunidades
Indígenas están decidiendo sobre la utilización del
territorio indígena con fines turísticos, sin que las Comunidades
tengan una participación plena y efectiva en todo éste proceso.
Comunidad Tinkunaku, Finca Santiago,
Iruya, Cáspala entre otras (Provincias de Salta y Jujuy). La Declaración
por la UNESCO de Reserva de la Biosfera de las Yungas. Se trata de Comunidades
Indígenas cuyo territorio fue declarado Reserva de la Biosfera por
la UNESCO de las "Yungas" sin su consentimiento. Fue declarada en 2001,
en virtud de ello se creo el Comité de Gestión de la Reserva
sin participación plena y efectiva de las Comunidades Indígenas
ante mencionadas. El Comité de Gestión constituido por empresarios,
organizaciones medioambientales, gobierno de la Pcia. de Jujuy y Salta,
están tomando decisiones sobre el territorio de las Comunidades
Indígenas involucradas en el área.
Provincia de Salta
Asociación de Comunidades
Aborígenes Lhaka Honhat Pese a encontrarse en proceso de solució
n amistosa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
para obtener la titulación de las tierras que ocupan ancestralmente,
sufren la destrucción de sus recursos naturales a través
de la tala de monte, la extracción de madera y el tendido de alambrados,
por terceros ajenos a las Comunidades, sin que el Estado adopte medidas
efectivas para evitarlo. En este caso, además, el Gobierno de Salta
se muestra renuente a reconocer y efectivizar la entrega de sus tierras
bajo un título de propiedad comunitario. Actualmente, pese a la
existencia de un Grupo de Trabajo, integrado por representantes de los
indígenas y criollos que habitan en la zona y autoridades del Gobierno
Nacional y Provincial, que trabaja para realizar una propuesta de distribución
de las tierras, el Gobierno de la Provincia de Salta ha enviado ingenieros,
para realizar mensuras y amojonamientos, con la finalidad de efectivizar
entregas individuales de tierras. Cabe destacar que el reclamo de esta
comunidad data del año 1991 y que hasta la fecha sus derechos no
han sido materializados. Asimismo, ya en dicho año el Gobierno de
Salta se había comprometido, mediante decreto 2609, a entregar una
superficie sin subdivisiones y mediante título único de propiedad.
Comunidadades Kolla Tinkunaku de San Andrés, Rio Blanquito, Los Naranjos y Angosto del Paraní En el año 1949 fue la primera vez en que fue reconocido el derecho estas comunidades a través de la sanción de una ley de expropiación provincial sobre la tierra de Finca San Andrés, cuyo título de propiedad estaba en manos del Ingenio San Martín. Posteriormente, en 1986, mediante decreto provincial 2845, se donó una fracción de las tierras altas a favor de las Comunidades, pero la titularización no se efectuó. En 1993 tras una prolongada movilización en Buenos Aires, las comunidades de San Andrés, Río Blanquito, Los Naranjos y Angosto de Paraní, lograron la aprobación de la ley nacional 24242 de expropiación parcial de las tierras, sobre otra fracción de su territorio, también de propiedad del Ingenio San Martín. Contra ello, el Ingenio inició acciones judiciales contra el Estado Nacional. A fines de 1996 el Ingenio San Martín y refinería El Tabacal-Seabort Corp oration desconoce el decreto de donación 2845/86 y declaran que la Comunidad está usurpando las tierras altas e inician acciones judiciales para revocar la donación. A partir de entonces las comunidades sufren amenazas constantes y persecuciones y hasta la fecha no se ha resuelto el problema atienente a la propiedad de las tierras. A esta situación de inestabilidad en cuanto a sus tierras, se suma el hecho de que, en 1999, se construye el paso del gasoducto Nor Andino que transportará gas a Chile. El trazado aprobado afecta casas, zonas de cultivo y pastoreo y el cementerio de las familias Kolla. Si bien en un comienzo mediante una medida cautelar se logró paralizar las obras, posteriormente la prohibición fue levantada y se permitió su continuación. Posteriormente, el trazado del gasoducto fue modificado pero no como lo solicitaba la Comunidad y muchos de los daños que se produjeron son irreparables. Ante esta situación, los miembros de la organización Tinkunaku fueron obli gados a aceptar una indemnización por los daños, pero no se implemento ninguna medida para reparar los danos ambientales ocasionados y los que se ocasionarán en el futuro.
Actualmente, el Gobierno ha autorizado
la realización del Proyecto "Corredor Ecológico del Alto
Bermejo" con Coordinación de la Fundación Proyungas, éste
proyecto se desarrollará en el territorio de éstas Comunidades
sin consentimiento informado previo.
Comunidad Wichí Hoktek T'oi
Sufre por la devastación irracional del monte emprendida por un
particular que compró las tierras con la comunidad adentro de ellas.
Si bien existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y una ley de expropiación nacional, la titulación
todavía no ha sido efectuada. Actualmente, la comunidad presentó
un amparo por mora de la Administración con el fin de que no se
frustre la expropiación. (Cfr. Datos aportados por la Comisión
de Juristas Indígenas).
