DISCURSO MAURICIO HUENCHULAF CAYUQUEO,
DIRECTOR NACIONAL DE LA CONADI,
AL RENUNCIAR A SU CARGO.

Abril 25 de 1997


Compatriotas, Hermanos y Hermanas:
Puede parecer inusual que un Director de un servicio estatal realice un discurso público en el momento de abandonar el cargo que se le asignó como responsabilidad de Gobierno y como expresión de confianza del Presidente de la República.
Esta acción se fundamenta en la necesidad de informar a la ciudadanía y a mis hermanos indígenas, acerca de las razones por las que abandono la responsabilidad que se me encomendó en una gestión de estado, que fue entendida como una situación única e histórica para un indígena en las últimas décadas de nuestra historia.
La expresión más clara y simbólica de esta situación, fue la reunión con las autoridades tradicionales de mi pueblo, lonkos y machis, en el momento en que asumí. En esta reunión recibí consejos y recomendaciones para abordar esta responsabilidad adecuadamente, pero también un mandato: ser fiel a la aplicación de la ley Indígena, a nuestros pueblos y a nuestra patria , CHILE.
En ese momento, también como expresion de encuentro y acción de gracias, se realizó un Nguillatun en el Cerro Ñielol, Temuko. En esta ceremonia, la más importante del pueblo mapuche, participaron tanto hermanos indígenas como no indigenas queriendo demostrar el sentimiento de unidad y respeto en la diversidad que inspirarían nuestro quehacer en el gobierno que mayoritariamente habiamos elegido y del cual nos sentimos parte.
Asumía un nuevo gobierno democrático, acababa de aprobarse la Ley Indígena y la creación de la CONADI y se abrían nuevos caminos, no sólo para establecer un diálogo y un nuevo estilo de relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad nacional y el Estado de Chile, sino que además se generaron nuevas posibilidades para la incorporación activa de técnicos y profesionales indígenas en el aparato público. Era un intento, de parte de los que asumimos ese desafío, de fortalecer la democracia en un marco de modernización del país y del Estado chileno. Asumíamos el mandato que generaba el naciente gobierno de construir políticas públicas modernas y eficientes que permitieran superar la pobreza, fortalecer el desarrollo económico de nuestro país y por sobre todo profundizar nuestras relaciones democráticas como sociedad que aún mantenía elementos de autoritarismo y de falta de respeto por la diversidad social y cultural heredados de la dictadura.
Entendimos en ese momento que la tarea de diseñar políticas públicas en un contexto de cambios en la planificación del Estado, apuntaba no sólo a abrir espacios de participación ciudadana sino también a hacer del diálogo basado en el respeto mutuo, un rasgo central de una gestión basada en la negociación como mecanismo de resolución de conflictos sociales y territoriales.
Sabíamos que éstos podrían desarrollarse tanto a partir de las carencias de los grupos sociales más vulnerables como de las expectativas, necesidades y propuestas de nuestra debilitada sociedad civil; parte de ésta son también los indígenas esperanzados por la aprobación de una Ley discutida y analizada en más de mil congresos y reuniones en todo el país.
Para los indígenas y para mí en particular, este camino significaba un desafío y a la vez una aventura.Asumimos con dedicación y compromiso total la invitación, transformada luego en mandato, que nos hizo el Presidente Frei: construir políticas públicas indígenas en un Chile que necesitaba avanzar con pasos decididos y respetuosos de las diferencias culturales en la construcción de nuestro proyecto de país para el próximo milenio en medio de la globalización . La globalización constituye para cada uno de los ciudadanos y habitantes de nuestra patria ofertas y oportunidades, pero también nos somete a enfrentar los desafíos y amenazas con creatividad y unidad, a este último concepto quisimos adicionarle otro elemento, unidad en la diversidad, como un aporte indígena a la necesidad de abordar las relaciones internacionales tanto económicas como sociales en un marco de diversidad cultural.
