ANGOL.
- El ofrecimiento de compra formal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a la Forestal Mininco de las tierras en disputa, la instauración de una mesa de diálogo entre la comunidad Loncoyán Grande, la Gobernación de Malleco y la Conadi, junto al compromiso de que los mapuches depondrán sus razones de fuerza, fueron los compromisos alcanzados ayer tras la reunión que sostuvieron en el edificio de la Gobernación de esta ciudad, las partes en conflicto.
A la cita, no obstante, no concurrió la empresa forestal, dueña de los terrenos del fundo El Rincón, que estuvo ocupadas por los mapuches.
La situación es complicada para el Gobierno, ya que la Forestal Mininco a través de su gerente general, Andrés Ovalle, ha sostenido que la política de la empresa es no vender los predios que han sido ocupados o dañados por comunidades aledañas a éstos.
Asimismo, las empresas forestales de la zona, agrupadas en la Corporación Regional de la Madera (Corma) han rechazado lo obrado por el Gobierno.
Sostienen, que el acuerdo logrado entre el jefe de gabinete de la Gobernación, Abdulio Baldevenido, no les fue consultado, por lo cual, no los representa.
Asimismo, añaden que lo pactado es una mala señal que puede derivar en que los mapuches consideren que mediante la presión pueden obtener las tierras, que dicen son suyas.
Para la Forestal Mininco la situación es preocupante, porque poseen cerca de 40 mil hectáreas de terreno que son colindantes con asentamientos mapuches.
Dicho trámite, añadió, se perfeccionará en marzo próximo, donde se le notificará a la Forestal Mininco la intención de compra.
-¿Está dentro del presupuesto de la Conadi, la posibilidad de adquirir los terrenos tazados en más de mil millones de pesos?
-No quisiera aventurar un presupuesto, porque la Conadi tiene un mecanismo de tasación hecho por el Banco del Estado.
Los fondos que tiene la corporación para dar cumplimiento a este acuerdo están recaudados y disponibles.
-¿En cuántos años se concretará la compra?
-No puedo profundizar sobre una suposición, porque mientras no nos responda la forestal, cualquier respuesta es elucubración.
-Primero la posesión de las tierras, porque es lo que nosotros necesitamos, y segundo, tienen que devolvernos los árboles que la comunidad plantó, y en eso mantendremos nuestra firmeza.
Carlos Maril, líder de la toma mapuche en el predio El Rincón, se mostró satisfecho al término de la reunión y estrechó las manos de los personeros de Gobierno.
Maril expresó estar consciente de que "las cosas no se arreglan de la noche a la mañana".
Respecto del plazo de una semana que habían dado para que el Gobierno solucionara el tema de la compra de tierras, dijo que "eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, según se vayan dando las cosas".
Añadió en definitiva, no poder pronunciarse sobre el punto, "porque quiero ver los resultados.
Ahora el 3 de marzo tenemos una próxima reunión, y entonces ahí vamos a decidir", dijo.
En cuanto al apoyo del Gobierno, opinó que sólo "ahora ha conocido verdaderamente los problemas de la comunidad Loncoyán Grande".
-Gobernador, ¿no es esto una intervención en un proceso judicial entre privados?
-De ninguna manera.
El procedimiento judicial está en pleno desarrollo.
Nosotros no vamos a entorpecer las gestiones del tribunal, lo que hemos hecho, son gestiones tendientes a darle una salida pacífica al conflicto.
-La Corma plantea que es una mala señal el haber intervenido, porque se puede dar pie a otras tomas.
Ellos manifiestan preocupación.
-Han manifestado preocupación, porque la Corma entiende que hacer gestiones para que la gente no sea desalojada a través del ejercicio de la fuerza, es menos disuasivo.
Nosotros pensamos distinto.
Si se produce un retiro voluntario de los ocupantes del predio, es más efectivo que el imperativo de los palos.
Yo lamento la opción de la Corma.
El país no quiere esa opción.
-Como máxima autoridad de la zona, ¿puede garantizar que los mapuches no realizarán más tomas?
-Me encantaría poder garantizarlo, si vivimos en un país en el cual todas las personas seremos respetados en nuestros derechos.
Pero desgraciadamente, yo no puedo hacer ese tipo de garantías.
Lo que sí puedo garantizar, es que vamos a ejercer nuestra autoridad dentro de los límites que nos permite la legislación.
A su juicio, el objetivo "es dilatar el conflicto".
Similar posición manifestó José Raimán, dirigente mapuche de la comuna de Lumaco, quien dijo que la autoridad busca atomizar el movimiento indígena.
Desde su perspectiva, dijo, "el conflicto no se solucionará con el acuerdo".
En la mañana de ayer, en tanto, sostuvieron una reunión el prefecto de la provincia de Malleco, Manuel Cadenas, el juez de Angol que lleva la causa, Jorge Ulloa y personal de la Dipolcar.
A la salida de la reunión, el juez Ulloa manifestó que la causa sigue su curso y que realizará las diligencias pertinentes en torno a ésta
Sna
En tanto, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) calificó de "irresponsable" el acuerdo suscrito entre la Conadi y los ocupantes ilegales, "en el sentido .
de que les sea vendido el referido predio como una solución al conflicto, compromiso que ha sido asumido al margen y con la oposición de su propietaria, la empresa Forestal Mininco".
A su juicio, "el Gobierno debe hacer valer todos los medios de que dispone para poner atajo a las ocupaciones de tierras, las que hacen recordar situaciones de violencia ocurridas en el pasado", puntualizó.
Junto a él trabajan los abogados Rodrigo Lillo y Matías Colt.
-¿Cómo califica la posición de la Forestal Mininco?
-Espero que la empresa no persista en su posición obstinada y de carácter persecutorio contra los indígenas.
Espero que se desista de la acción y que en definitiva acceda a la petición que formalmente le hará la Conadi.
-¿Cuál es el valor jurídico que tiene para la causa, el hecho que la comunidad Loncoyán Grande haya tenido posesión durante la década del "70 de los terrenos en litigio?
-Es un indicio más de lo justo de la demanda.
Ellos no están demandando algo que no les perteneció.
La posesión más reciente que tuvieron fue el acta de entrega que se hizo en la Gobernación de Traiguén por parte del antiguo propietario, pero que desde el punto de vista formal, es sólo un antecedente, porque para los mapuches el tema de la propiedad inscrita no está dentro de su marco cultural, por lo cual, han sido objeto de expropiaciones permanentes.