Comunidad Wichi Eben Ezer habita
en el Chaco Salteño desde tiempos inmemoriales ha sido condenada
por el Gobierno de la Provincia de Salta al destierro, a cambiar sus forma
de vida tradicionales y a la pérdida de sus recursos naturales,
los cuales constituyen su fuente de alimentación y supervivencia,
ya que el Gobierno de la Provincia vendió la reserva natural del
Departamento de Anta en donde habita esta comunidad a un particular para
el cultivo de soja. La Legislatura de la Provincia aprobó la desafectación
de la reserva General Pizarro en el mes de marzo de 2004 y el 24 de junio
se concretó la subasta.
Comunidad Ava Guaraní El Tabacal.
A principios del mes de septiembre del 2003 las familias de esta comunidad
decidieron recuperar sus tierras conocidas como La Loma de donde habían
sido desplazados por el Ingenio San Martín. Poco después,
el 16 de Septiembre, fueron desalojados mediante una brutal represión
policial, sin orden judicial escrita, como consecuencia de una denuncia
por usurpación realizada por el Ingenio San Martín, hoy en
manos de la multinacional Seabord Corporation. Se llevaron niños
detenidos y muchas personas permanecieron presas durante una semana. Las
5000 hectáreas, reclamadas como propias al Ingenio, eran habitadas
por los Avá Guaraní desde tiempos inmemoriales. A partir
de la década del 40, por acción del Ingenio, comenzaron a
ser desplazados compulsivamente. Aún así, los pobladores
originarios, instalados en la vecina localidad Hipólito Irigoyen,
continuaron haciendo uso de las tierras, tanto para la caza y la recolección
de leña c omo para visitar a los antepasados que descansan en el
cementerio allí ubicado. En una situación similar a la aquí
descripta se encuentra la Comunidad Río Blanco.
Comunidad Kolla Guaraní del
Paraje Río Blanco Banda Norte del departamento de Orán, fueron
desalojadas treinta familias con ancianos y niños, desde el 2 al
5 de marzo de 2004, causando la pérdida de la cosecha, la destrucción
de los hogares, agresiones y amenazas a los pobladores. La empresa Higamar
además se apropio de los animales y de todas las pertenencias de
esta comunidad.
Comunidad Tupí Guaraní
del Paraje Río Blanco Banda Sur, departamento de Orán, fue
desalojada con topadoras destruyendo todos los sembrados, quemando las
casas, volteando toda la producción de la tierra. La comunidad se
defendió ante estos atropellos realizando un escudo humano, en esas
condiciones todavía resisten desde el mes de Octubre de 2003. El
5 de Julio del corriente año el Ingenio San Martin del Tabacal (azucar
chango) ha realizado un operativo cerrojo con docenas de guardias de "search"
(vigilancia privada) abriendo paso a las topadoras que limpiaban el camino
arrasando los cultivos. Los guardias, golpearon a los hermanos que hacían
una muralla humana para impedir lo que fue imposible. La policía
libero la zona para que los guardias actuaran impunemente, golpeando salvajemente
a ancianos, mujeres y niños. los mismos guardias, al mando de Marcelo
Romero, pisotearon y quemaron la bandera Argentina al tiempo que gritaban
"bolivianos indocumentados". .. después, ellos mismos radicaron
la denuncia policial y los policías regresaron a apresar a siete
hermanos, sin ninguna orden escrita, todos golpeados y con graves lesiones.
Benjamín Flores (quien denuncio a Jakulica por intento de asesinato
a un menor) es el mas golpeado, y se encuentra internado en el hospital
"San Vicente de Paul" (Oran) con graves lesiones, hematomas y golpes internos.
Organización Zlaqatahyi (Unión
Wichí del Itiyuro- Comunidades de Lapacho Mocho, Tonono y Pacará),
Departamento San Martín, se oponen a la depredación de los
recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de
su territorio ancestral. Reclama que se frene la deforestación del
corredor, que habitan las tres comunidades mencionadas, situado entre el
Gasoducto sobre Ruta 86 hasta el Lote fiscal 4, de la Ciudad de Tartagal.
Comunidad Wichí Misión
Tolaba de General Mosconi, denuncia que hace 18 años iniciaron un
juicio de posesión veinteñal y desde julio del 2001 está
a disposición del Juez (Dr. Nelson Aramayo). Durante estos años
sufrieron todo tipo de atropellos: irregularidades en la certificación
de las pruebas, intentar confundirlos en el vencimiento de los plazos,
el juez en contra aunque estaba inhibido en la causa, etc.
Consejo de Organizaciones Indígenas de Salta junto con el Consejo de Ancianos de Finca Santiago y la Asociación indígena I.S.N.A.T., con sede en Tartagal, exigen la normalización del Instituto Provincial del Indígena de Salta, IPIS, y que los fondos de la coparticipación hidrocarburífera (2%) sean enajenados y se los deposite en el Banco de la Nación Argentina, para ser administrados por los propios beneficiarios.
Consejo de Coordinación de
las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Salta , COPISA (Guaraní,
Wichí, Chorote, Toba, Chulupí, Chané), con sede en
Tartagal, solicita urgente intervención para la obtención
de los títulos de las tierras que ocupan en la zona de los Departamento
San Martín y Rivadavia Banda Norte y Sur de la región Chaco
Salteño.
Reserva Natural de General Pizarro,
Departamento Anta, Salta, de 25 mil 300 hectáreas, creada en 1995,
fue desafectada, dividida en siete lotes y en menos de 24 horas (el 24
de junio de 2004) el gobierno le entregó todas las tierras a tres
empresas distintas, todas dedicadas a la explotación agrícola-ganadera.
