DISCURSO MAURICIO HUENCHULAF CAYUQUEO,
DIRECTOR NACIONAL DE LA CONADI,
AL RENUNCIAR A SU CARGO.
Abril 25 de 1997
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Compatriotas, Hermanos y Hermanas:
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Puede parecer inusual que un Director de un servicio estatal realice un
discurso público en el momento de abandonar el cargo que se le asignó
como responsabilidad de Gobierno y como expresión de confianza del
Presidente de la República.
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Esta acción se fundamenta en la necesidad de informar a la ciudadanía
y a mis hermanos indígenas, acerca de las razones por las que abandono
la responsabilidad que se me encomendó en una gestión de
estado, que fue entendida como una situación única e histórica
para un indígena en las últimas décadas de nuestra
historia.
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La expresión más clara y simbólica de esta situación,
fue la reunión con las autoridades tradicionales de mi pueblo, lonkos
y machis, en el momento en que asumí. En esta reunión recibí
consejos y recomendaciones para abordar esta responsabilidad adecuadamente,
pero también un mandato: ser fiel a la aplicación de la ley
Indígena, a nuestros pueblos y a nuestra patria , CHILE.
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En ese momento, también como expresion de encuentro y acción
de gracias, se realizó un Nguillatun en el Cerro Ñielol,
Temuko. En esta ceremonia, la más importante del pueblo mapuche,
participaron tanto hermanos indígenas como no indigenas queriendo
demostrar el sentimiento de unidad y respeto en la diversidad que inspirarían
nuestro quehacer en el gobierno que mayoritariamente habiamos elegido y
del cual nos sentimos parte.
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Asumía un nuevo gobierno democrático, acababa de aprobarse
la Ley Indígena y la creación de la CONADI y se abrían
nuevos caminos, no sólo para establecer un diálogo y un nuevo
estilo de relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad nacional
y el Estado de Chile, sino que además se generaron nuevas posibilidades
para la incorporación activa de técnicos y profesionales
indígenas en el aparato público. Era un intento, de parte
de los que asumimos ese desafío, de fortalecer la democracia en
un marco de modernización del país y del Estado chileno.
Asumíamos el mandato que generaba el naciente gobierno de construir
políticas públicas modernas y eficientes que permitieran
superar la pobreza, fortalecer el desarrollo económico de nuestro
país y por sobre todo profundizar nuestras relaciones democráticas
como sociedad que aún mantenía elementos de autoritarismo
y de falta de respeto por la diversidad social y cultural heredados de
la dictadura.
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Entendimos en ese momento que la tarea de diseñar políticas
públicas en un contexto de cambios en la planificación del
Estado, apuntaba no sólo a abrir espacios de participación
ciudadana sino también a hacer del diálogo basado en el respeto
mutuo, un rasgo central de una gestión basada en la negociación
como mecanismo de resolución de conflictos sociales y territoriales.
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Sabíamos que éstos podrían desarrollarse tanto a partir
de las carencias de los grupos sociales más vulnerables como de
las expectativas, necesidades y propuestas de nuestra debilitada sociedad
civil; parte de ésta son también los indígenas esperanzados
por la aprobación de una Ley discutida y analizada en más
de mil congresos y reuniones en todo el país.
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Para los indígenas y para mí en particular, este camino significaba
un desafío y a la vez una aventura.Asumimos con dedicación
y compromiso total la invitación, transformada luego en mandato,
que nos hizo el Presidente Frei: construir políticas públicas
indígenas en un Chile que necesitaba avanzar con pasos decididos
y respetuosos de las diferencias culturales en la construcción de
nuestro proyecto de país para el próximo milenio en medio
de la globalización . La globalización constituye para cada
uno de los ciudadanos y habitantes de nuestra patria ofertas y oportunidades,
pero también nos somete a enfrentar los desafíos y amenazas
con creatividad y unidad, a este último concepto quisimos adicionarle
otro elemento, unidad en la diversidad, como un aporte indígena
a la necesidad de abordar las relaciones internacionales tanto económicas
como sociales en un marco de diversidad cultural.
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Nuestra tarea estaba llena de desafíos, carecía de recursos
humanos y financieros suficientes pero nos llenaba de optimismo y esperanza.