Nuestra tarea estaba llena de desafíos, carecía de recursos humanos y financieros suficientes pero nos llenaba de optimismo y esperanza.
Enfrentamos la organización de la CONADI en todo el país, el diseño de sus líneas programáticas, y la elaboración de sus políticas, inspirados en el paradigma del Desarrollo con Identidad y en la decidida voluntad que tanto el Gobierno del Presidente Aylwin como el del Presidente Frei demostraban de iniciar un nuevo estilo de gestión pública.
Producto de ello se adquirieron 15.932,67 hectáreas de terrenos para comunidades mapuche y más de 8.000 litros por segundo de agua para las comunidades aymara y atacameñas. A ello deben sumarse las más de treinta mil hectáreas de terrenos fiscales traspasados a comunidades indígenas en estos tres años. Se establecieron las bases sociales, técnicas y políticas para la Educación Intercultural Bilingüe en Chile y se financiaron más de 1.100 proyectos de desarrollo.
Al finalizar esta primera etapa del actual gobierno y al finalizar también, en forma definitiva, mi responsabilidad directiva en el primer organismo público de la historia de Chile, dirigido fundamentalmente por indígenas y destinado a diseñar políticas estatales para nuestros pueblos, debo señalar que pese a los esfuerzos desplegados, nuestros avances han sido precarios y que la frustración es el sentimiento que marca nuestro abandono del cargo y del compromiso asumido con el mandato que nos entregó el Gobierno.
Los actuales acontecimientos políticos y sociales marcados por conflictos ambientales a lo largo del país, las disparidades sociales, los conflictos de intereses económicos entre comunidades rurales y las megainversiones que se proyectan para un Chile moderno y aparentemente progresista, pero por sobretodo la presencia de un pensamiento dominante y excluyente que concibe el progreso sólo desde un particular punto de vista, nos recuerdan las condiciones y contextos del siglo pasado en el que empleando discursos y posiciones políticas similares se fundamentó la ocupación de los territorios mapuches en el sur y la incorporación de los territorios rapanui y aymara en el norte. Pareciera que una vez más, el aparente progreso de la nación debe ser a costa de las tierras y modos de vida de sus habitantes originarios.
El pensamiento económico dominante, ahogó las voluntades políticas y las actitudes de respeto por la diversidad.
Sin embargo, a diferencia del siglo pasado, el concepto de progreso que se reproduce en los sistemas de información y en los discursos convencionales, hoy no sólo tiene cuestionamientos desde los indígenas sino que cada día recibe más cuestionamientos desde diferentes sectores sociales desencantados por el avance avasallador de un modelo de desarrollo que olvida los rasgos principales de la inspiración humanista que nos unió en la recuperación de la democracia y en la necesidad de construir una sociedad nacional justa, solidaria inspirada en el empleo sustentable de sus recursos naturales y humanos.
La incapacidad de los grupos dominantes para reconocer en la negociación libre e informada uno de los mecanismos de resolución de las legítimas diferencias de intereses y expectativas culturales, son rasgos que creíamos superados en un sector que define la capacidad de gestión como uno de sus logros principales en nuestro actual proceso de desarrollo nacional .
Quiero reforzar la idea de nuestra preocupación y desencanto por la situación actual de nuestra patria, Chile. Esta es la tierra de nuestros padres y abuelos, en ella nos puso Dios- Chao Ngenechén para cuidarla y respetarla y nuestro mandato superior y trascendente es mantenerla para los que vendrán.