El Gobernador de Salta, Juan Romero, autorizó esto con un proyecto
de ley que envió en marzo a la Cámara de Diputados de la
provincia de Salta, en que argumenta que necesita obtener recursos para
pavimentar rutas provinciales, y dar las tierras en licitación para
la producción de soja. Los legisladores aprobaron el proyecto. Se
trata de los lotes Fiscales N°32 con catastro N°8373, y Lote Fiscal
N°33 con catastro N°8375 donde viven ancestralmente comunidades
originarias wichís, kollas y desde hace décadas miles de
campesinos, son cerca de 3.000 habitantes. Se han hecho presentaciones
legales por parte de los apoderados de los hermanos Wichi, por viol ación
a los derechos de la Constitución Argentina. Además la reserva
constituye uno de los últimos remanentes del bosque nativo de yungas
(la llamada selva de montaña, o selva nublada, vinculada con la
cordillera de los Andes), que será arrasado por las empresas en
busca de la expansión de la frontera agrícola-ganadera.
Provincia Chaco
Asociación Meguexosochi En
cumplimiento del Pacto o Tratado de Pampa del Indio entre el Estado Nacional
y el Jefe Toba Taygoyi en 1923, se reconoce al pueblo Toba del Norte 150.000
hectáreas de tierras en el Teuco Bermejito. Este pueblo, luego de
largas luchas para obtener la titulación consiguió solamente
que, el Gobierno de la Provincia del Chaco en 1999, otorgara a favor de
la Asociación MEGUESOXOCHI, un título precario de usufructo
vitalicio, reteniendo la nuda propiedad el Estado provincial. Por otro
lado, como quienes tienen el usufructo son quienes pertenecen a la asociación,
se han generado muchos conflictos con los miembros de las comunidades que
no pertenecen a ella. Finalmente, la relocalización de las familias
criollas de la zona que debía efectuarse en el plazo de cinco años
no se ha concretado.
Comunidad QOM de Miraflores Pese a que en el año 1931 fueron reservadas 10.000 hectáreas en la actualidad sólo cuentan con 3.800. Sin consulta previa a las comunidades, en el año 2002, el presidente del Instituto de Colonización, decidió otorgar dos lotes de escaso valor a la comunidad a cambio de una superficie igual que pertenecía a la reserva. Actualmente no tienen título de propiedad.
Venta de cementerio indígena Toba El Gobierno de la Provincia de Chaco vendió las tierras donde se encontraba el cementerio aborigen de la Colonia Sol de Mayo a un particular, quien no dudo en arar la tierra para sembrar soja. Este acto fue profundamente repudiado por la comunidad, quienes realizaron reclamos y solicitaron la devolución de los restos de sus antepasados. El titular del dominio les respondió que los restos no serían restituidos porque él era dueño tanto de la tierra como de lo que se encontraba en ella. En la actualidad, en Argentina, no existen normas que resguarden los lugares sagrados, y sancione la profanación de tumbas de las Comunidades.
Denuncian que la nueva ley de bosques
5.285 favorece el genocidio de las comunidades indígenas.- gracias
a una modificación de la ley original desaparecen los frenos para
el desmonte del bosque nativo.
Provincia de Formosa
Comunidades Pilagás "El Descanso"
y "Campo del Cielo" ubicadas en la localidad de Las Lomitas. El 16 de abril
de 2004, la cámara de diputados de Formosa, aprobó, fuera
de temario y sobre tablas, el proyecto del poder ejecutivo provincial de
expropiación de tierras. La ley Nº 1439 declara de utilidad
pública y sujetos a expropiación la tierra donde habita las
comunidades de Campo del Cielo y Kilómetro 30 de la etnia Pilagá
(propietarios de tierra con título definitivo) y otras 20 propiedades
de familias campesinas de la zona aledaña. Esto lo impulsó
el gobierno con la intención de llevar adelante el
Complejo Hidrovial de la ruta provincial
Nº28 - Bañado La Estrella (Préstamo BID 1118-oc-ar),
que fuera desestimado por la comunidad y los pobladores en la audiencia
pública. Paralelamente el gobierno organiza el sábado y domingo,
desde la secretaría de turismo provincial "El primer encuentro latinoamericano
de culturas indígenas". Éstas Comunidades tienen el título
de propiedad comunitaria sobre sus tierras sin embargo no han sido consultadas
en la elaboración, diseño del proyecto. La realización
de éste proyecto va a provocar la inundación de casi todo
su territorio, haciendo la continuidad en el mismo imposible. Ante los
reclamos presentados ante la Nación, se ordenó la paralización
de la obra, sin embargo la Provincia ordenó a la empresa continuar
con las obras.
Comunidad Toba Nam Qom. El 16 de
agosto 2003, la comunidad toba Nam Qom de Formosa fue atacada por 100 policías.