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Enfrentamos la organización de la CONADI en todo el país,
el diseño de sus líneas programáticas, y la elaboración
de sus políticas, inspirados en el paradigma del Desarrollo con
Identidad y en la decidida voluntad que tanto el Gobierno del Presidente
Aylwin como el del Presidente Frei demostraban de iniciar un nuevo estilo
de gestión pública.
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Producto de ello se adquirieron 15.932,67 hectáreas de terrenos
para comunidades mapuche y más de 8.000 litros por segundo de agua
para las comunidades aymara y atacameñas. A ello deben sumarse las
más de treinta mil hectáreas de terrenos fiscales traspasados
a comunidades indígenas en estos tres años. Se establecieron
las bases sociales, técnicas y políticas para la Educación
Intercultural Bilingüe en Chile y se financiaron más de 1.100
proyectos de desarrollo.
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Al finalizar esta primera etapa del actual gobierno y al finalizar también,
en forma definitiva, mi responsabilidad directiva en el primer organismo
público de la historia de Chile, dirigido fundamentalmente por indígenas
y destinado a diseñar políticas estatales para nuestros pueblos,
debo señalar que pese a los esfuerzos desplegados, nuestros avances
han sido precarios y que la frustración es el sentimiento que marca
nuestro abandono del cargo y del compromiso asumido con el mandato que
nos entregó el Gobierno.
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Los actuales acontecimientos políticos y sociales marcados por conflictos
ambientales a lo largo del país, las disparidades sociales, los
conflictos de intereses económicos entre comunidades rurales y las
megainversiones que se proyectan para un Chile moderno y aparentemente
progresista, pero por sobretodo la presencia de un pensamiento dominante
y excluyente que concibe el progreso sólo desde un particular punto
de vista, nos recuerdan las condiciones y contextos del siglo pasado en
el que empleando discursos y posiciones políticas similares se fundamentó
la ocupación de los territorios mapuches en el sur y la incorporación
de los territorios rapanui y aymara en el norte. Pareciera que una vez
más, el aparente progreso de la nación debe ser a costa de
las tierras y modos de vida de sus habitantes originarios.
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El pensamiento económico dominante, ahogó las voluntades
políticas y las actitudes de respeto por la diversidad.
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Sin embargo, a diferencia del siglo pasado, el concepto de progreso que
se reproduce en los sistemas de información y en los discursos convencionales,
hoy no sólo tiene cuestionamientos desde los indígenas sino
que cada día recibe más cuestionamientos desde diferentes
sectores sociales desencantados por el avance avasallador de un modelo
de desarrollo que olvida los rasgos principales de la inspiración
humanista que nos unió en la recuperación de la democracia
y en la necesidad de construir una sociedad nacional justa, solidaria inspirada
en el empleo sustentable de sus recursos naturales y humanos.
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La incapacidad de los grupos dominantes para reconocer en la negociación
libre e informada uno de los mecanismos de resolución de las legítimas
diferencias de intereses y expectativas culturales, son rasgos que creíamos
superados en un sector que define la capacidad de gestión como uno
de sus logros principales en nuestro actual proceso de desarrollo nacional
.
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Quiero reforzar la idea de nuestra preocupación y desencanto por
la situación actual de nuestra patria, Chile. Esta es la tierra
de nuestros padres y abuelos, en ella nos puso Dios- Chao Ngenechén
para cuidarla y respetarla y nuestro mandato superior y trascendente es
mantenerla para los que vendrán.
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Es por ello que nos frustra y preocupa el conjunto de decisiones que en
este momento se toman en nombre del progreso de la humanidad; y en particular
de nuestra sociedad nacional , sin considerar el deterioro de nuestros
recursos, la pérdida de nuestra ya escasa autonomía económica
y la pérdida irremediable de un capital biológico y cultural
del cual los ya obsoletos pero aún convencionales análisis
económicos no logran dar cuenta.
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Nos referimos a la forma de presentar la información y los datos
con los cuales se justifican las inversiones como las represas hidreléctricas,
en particular las del Alto Bío Bío, la instalación
de ductos contaminadores en el borde costero como el de Mehuín y
el uso consuntivo de nuestros recursos naturales que continúan siendo
la base del progreso material de nuestro país.
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A ello agreguemos la construcción de vías y carreteras que
no logran ser plenamente consensuadas con los habitantes de los lugares
de origen, no porque éstos se opongan al progreso como se quiere
hacer creer, sino porque los mecanismos negociadores que se emplean no
apuntan a resolver problemas reales como la ausencia de participación
libre e informada de los afectados basada en el respeto y en negociaciones
efectivas más que imposiciones de proyectos disfrazados de consultas
participativas.
