DECLARACIÓN 

En el día de hoy, viernes 25 de abril de 1997, se ha hecho efectiva la solicitud del Gobierno para que renuncie al cargo de Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Dada mi evidente distancia con las posiciones asumidas por autoridades del Gobierno, lo que ha llamado la atención y preocupación de la opinión pública nacional e internacional, y dadas las razones que se han aludido públicamente para justificar mi alejamiento involuntario del cargo de Director Nacional, considero relevante precisar mi posición respecto a la decisión tomada y, en igual forma, respecto a las implicancias que, estimo, tendrá esta decisión en la relación futura entre el Estado y los pueblos indígenas de Chile.

Históricamente, la CONADI surgió como producto del Acuerdo de Nueva Imperial, donde el entonces candidato a la Presidencia de la República, Sr. Patricio Aylwin Azocar, a nombre de la Concertación de Partidos por la Democracia, se comprometió a iniciar la construcción de una nueva relación entre sociedad y Estado chileno y sus pueblos indígenas.

Este compromiso tuvo un primer gran hito en la aprobación unánime de la Ley Indígena por parte del Congreso Nacional. Pese a las importantes modificaciones que sufrió en el trámite administrativo y legislativo, respecto a la propuesta que inicialmente hicieron nuestros pueblos, la Ley Indígena fue considerada en su momento un inmenso avance en las relaciones interétnicas en Chile.

Tras un siglo de olvido en la historia oficial de la República de Chile, los indígenas y sus culturas eran finalmente reconocidos y valorados como tales, comprometiéndose el Estado y la sociedad chilena a velar por su protección y fomento.

No obstante, a poco andar esta Ley Indígena, surgida en un clima de amplio debate y movilización social de nuestro pueblos, ha ido quedando en el olvido y sus disposiciones han comenzado a ser violentadas. Hoy, lejos de ser valorada por el estado como un instrumento de resguardo de nuestros pueblos y culturas, se le percibe como un obstáculo para la expansión irreflexiva y desmedida de múltiples intereses económicos, privados y públicos, que ven en nuestros ya menguados territorios ancestrales, una nueva frontera de expansión.

La modernización acelerada e incontrolada del país está produciendo tensiones insostenibles para nuestros pueblos, que amenazan su propia existencia. La lista de conflicto por la aprobación indebida de nuestros recursos naturales aumenta diariamente. En el mundo andino, aymará y atacameños luchan denodadamente para que las compañías mineras y las grandes ciudades no les inscriban los derechos de agua y terminen secando sus pueblos antiplánicos; en la Isla de Pascua, el pueblo Rapa Nui ve dificultada su posibilidad de acceder a nuevas tierras, debiendo conformarse con apenas un 5 por ciento de la superficie total; el pueblo mapuche, por su parte no sólo debe hacer frente a nuevas obras viales e hidroeléctricas, que pretende nuevamente ocupar sus tierras ancestrales, cargando a su cuenta los costo de las modernizaciones que requeriría el país. También es un hecho que la expansión de la industria forestal y la explosión y sustitución inmisericorde del bosque nativo, acorralan nuestros predios y secan sus cursos de agua; y las concesiones mineras bajo las tierras indígenas, la entrega de derechos de agua a terceros y las concesiones de playa para fines acuícolas o turísticos, crean un escenario de insoportable presión especuladora privada, donde la CONADI no cuenta con ninguna capacidad reguladora ni fiscalizadora.

Al respecto, se ha aludido en la prensa al sobrepago de 120 millones de pesos para compra de tierras por parte de la CONADI, como un escándalo . Compras de han debido realizarse para proteger a indígenas de perderlo todo. En mi posición, el escándalo debe verse en la verdadera subasta a que están expuestos nuestros territorios en la actualidad, respecto a los cuales el Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI no alcanza sino para un simple de declaración de intenciones.

Las autoridades de gobierno, al proponer directamente estas nuevas intervenciones en nuestros territorios ancestrales protegidos por la propia Ley Indígena, amenaza con romper el precario puente de diálogo construido en la Transición democrática y provocar una intensa radicalización de nuestro pueblos, que comienzan a mirar el futuro sin esperanzas de cambios mayores en su desmedrada posición.,

El proyecto Central Hidroeléctrica Ralco resulta a este respecto emblemático. Y así lo han comprendido no sólo los pueblos indígenas de Chile, sino el propio Consejo Nacional de CONADI, compuesto por 5 representantes de Ministerios, 3 representantes del Presidente de la República y 8 representantes indígenas.