Sin orden judicial, entraron a la comunidad en busca de aborígenes
acusados de la muerte de un policía. Golpearon y maltrataron a niños,
mujeres y hombres. Varias mujeres indígenas fueron víctimas
de amenazas y vejámenes. Dos niñas de seis y tres años
y una beba de tres meses fueron abandonadas en su casa cuando los policías
se llevaron detenidos a sus padres. Un anciano de 74 años fue obligado
a desnudarse y permanecer de pie durante dos horas, sufriendo humillación
y agotamiento físico y moral. Una mujer vio como los policías
sumergían a su esposo en un pozo de agua y a su suegro le enterraban
la cara en el barro. Una vez instalados en las comisarías, bajo
amenazas y golpes fueron obligados a firmar sus declaraciones. Finalmente
se encarceló a 8 hombres acusados de homicidio y resistencia a la
autoridad. Fueron incomunicados y torturados. Alg unos fueron encapuchados
con hule que les tapaba la cabeza dificultando su respiración mientras
eran interrogados, exigiéndoles declaraciones y obligándolos
a dar información bajo amenaza contra la vida de sus familiares.
Uno de estas personas quedó con serias lesiones en el tímpano.
Un niño de 10 años fue encerrado en un calabozo y tratado
brutalmente por un grupo de policías.
Provincia de Misiones
Comunidad Yriapú El Gobierno
de la Provincia de Misiones, alegando la necesidad de realizar un plan
estratégico de desarrollo turístico y modernización
de servicios pretende despojar a la comunidad de la tierra que ocupa ancestralmente.
En marzo de 2003, el Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Iguazú
adhirió al Plan Maestro Provincial, el que reserva para la comunidad
tan solo 62 hectáreas de las 600 que viene ocupando desde tiempos
inmemoriales. Frente a ello, la comunidad ha iniciado gestiones para obtener
la titulación por las 600 hectáreas. El 17 de diciembre de
2003 se firma un acta acuerdo entre la comunidad de Yriapu y el Gobierno
de la Provincia de Misiones, por el cual el gobierno provincial se compromete
a otorgar el titulo de propiedad, dentro de los 60 días hábiles
a contar desde la fecha del acta y a reconocer a la comunidad indígena
de Yryapú la posesión y propiedad ancestral de 265 hectáreas
A Julio de 2004, el Gobierno de la Provinci a de Misiones no cumplió
con el acuerdo y no titularizó las tierras de la Comunidad. Como
consecuencia de ello la comunidad ha sufrido intentos de desalojo e inclusive
el incendio de algunas de sus viviendas. Existen insistentes versiones
de la intención del Gobierno para instalar sobre las mismas tierras
comprometidas un megacomplejo turístico de unas 200 hectáreas.
Comunidad Kaa Kupe Actualmente en
conflicto referente a la titularidad de la tierra con la Empresa Carva.
Comunidades Virgen María.
Actualmente en conflicto referente a la titularidad de la tierra con Banco
Macro.
Comunidades Kaaguy Poty, Ivy Pyta,
Kapi´i Poty Actualmente en conflicto por la devolución y titularización
de sus tierras, 6144 hectáreas ubicadas en el Centro de la Provincia
de Misiones, con la Universidad Nacional de la Plata, con sede en la Provincia
de Buenos Aires.
Comunidad Pindo Poty. No tienen título de propiedad. Solo cuentan con un permiso de ocupación.
Comunidad Jejy Actualmente en conflicto
referente a la extensión de la tierra que ocupan con la Empresa
"Papel Misionero".
Comunidades De Tekoa Yma y Tekoa Kapiì Yvate Se trata de Comunidades Indígenas cuyo territorio fue declarado Reserva de la Biosfera "Yabotí" por la UNESCO, en la Provincia de Misiones sin consulta, participación ni consentimiento. Las Comunidades Indígenas pese al histórico reclamo, carecen de título de propiedad de sus tierras. Su situación se ve agravada actualmente con la autorización que dio el Gobierno a la Empresa Moconá Forestal S.A., a través de su Ministerio de Ecología, de deforestación en el territorio de las Comunidades. Con el interés de continuar con esta actividad de deforestación de toda la selva, el Gobierno Provincial plantea el desplazamiento de las Comunidades de su territorio.
Comunidades YY Ovy, Yamandú
y Tamanduá La comunidad vive en una Reserva Natural de la Provincia
de Misiones y no han sido reconocidos los derechos sobre su territorio.
Tienen Conflicto sobre la propiedad de la tierra con la empresa Moconá
S.A. Tienen conflictos constantes con la Empresa Moconá Forestal
S.A. quien destruye el ambiente y territorio que habitan.
Provincia de Santiago del Estero
Comunidad de Cazadores Alazampa En
el mes de enero del corriente ano personas ajenas a la Comunidad ingresaron
al territorio de la Comunidad. La Comunidad fue intimada a desalojar su
territorio y se iniciaron las obras para la construcción de hornos
para la producción de carbón, la cual será llevada
a cabo con los recursos naturales de uso de ésta Comunidad. Ante
esta situación la Comunidad intentó interponer acciones judiciales
ante los tribunales provinciales y federales, pero ambos se declararon
incompetentes para actuar en la causa quedando de ésta manera totalmente
indefensos
Provincia de Mendoza
Comunidades Huarpe Milcayac Si bien
una ley mendocina reconoció, en el año 2001, la preexistencia
étnica y cultural de este pueblo, la fiscalía de Estado interpuso
una acción de amparo por inconstitucionalidad de la ley y la Corte
Suprema hizo lugar a la medida de no innovar interpuesta, ordenando al
Ejecutivo que se abstuviera de aplicar algunas normas de la ley. Actualmente
funciona una Comisión integrada por funcionarios provinciales y
municipales, para dilucidar los puntos en controversia, a la cual no fueron
invitados los representantes de las comunidades. Recientemente las once
comunidades se presentaron y fueron admitidos como terceros en el proceso
judicial y se espera que se resuelva el pedido de reanudación del
procedimiento.