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Para la CONADI en su conjunto, esta situación ha sido compleja.
Nuestra concepción de la participación institucional en estas
situaciones ha sido como la de una bisagra entre el Estado y los pueblos
indígenas, su preocupación y la nuestra en especial ha sido
generar las condiciones para establecer diálogos y negociaciones
inspiradas en el respeto mutuo y en la libertad para expresar necesidades
y expectativas de todos los actores involucrados. Esta actitud no siempre
ha sido entendida así.
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Nuestra estrategia de negociación no puede ser vista como un signo
de debilidad administrativa, como opinan algunos políticos y miembros
de gobierno , ni tampoco puede ser vista como un compromiso de un indígena
que no respeta su condición de funcionario de gobierno.
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Nuestra intención y nuestra opción ha sido siempre generar
las condiciones para que los actores de un conflicto ambiental económico
y/o territorial puedan sentarse a conversar y negociar en igualdad de condiciones
en términos de información, respeto por los particulares
puntos de vista y concepciones de mundo y sobre todo por los particulares
intereses territoriales.
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Esta intención, en nuestra opinión, demuestra fortaleza y
no debilidad o incapacidad de gestión.
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Si se entiende como eficiencia directiva y administrativa imponer puntos
de vista y decisiones políticas ya tomadas, enmascaradas como negociaciones
participativas con las comunidades afectadas, debo señalar que esa
clasificación no corresponde ni a mi vocación democrática
ni a mi opción por la interculturalidad como principio de vida.
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Si ambas son consideradas deficiencias administrativas y políticas
que impiden mi permanencia en un cargo de confianza política, asumo
que ya no cuento con la confianza presidencial para conducir la CONADI,
pero asumo también, que prefiero perder esa confianza antes que
romper el compromiso contraído con mi pueblo y como ciudadano de
este país en el Cerro Ñielol con todos los habitantes de
mi Patria.
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Si esta opinión y opción de vida, se entienden como una posición
de indígena más que de funcionario público (como si
ambas fueran contradictorias) debo manifestar mi profundo pesar, porque
significa un fracaso total en nuestro intento y compromiso por contribuir
al desarrollo de políticas públicas indígenas y al
cumplimiento de la Ley que discutimos y analizamos en más de mil
reuniones y proyectó nuestro compromiso político.
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Sin embargo, debo a la vez manifestar mi esperanza en que esto no es así
y que el sueño de una patria multicultural unida en la diversidad,
es posible.
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Puedo entender también que los que continúen en este camino
deberán educar con más esmero a las autoridades del país
en los valores de la interculturalidad.
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Para ello se requiere la mantención de la Ley Indígena como
expresión de una alianza de respeto de deberes y derechos entre
el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas, iniciada y ratificada
como compromiso oficial en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989. Es importante
y urgente que el Gobierno realice gestos que expresen su voluntad de respetar
y hacer respetar la Ley, no sólo en lo relativo a los deberes de
los indígenas, sino también a sus derechos, que escuche los
planteamientos de la dirigencia indígena, que instruya a los funcionarios
públicos acerca de la Ley, que explicite una política de
respeto de los derechos y bienes indígenas que eventualmente se
vean afectados por megaproyectos públicos, o en los que tenga vinculación
directa como carreteras, puertos, obras de riego mayor, etc. Sin duda que
ello no resuelve la problemática de los megaproyectos privados,
pero sí da claras señales de la conducta que el Gobierno
asumirá en dichos casos, constituyendo un claro referente contra
el cual evaluar otras iniciativas.
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Es necesario reconocer la inmadurez del estado chileno en materia de descentralización
y desarrrollo de políticas diferenciadas según grupos sociales,
sumadas a la carencia de condiciones políticas regionales como para
mantener la actual estructura descentralizada de CONADI.