Ha sido el propio Consejo Nacional quien ha denegado cualquier posibilidad de permuta de tierras indígenas con ENDESA S.A., por considerar que el proyecto es ilegal. Desición que he asumido plenamente, tanto en mi calidad de Presidente del Consejo Nacional la CONADI y como en mi calidad de indígena.

Más aún, la propia CONAMA se ha debido enfrentar a una abrumadora cantidad de informes sectoriales que señalan la inviabilidad jurídica del proyecto o la ausencia de antecedentes suficientes que lo justifiquen en todos sus componentes. El propio Presidente del Grupo Banco Mundial ha debido dirigir una queja al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos pactados con ENDESA S.A. en relación a las mal llamadas mitigaciones y compensaciones para los pehuenches del Alto Bio Bio, afectados por la primera represa.

Por lo anterior, en necesario volver a insistir en que el proyecto viola al menos el art.1º y el 13º de la Ley Indígena y, como indígena en el Gobierno, mandato por una ley especial de protección, ha sido mi deber pronunciarme irrestrictamente en favor del respeto de los derechos de los indígenas y de su dignidad como ciudadanos de este país.

Se equivocan profundamente en el Gobierno aquellos que creen que esta institución es simplemente otro instrumento del Estado para acomodar intereses de toda naturaleza sobre nuestros territorios. La propia composición y atribuciones de su Consejo Nacional, unidas al espíritu y letra de las disposiciones de protección, contradicen tal mirada.

Disponer a la CONADI en tal dirección sólo provocará su fin como institucionalidad del pacto suscrito entre el Estado y los pueblos indígenas de Chile. Más aún, si esta es la voluntad del Gobierno, por una mínima deferencia ética, le solicito encarecidamente que no sea un indígena quien sea designado para asumir tal responsabilidad.

Nuestros pueblos consideran que la gobernabilidad democrática no se puede construir basada en el violentamiento de disposiciones legales y voluntades políticas. Menos, contraponiendo a hermanos indígenas entre si, para que asuman la Ley Indígena, que contribuímos a crear, como moneda de cambio por las nuevas expropiaciones que estamos sufriendo. Ni cien veces el valor en dinero de nuestros territorios nos podrán hacer olvidar que se está violando un pacto y se ofendido nuestra dignidad.

Hago un llamado a la sociedad chilena; a los Partidos de la Concertación, como depositarrios del Acuerdo de Nueva Imperial; a las iglesias, en tanto conciencia moral del país, a meditar en torno a las implicancias de las decisiones que se están tomando sobre nuestros territorios y culturas y a entender que la distracción provocada a través de los medios de prensa aludiendo a desordenes administrativos y a conflictos personales entre el Subdirector y mi persona sólo contribuyen a enmascarar el trasfondo político de esta situación y resultan funcionales a las estrategias de la empresa que ha desarrollado una millonaria campaña publicitaria para justificar la inversión de un proyecto que carece de viabilidad legal.

Llamo a la comunidad internacional a manifestar su preocupación por la situación de los pueblos indígenas de Chile, y en particular por nuestros hermanos pehuenches del Alto Bio Bio, que habiendo logrado sobrevivir hace un siglo atrás a otra embestida modernizadora y refugiados en medio de las montañas del país, hoy son nuevamente perturbados por dudosos ofrecimientos de progreso y por una clara amenaza a su supervivencia como pueblo.

Que nuestro Chau Gnechen ilumine a las autoridades de este país para que no se repitan los errores históricos de sus antepasados; para que no requieran enterrar bajo un nuevo olvido de 100 años, las injusticias que se estan produciendo sobre nuestras tierras ancestrales.

Que prime el dialogo franco y abierto, la tolerancia y el respeto para los primeros habitantes de este territorio.

Y a nuestros hermanos y hermanas, fuerza y valentía para defender nuestros derechos.

Mauricio Huenchulaf Cayuqueo.