Comunidades Huarpe de Huanacache
La Provincia no ha cumplido con su obligación de mantener una cuota
ecológica de agua en el Río Mendoza con el fin de que se
mantengan las lagunas del complejo lagunar de Huanacache. Por otro lado,
el INAI ha entregado becas para educación secundaria en forma discrecional,
sin consulta previa y sin tener en cuenta las formas organizativas de la
comunidad.
Provincia de Neuquén
Comunidad Mapuche Marifil Se trata
de una comunidad que ocupa en forma ancestral de territorio en la zona
de Picun Leufu, mientras que el titular formal del inmueble Sr. Lamolla
reclamó su derecho de propiedad a mitad del siglo pasado. Así
se llegó a establecer, con un fallo de la Cámara de Apelaciones
de Bahía Blanca, que los derechos debatidos correspondían
a la Comunidad Marifil. Sin embargo, con posterioridad a este fallo, ni
la Provincia de Neuquen ni otra autoridad desplegó ningún
tipo de actividad administrativa tendiente al otorgamiento del título
a la Comunidad. En el año 1992 la Provincia inició un juicio
de ejecución por cobro de impuestos contra la Lamolla y en ese marco,
el inmueble es subastado, sin hacer notar el martillero actuante la ocupación
de la comunidad (indica que se encuentra "libre de ocupantes"), de modo
que no se notifica a la comunidad Marifil, ni se le permite participación.
Los adquirentes en la subasta vendieron a su vez su s derechos sobre el
remate a una empresa Financiera, (Coprocal) aunque no han podido aún
tomar posesión del inmueble justamente por la realidad de la ocupación
del campo rematado como "libre de ocupantes".
Comunidades Mapuche Felipin Deben
soportar el tendido de alambrados sobre el territorio que ocupan ancestralmente
por parte de la Sra. Marta Pesqueira. Además, actualmente aunque
la comunidad tiene posesión permanente y ancestral de veranada un
particular que pretende correr los lindes de la comunidad para inscribirlos
a su favor. El Sr. Ondetti tiene titularidad registral, obtenida con mensura
aprobada y sin posesión en los lugares reservados a la comunidad.
Comunidades Painemil y Kaxipayiñ
del Pueblo Mapuche. En el año 1998 la comunidad Kaxipañin,
logró el reconocimiento de su personería jurídica
y la propiedad de las tierras que ocupan. Pese a ello no logró impedir
la instalación, en parte del terreno, de la planta de gas de la
empresa Mega. A partir de la instalación de esta empresa las comunidades
sufren la contaminación constante de las napas freáticas
y de los caminos de tierra que se utilizan en la zona con "agua de purga",
razón por la cual se les otorgó una compensación económica.
No obstante, como la contaminación continua la Defensoría
de Menores de la Provincia presentó una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de 2001 los miembros de la
comunidad realizaron una denuncia ante la empresa Repsol YPF respecto de
las contaminaciones y por la instalación de nuevas obras y cañerías
en forma inconsulta pese a la vigencia del acuerdo relativo a que la instalación
de nuevas obras debía ser aprobada por las autoridades Mapuche a
través de la Comisión de Control y Vigilancia. Pero, la situación
es más grave aún porque la empresa, en forma unilateral,
decidió desactivar esta Comisión.
Comunidad Gelay Ko Desde 1956, la
Comunidad Mapuche Gelay Ko, en la provincia de Neuquén sufre la
contaminación petrolera. Se han hecho 23 pozos para extraer petróleo
crudo. Muchos de éstos, están a cielo abierto, (en la meseta
Barda Negra- lotes 30 > y 31) y las familias Mapuche han perdido muchos
animales. Actualmente la empresa Alberta Energy Company Argentina S.A.,
a quién únicamente le interesa el petróleo, ventea
el gas que sale de los pozos y contamina de forma permanente el aire. Los
ruidos de las explosiones afectan los oídos y hacen temblar la tierra,
a metros de las casas. El agua escasea y está contaminada la napa
freática; cada quince días, desde Zapala, les llevan 200
o 300 litros para consumo familiar. La gente sufre irritación en
los ojos, problemas respiratorios y debilitamiento generalizado en el cuerpo.
Comunidades Painemil y Kaxipayiñ
del Pueblo Mapuche Estas comunidades, cuya descripción general hemos
efectuado en el punto anterior, debieron denunciar penalmente, en el mes
de junio de 2001, al Gobernador de la Provincia de Neuquén por incumplimiento
de una sentencia judicial que obligó al Poder Ejecutivo a proveer
de agua potable a los residentes en Loma de la Lata y a realizar el seguimiento
médico de los niños indígenas, para determinar los
niveles de contaminación, con metales pesados, en su sangre. Posteriormente,
los integrantes de las comunidades cortaron las rutas de acceso a la empresa
instalada con el fin de que sus reclamos fueran escuchados. A raíz
de ello, en el mes de octubre fueron reprimidos, sin orden judicial alguna,
y encontrándose en el lugar mujeres embarazadas y niños.