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Ello ha contribuido a que las políticas implementadas carezcan de
la total coherencia, que requiere el compromiso estatal de avanzar en materia
de descentralización y en la superación de enfoques exclusivamente
sectoriales . Por otra parte, la intención de imprimir nuevos enfoques
a las ya agotadas políticas sociales convencionales se ha visto
obstaculizada por una cultura estatal que continúa privilegiando
procedimientos más que resultados y que mantiene concepciones clásicas
respecto de indicadores de gestión. Esto último ha contribuído
a que los indígenas sean considerados exclusivamente como sujetos
pobres y carenciados cuyas particulares concepciones de mundo y expectativas
de modos de vida sean consideradas como expresiones de atraso social y
cultural y por tanto, no deseables para su desarrollo futuro.
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Hermanos y hermanas, amigos y compañeros en el desafío que
hasta ahora abordamos: Agradezco a cada uno de Uds. mapuches, aymaras,
atacameños, rapanui, coyas, kawaskar, yaganes, mestizos o simplemente
chilenos y también a los extranjeros, su compromiso, trabajo, entrega
de tiempo y energía para poner en marcha tanto la aplicación
de la ley Indígena como de la CONADI. Su aporte en la construcción
de este proyecto desafiante y hermoso de diseño de políticas
públicas indígenas para una sociedad que irremediablemente
será intercultural, fundamenta mi creencia de que este sueño
es posible. Agradezco especialmente a los funcionarios y trabajadores de
la Dirección Nacional por su responsabilidad, dedicación
y eficiencia en un medio distinto, nuevo y carente de recursos en el que
ninguno quiso caracterizarse por la imagen clásica de funcionarios
burocrátas y carentes de compromiso.
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No puedo dejar de mencionar a Don Patricio Aylwin, José Bengoa y
a todos los funcionarios de gobierno y dirigentes indígenas que
iniciaron este sueño en la CEPI. Hoy especialmente agradezco en
nombre de los funcionarios de la CONADI y en especial de mi parte, al Ministro
Roberto Pizarro por asumir a los pueblos indígenas como una oportunidad
para nuestro país y nuestra sociedad y su decidido apoyo y voluntad
en diseñar nuevas políticas públicas en un marco de
interculturalidad. A través de él agradezco al personal de
MIDEPLAN y a los Secretarios Regionales Ministeriales que lo acompañan
en esta tarea .
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Igualmente agradezco a la Sra. Ministra de Bienes Nacionales y a los funcioanrios
de su Gabinete su apoyo y voluntad en la concresión del Convenio
Interinstitucional que facilitó el traspaso de más de treinta
mil hectareas de tierras para nuestros pueblos indígenas.
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A mis hermanos Consejeros Indígenas con quienes enfrentamos diferencias,
asumimos desafíos y no siempre concordamos en las formas de establecer
relaciones con la sociedad nacional: Agradezco su apoyo, sus críticas
fraternas y demando su compromiso sostenido y permanente con el desarrollo
con Identidad .
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A mi pueblo mapuche, especialmente a los lonkos y machis que me aconsejaron
quiero decirles que di lo mejor de mí en esta tarea. Que cumplí
con honestidad y dedicación total esta misión, que las irregularidades
que se mencionan en la prensa y que se emplean como argumentos de mi destitución
no son tales. He
dado la cara siempre en relación a mis errores
y a mis faltas, pero en ellos jamás ha habido falta de honestidad,
falta de respeto a nuestros valores fundamentales y menos aún acciones
que puedan entenderse como corrupción o abuso de poder, ello también
es válido en mi condición de funcionario público.
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Los argumentos oficiales intentan señalar que el desorden administrativo
de la CONADI es la causa de mi destitución, a ello agregan el conflicto
insoluble con el Subdirector, hermano Mapuche, quien lamentablemente ha
sido funcional a las estrategias políticas del modelo dominante
y de las empresas interesadas en llevar adelante a costa del sacrificio
y de la pérdida de confianza en las capacidades indígenas
sus proyectos de inversión.
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El alejamiento de este cargo obedece a razones políticas de fondo,
ni siquiera partidarias o de acciones coyuntural. Es la firme convicción
de que, al menos en estos momentos, el estado chileno y el gobierno en
particular no están en condiciones de abordar un proyecto de país
multicultural.
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Las definiciones económicas han cooptado las voluntades políticas
que apreciamos al iniciar este trabajo.
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Sin embargo, no debemos perder las esperanzas. Esta vez no seremos derrotados
porque nuestra verdad es la que requiere toda la humanidad para asegurar
su futuro en esta tierra.
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MARRI CHIWEU MUCHAS GRACIAS
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Mauricio
Huenchulaf Cayuqueo.
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