 
Es por ello que nos frustra y preocupa el conjunto de decisiones que en este momento se toman en nombre del progreso de la humanidad; y en particular de nuestra sociedad nacional , sin considerar el deterioro de nuestros recursos, la pérdida de nuestra ya escasa autonomía económica y la pérdida irremediable de un capital biológico y cultural del cual los ya obsoletos pero aún convencionales análisis económicos no logran dar cuenta.

 
Nos referimos a la forma de presentar la información y los datos con los cuales se justifican las inversiones como las represas hidreléctricas, en particular las del Alto Bío Bío, la instalación de ductos contaminadores en el borde costero como el de Mehuín y el uso consuntivo de nuestros recursos naturales que continúan siendo la base del progreso material de nuestro país.

 
A ello agreguemos la construcción de vías y carreteras que no logran ser plenamente consensuadas con los habitantes de los lugares de origen, no porque éstos se opongan al progreso como se quiere hacer creer, sino porque los mecanismos negociadores que se emplean no apuntan a resolver problemas reales como la ausencia de participación libre e informada de los afectados basada en el respeto y en negociaciones efectivas más que imposiciones de proyectos disfrazados de consultas participativas.

 
Para la CONADI en su conjunto, esta situación ha sido compleja. Nuestra concepción de la participación institucional en estas situaciones ha sido como la de una bisagra entre el Estado y los pueblos indígenas, su preocupación y la nuestra en especial ha sido generar las condiciones para establecer diálogos y negociaciones inspiradas en el respeto mutuo y en la libertad para expresar necesidades y expectativas de todos los actores involucrados. Esta actitud no siempre ha sido entendida así.

 
Nuestra estrategia de negociación no puede ser vista como un signo de debilidad administrativa, como opinan algunos políticos y miembros de gobierno , ni tampoco puede ser vista como un compromiso de un indígena que no respeta su condición de funcionario de gobierno.

 
Nuestra intención y nuestra opción ha sido siempre generar las condiciones para que los actores de un conflicto ambiental económico y/o territorial puedan sentarse a conversar y negociar en igualdad de condiciones en términos de información, respeto por los particulares puntos de vista y concepciones de mundo y sobre todo por los particulares intereses territoriales.

 
Esta intención, en nuestra opinión, demuestra fortaleza y no debilidad o incapacidad de gestión.

 
Si se entiende como eficiencia directiva y administrativa imponer puntos de vista y decisiones políticas ya tomadas, enmascaradas como negociaciones participativas con las comunidades afectadas, debo señalar que esa clasificación no corresponde ni a mi vocación democrática ni a mi opción por la interculturalidad como principio de vida.

 
Si ambas son consideradas deficiencias administrativas y políticas que impiden mi permanencia en un cargo de confianza política, asumo que ya no cuento con la confianza presidencial para conducir la CONADI, pero asumo también, que prefiero perder esa confianza antes que romper el compromiso contraído con mi pueblo y como ciudadano de este país en el Cerro Ñielol con todos los habitantes de mi Patria.

 
Si esta opinión y opción de vida, se entienden como una posición de indígena más que de funcionario público (como si ambas fueran contradictorias) debo manifestar mi profundo pesar, porque significa un fracaso total en nuestro intento y compromiso por contribuir al desarrollo de políticas públicas indígenas y al cumplimiento de la Ley que discutimos y analizamos en más de mil reuniones y proyectó nuestro compromiso político.

 
Sin embargo, debo a la vez manifestar mi esperanza en que esto no es así y que el sueño de una patria multicultural unida en la diversidad, es posible.

 
Puedo entender también que los que continúen en este camino deberán educar con más esmero a las autoridades del país en los valores de la interculturalidad.

 
Para ello se requiere la mantención de la Ley Indígena como expresión de una alianza de respeto de deberes y derechos entre el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas, iniciada y ratificada como compromiso oficial en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989. Es importante y urgente que el Gobierno realice gestos que expresen su voluntad de respetar y hacer respetar la Ley, no sólo en lo relativo a los deberes de los indígenas, sino también a sus derechos, que escuche los planteamientos de la dirigencia indígena, que instruya a los funcionarios públicos acerca de la Ley, que explicite una política de respeto de los derechos y bienes indígenas que eventualmente se vean afectados por megaproyectos públicos, o en los que tenga vinculación directa como carreteras, puertos, obras de riego mayor, etc. Sin duda que ello no resuelve la problemática de los megaproyectos privados, pero sí da claras señales de la conducta que el Gobierno asumirá en dichos casos, constituyendo un claro referente contra el cual evaluar otras iniciativas.

 
Es necesario reconocer la inmadurez del estado chileno en materia de descentralización y desarrrollo de políticas diferenciadas según grupos sociales, sumadas a la carencia de condiciones políticas regionales como para mantener la actual estructura descentralizada de CONADI.

 
Ello ha contribuido a que las políticas implementadas carezcan de la total coherencia, que requiere el compromiso estatal de avanzar en materia de descentralización y en la superación de enfoques exclusivamente sectoriales . Por otra parte, la intención de imprimir nuevos enfoques a las ya agotadas políticas sociales convencionales se ha visto obstaculizada por una cultura estatal que continúa privilegiando procedimientos más que resultados y que mantiene concepciones clásicas respecto de indicadores de gestión. Esto último ha contribuído a que los indígenas sean considerados exclusivamente como sujetos pobres y carenciados cuyas particulares concepciones de mundo y expectativas de modos de vida sean consideradas como expresiones de atraso social y cultural y por tanto, no deseables para su desarrollo futuro.