Provincia de Chubut
Comunidades Mapuche Huisca-Antieco
Durante el año 2001, la empresa minera Meridian Gold ingresó
a las tierras que ocupan pese a la negativa de las autoridades de la comunidad
y realizaron actividades de prospección minera sin consulta previa.
Como consecuencia de la denuncia realizada por la Comunidad y su negativa
a aceptar la exploración minera, la empresa desistió de su
pedido ante la autoridad de aplicación. Sin embargo la Dirección
de Minería no desarrolló ningún mecanismo que contemple
para el futuro el caso de las prospecciones mineras en comunidades indígenas.
Comunidad Mapuche Lago Rosario En
lo últimos años han sido vendidas tierras a extranjeros que
han usurpado a través de esas ventas espacios territoriales ancestralmente
utilizados por la Comunidad. Asimismo, algunos de estos nuevos propietarios
están modificando gravemente la identidad del lugar, construyendo
grandes Posadas y otras edificaciones destinadas a actividades relacionadas
con el Turismo Internacional, en una forma absolutamente divorciada con
la identidad de la Comunidad Mapuche. Actualmente se encuentran en conflicto
con la empresa "Arauco Truchas SRL" por la contaminación que la
actividad de cría de peces de esta empresa produce al lago, lo que
está generando diferentes enfermedades en la población Mapuche
y en sus animales. Estas actividades cuentan con un cuantioso apoyo económico
del Gobierno de la Provincia del Chubut, que no realiza ningún control
ambiental sobre la actividad. La Comunidad ha denunciado estos hechos y
manifestado reiter adamente su disconformidad con estas situaciones en
distintos ámbitos Institucionales y periodísticos, sin que
hasta ahora haya podido revertir la situación. De continuar este
estado de cosas, poco a poco se irá deteriorando seriamente la identidad
y la salud de la Comunidad, así como sus posibilidades de desarrollo
humano.
Comunidades Mapuche Vuelta del Río
y Ranquil Huao Tienen distintos conflictos sobre la tierra que ocupan ancestralmente,
en la Provincia de Chubut, porque parte de sus territorios fueron entregados,
en el año 1963, a comerciantes pertenecientes a la localidad "El
Maitén" Dpto Cushamen. Existen causas judiciales penales iniciadas
contra los integrantes de las comunidades por el delito de usurpación
y otras civiles reclamando las tierras tradicionales. En el mes de marzo
de 2003 se resolvió el desalojo preventivo de la familia indígena
Fermín, el que fue llevado a cabo por funcionarios policiales que
destruyeron la casa y las pertenencias de la familia. En algunas declaraciones
a la prensa, integrantes de la comunidad explicaron que "Cuando todas las
pruebas presentadas por la familia Fermín y la comunidad Vuelta
del Río confirman nuestros derechos sobre el lote que ocupa ancestralmente,
el Juez Colabelli legitimó la usurpación alegando derechos
inexistente s de José Vicente El Khazen sobre nuestro territorio
(...). Si la medida judicial se concreta la familia desalojada queda obligada
a vivir a la intemperie "en la ladera de los nevados cerros, cuando el
invierno ha llegado." (Cfr. Continúan los intentos de desalojo a
familia Fermín en http://www.mapuexpress.net/publicaciones/comunicados/desalojo-fermin3.htm,
08/07/03). Actualmente, hay un juicio ejecutivo en curso iniciado por el
Banco del Chubut, que pretende rematar parte de un Lote ocupado comunitariamente
por las familias, merced a que la Provincia entregó títulos
de Propiedad sobre la tierra a particulares no Aborígenes, que posteriormente
solicitaron préstamos al Banco y no los restituyeron.
Comunidad Mapuche-Tehuelche Prane Esta comunidad mantiene un conflicto desde hace varias décadas con el Ejercito argentino, por la tenencia de la denominada legua 4, ubicada en la reserva Mapuche de Nahuelpan, a 15 Km. de la ciudad de Esquel. Durante el transcurso de estos años la comunidad Prane, debió soportar desalojos de sus tierras, matanzas y robos de sus animales de crianza por parte del ejercito argentino. Esta situación fue denunciada a los sucesivos gobiernos, de los cuales jamás obtuvieron respuestas. En 1999 antes de finalizar su mandato el presidente Menem anunció la firma de un decreto presidencial devolviendo las tierras a la familia Prane, sin embargo ese decreto nunca se redactó. Actualmente hay una acción Reivindicatoria en curso iniciada por el Estado Nacional – Ejército Argentino contra la Comunidad Tehuelche, radicada en el Juzgado Federal de Bariloche.
Matrimonio Mapuche de Rosa Rúa
Nahuelquir y Atilio Curiñanco. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio
Curiñanco debieron soportar, a fines de mayo de 2004, un proceso
oral y público en la ciudad chubutense de Esquel, acusados del delito
de "usurpación". Este proceso se originó a raíz de
una denuncia presentada por la empresa Compañía Sud Argentino
Sociedad Anónima, cuya dueña es la textil italiana Benetton.
Esta empresa es propietaria de extensas superficies de tierras en el sur
de nuestro país, y pretende hacer valer derechos de propiedad sobre
el predio identificado como cuadrado Santa Rosa, que tiene una superficie
de 534 hectáreas y que habitan en forma ancestral los integrantes
de esta familia mapuche. El juez penal, antes de expedirse sobre la culpabilidad
del delito, a pedido del demandante, los desalojó preventivamente.
Si bien finalmente el matrimonio fue declarado inocente, en relación
con el planteo civil de los actores, quienes le solicitaron al juez que
tam bién que se expresara sobre la propiedad de las tierras, éste
resolvió la entrega definitiva a la empresa, considerando los títulos
alegados por la actora que datan de 1.896, y se originan en una Donación
realizada por el entonces Presidente de la Nación José Evaristo
URIBURU en un total de 900.000 has. distribuidas en 10 estancias de 90.000
has. todas pertenecientes a la Compañía que en un inicio
estaría formada por Capitales Ingleses. La familia Mapuche está
demandando que se realice una investigación exhaustiva de los Títulos
alegados por la Cía. desde el Congreso Nacional, ya que los mismos
son muy cuestionables desde muchos puntos de vista.
Comunidad Sepúlveda Paraje Buenos Aires Chico El 29 de Abril de 2003 esta Comunidad Mapuche hizo una Denuncia a la Legislatura del Chubut, a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Defensoría del Pueblo del Chubut, al Defensor del Pueblo de la Nación, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y otros Organismos, por violaciones a sus Derechos como Pueblo Originario por actos y omisiones del Estado Provincial y del municipio de El Maitén, que otorgó títulos de Propiedad a particulares sin respetar la posesión ancestral de la tierra y el territorio que mantiene la Comunidad en forma pacífica e ininterrumpida, en una superficie de 300 has. en la región denominada Buenos Aires Chico, ubicada dentro de la jurisdicción de El Maitén, departamento Cushamen, Provincia del Chubut. Dicha ocupación fue iniciada por el abuelo don Enrique Sepúlveda en el año 1934. A lo largo de los años han efectuado numerosas mejoras en el predio, tales como forestaciones, ch acras, frutales, potreros, viviendas, caminos, y poseen numerosos animales yeguarizos, vacunos, ovejas y cabras. En los últimos años están siendo gravemente perturbados en su posesión por parte de estancieros de la región, que pretenden quedarse con parte de la tierra que ocupan, o despojarlos totalmente. Estos hechos han sido realizados por las familias de Héctor Repetur, quien fuera Diputado Provincial, y más recientemente, el Sr. Héctor Guajardo, hermano del anterior Intendente de la Localidad de El Maitén. Este último actúa en forma personal y a través de un apoderado, el Sr. Alberto Hemadi. Durante el año 2003 y el 2004 han recibido fuertes presiones de estos estancieros, acompañadas de denuncias penales sin fundamento y procedimientos policiales manifiestamente ilegales, que los obligaron a desarmar sus corrales, alegando que se encontraban en la propiedad de los Sres. Guajardo y Hemadi. La Comunidad también ha denunciado estos hostigamientos ante el Ministerio Fiscal de Esquel, sin obtener ningún resultado hasta el momento.
Familia Mapuche Choyqueta – Cayulef. Esta familia ocupa en forma familiar y tradicional tierras en la región de Reserva Mariano EPULEF, y está sufriendo un permanente hostigamiento judicial y policial a instancias de una familia de estancieros que pretenden desalojarlos. Durante los años 1996 y 1997 fueron objeto de denuncias falsas por robo de animales, robo de recados, venta de animales ajenos, etc. Estas denuncias fueron tramitadas ante el Juzgado de Instrucción del Dr. José Colabelli, y siempre terminaron archivándose por falta de elementos probatorios. Estos hechos, acompañados por visitas intimidatorias de los estancieros en su vivienda, se fueron manteniendo hasta el día 28 de mayo del año 2002, fecha en que personal policial de la comisaría de Colan Conhué realizó un procedimiento, aprovechando su ausencia, mientras se encontraban trabajando en el campo. Al llegar el mayor de los hijos varones de la familia Cayulef Choyqueta, José Agustín Cayulef a la casa, se encontró con que faltaban la mitad del techo, varios tirantes, maderas de dicha estructura y algunos daños y faltantes de herramientas y objetos de una parte de sus mejoras, destinadas al resguardo de los animales en invierno. Al seguir los rastros de vehículos descubrieron que los mismos llegaban a la comisaría de Colan Conhué. Al pedir explicaciones al jefe de la misma, oficial Héctor González, les manifestó que ellos habían producido el hecho y sostuvieron que había sido ordenado por el Dr. José Colabelli, Juez de Instrucción del Tribunal Penal de Esquel. Asimismo, manifestó que los materiales faltantes habían sido trasladados a la comisaría de Esquel, dado que presuntamente una persona había hecho una denuncia por el faltante de chapas en su establecimiento. Tuvieron que viajar a Esquel, donde después de insistentes negativas por parte del Titular de la Procuración Fiscal, Dr. Eduardo Falco, consiguieron radicar una denuncia penal, sin que hasta ahora se sepa q ué providencias se han tomado ni tampoco se les han restituido los bienes secuestrados. Es importante mencionar que este pretendido procedimiento policial fue en realidad un desalojo encubierto, dejando parte de su vivienda totalmente desguarnecida en pleno invierno. Por otro lado, es de destacar que todos estos trámites judiciales, que nunca arriban a ninguna solución, los han colocado en una situación de permanente tensión, viajes infructuosos y gastos innecesarios; incluso cuando han tenido que viajar para someterse a procedimientos interminables, el personal policial y los estancieros aprovechan para sustraer animales o causar daños en las viviendas, corrales y mejoras. Actualmente hay un juicio reivindicatorio en la Justicia Civil iniciado hace más de un año por los estancieros contra toda la familia, y los hostigamientos son cada vez más intensos y frecuentes.