 
Hermanos y hermanas, amigos y compañeros en el desafío que hasta ahora abordamos: Agradezco a cada uno de Uds. mapuches, aymaras, atacameños, rapanui, coyas, kawaskar, yaganes, mestizos o simplemente chilenos y también a los extranjeros, su compromiso, trabajo, entrega de tiempo y energía para poner en marcha tanto la aplicación de la ley Indígena como de la CONADI. Su aporte en la construcción de este proyecto desafiante y hermoso de diseño de políticas públicas indígenas para una sociedad que irremediablemente será intercultural, fundamenta mi creencia de que este sueño es posible. Agradezco especialmente a los funcionarios y trabajadores de la Dirección Nacional por su responsabilidad, dedicación y eficiencia en un medio distinto, nuevo y carente de recursos en el que ninguno quiso caracterizarse por la imagen clásica de funcionarios burocrátas y carentes de compromiso.

 
No puedo dejar de mencionar a Don Patricio Aylwin, José Bengoa y a todos los funcionarios de gobierno y dirigentes indígenas que iniciaron este sueño en la CEPI. Hoy especialmente agradezco en nombre de los funcionarios de la CONADI y en especial de mi parte, al Ministro Roberto Pizarro por asumir a los pueblos indígenas como una oportunidad para nuestro país y nuestra sociedad y su decidido apoyo y voluntad en diseñar nuevas políticas públicas en un marco de interculturalidad. A través de él agradezco al personal de MIDEPLAN y a los Secretarios Regionales Ministeriales que lo acompañan en esta tarea .

 
Igualmente agradezco a la Sra. Ministra de Bienes Nacionales y a los funcioanrios de su Gabinete su apoyo y voluntad en la concresión del Convenio Interinstitucional que facilitó el traspaso de más de treinta mil hectareas de tierras para nuestros pueblos indígenas.

 
A mis hermanos Consejeros Indígenas con quienes enfrentamos diferencias, asumimos desafíos y no siempre concordamos en las formas de establecer relaciones con la sociedad nacional: Agradezco su apoyo, sus críticas fraternas y demando su compromiso sostenido y permanente con el desarrollo con Identidad .

 
A mi pueblo mapuche, especialmente a los lonkos y machis que me aconsejaron quiero decirles que di lo mejor de mí en esta tarea. Que cumplí con honestidad y dedicación total esta misión, que las irregularidades que se mencionan en la prensa y que se emplean como argumentos de mi destitución no son tales. He dado la cara siempre en relación a mis errores y a mis faltas, pero en ellos jamás ha habido falta de honestidad, falta de respeto a nuestros valores fundamentales y menos aún acciones que puedan entenderse como corrupción o abuso de poder, ello también es válido en mi condición de funcionario público.

 
Los argumentos oficiales intentan señalar que el desorden administrativo de la CONADI es la causa de mi destitución, a ello agregan el conflicto insoluble con el Subdirector, hermano Mapuche, quien lamentablemente ha sido funcional a las estrategias políticas del modelo dominante y de las empresas interesadas en llevar adelante a costa del sacrificio y de la pérdida de confianza en las capacidades indígenas sus proyectos de inversión.

 
El alejamiento de este cargo obedece a razones políticas de fondo, ni siquiera partidarias o de acciones coyuntural. Es la firme convicción de que, al menos en estos momentos, el estado chileno y el gobierno en particular no están en condiciones de abordar un proyecto de país multicultural.

 
Las definiciones económicas han cooptado las voluntades políticas que apreciamos al iniciar este trabajo.

 
Sin embargo, no debemos perder las esperanzas. Esta vez no seremos derrotados porque nuestra verdad es la que requiere toda la humanidad para asegurar su futuro en esta tierra.

MARRI CHIWEU MUCHAS GRACIAS

 
Mauricio Huenchulaf Cayuqueo.