Comunidades Reserva Mariano Epulef, Nahuelpan, Prane, Vuelta del Río, Ranquil Huau, Füta Huao, Reserva Cushamen y Comunidades Tehuelche de la zona de la Meseta (Provincias de Chubut y Río Negro). Sufren las consecuencias de la exploración de numerosas minas de oro y plata, que distintas empresas están llevando a cabo en las provincias de Chubut y Rió Negro y a quienes los gobiernos provinciales autorizan a desarrollar tareas contraviniendo las disposiciones legales.
Comunidad Motoco Cárdena, Lago Puelo: en litigio con el Municipio de Lago Puelo que ha declarado "libre de ocupantes" el territorio de la comunidad. Esta definición del municipio se realizó, sugestivamente, luego de la muerte por apuñalamiento de dos de los integrantes más ancianos de la comunidad. Estas tierras, ocupadas por las familias Mapuche más de 100 años, son ambicionadas por empresarios turísticos y madereros.
Comunidad Pillán Mahuiza, Corcovado, a 100 km. al suroeste de la ciudad de Esquel: sostienen un conflicto territorial con la Policía Provincial por la tenencia de 150 ha. recuperadas en 1998 por el Lofche. También se encuentran movilizados por la intención del Estado de construir 5 represas que inundarán buena parte del valle.
También despierta preocupación la incursión de empresas mineras trasnacionales en la zona de Sierra Colorada, ambas ubicadas al suroeste de la ciudad de Esquel, en el Boquete Nahuelpan, ubicado a 15 km. de Esquel, en la Reserva de Cushamen y en la Meseta Central.
Provincia de Río Negro
Comunidad Trypan Anty Esta comunidad
sufre hostigamientos y persecuciones que tienen origen en una cesión
de parte de su territorio que la Administración de Parques Nacionales
realizó a favor del Ejército Argentino en el año 1930.
Pese a que legalmente solo es posible ceder la jurisdicción sobre
esas tierras pero nunca el dominio porque éste pertenece a la comunidad,
el Ejército intentó desalojar, en reiteradas oportunidades,
a las familias. Los hostigamientos son constantes: en el año 1968
se produjo un primer desalojo, en 1983 se inició una causa penal
por "usurpación" contra un miembro de la comunidad quien, finalmente,
decidió abandonar su vivienda, posteriormente se ordenó judicialmente
un nuevo desalojo. Como las comunidad se resistió debió soportar
la quema de sus casas y la pérdidas de sus animales. En el año
2000, la sentencia quedó firme y existe una orden de desalojo que
hasta el momento no se ha ejecutado.
Lof Casiano Desde 1930 los pobladores originarios del Paraje Quetrequile, Provincia de Río Negro, entre ellos el Lof Casiano, reclaman el reconocimiento legal de las tierras que ancestralmente ocupan. En el año 1967, el lof fue desalojado por la familia Abi Saad, quien se apropió no sólo de la tierra sino también de la hacienda, las mejoras, las máquinas y las herramientas de los Casiano. En el año 1990, estando vigente la Ley Provincial Integral del Indígena Nº 2287, la Dirección de Tierras y Colonias ordenó el desalojo de Abi Saad, reconociendo los derechos históricos de los Casiano. Como esta decisión no se hizo efectiva, la familia decidió recuperar de hecho la tierra que les pertenece. A partir de ese momento, sufrieron reiteradamente atentados, intimidaciones, amenazas e insultos por parte de los Abi Saad y de su puestero, no sólo en el campo sino también en el pueblo. Estos hechos pueden constarse en sucesivas denuncias y exposiciones policiales ef ectuadas por la familia. Por su parte, los Abi Saad iniciaron denuncias por usurpación y hurto. En una oportunidad, uno de los hijos de Alfredo Abi Saad fue condenado por el delito de daño, por haber haberse presentado con pico y pala en el cementerio del Lof Casiano y haber destruido el mármol de la tumba de Valentín Casiano, removido la sepultura y dañado el ataúd.
El 14 de abril de 2003, el Consejo
de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), autoridad de aplicación
la ley provincial Integral del Indígena, mediante resolución
Nº 13/03, declaró que los territorios en cuestión son
territorio del Lof Agustín Casiano, por pertenecer al pueblo mapuche,
y dictaminó que pueden continuar en el territorio. Recientemente,
los Casiano hicieron una presentación ante el Fiscal del Estado
en Viedma para que se ordene el desalojo de la Familia Abi Saad, se investigue
la comisión de lesiones subjetivas, fraude, violencia y estafa procesal
perpetradas por los hermanos Abi Saad para despojar al Lof Casiano de sus
tierras y para que se paralice la adjudicación de la venta de 2000
has del Cerro Mesa a Edgardo Abi Saad hasta tanto, ellos sean escuchados.