Aseguran que habrá unas 400. 000 hectáreas en disputa
Mapuches anuncian año de protestas por sus tierras Dirigentes de la etnia señalaron que "no estamos hablando de un levantamiento, pero sí de una reparación por la vía legal". Por Juan Andrés Guzmán La Tercera en Internet 02 de Febrero de 1998
"En marzo se desatarán una decena de conflictos, como el de Lumaco. En marzo vienen las tomas". Así lo aseguró ayer el abogado José Lincoqueo, quien defendió a los 11 mapuches procesados por su presunta participación en el incendio de dos camiones de la Forestal Arauco, en la citada localidad de la Novena Región.
El profesional, que labora en Temuco y Cañete, fue escuchado ayer por una veintena de mapuches de Santiago en una reunión organizada por la coordinadora de esa etnia en la Región Metropolitana. Los dirigentes de ese organismo compartieron el vaticinio.
En la ocasión, Lincoqueo sostuvo los recientes conflictos que incluyen tomas de predios como la ocurrida en Cañete en enero pasado, se fundamentan en "una toma de conciencia de los derechos de los mapuches y en sólidos argumentos histórico-jurídicos".
Basándose en estos últimos, los indígenas mantienen en la actualidad cerca de 30 litigios por la propiedad de aproximadamente 120. 000 hectáreas, al sur del río Biobío.
Lincoqueo aseguró que 1998 será un año de protestas y habrá cerca de 400. 000 hectáreas de terreno en disputa.
Bomba atómica
Los argumentos históricos-jurídicos del profesional han despertado en la comunidad mapuche un ánimo reivindicacionista de incalculables consecuencias. "Tienen el efecto de una bomba atómica social", asegura.Consultado sobre el nivel de conflicto que se puede desatar, los dirigentes señalaron que "no estamos hablando de un levantamiento, pero sí de una reparación por la vía legal y por la vía de los hechos".
Con todo, la argumentación es inquietante. Cuestiona en el fondo, "la soberanía del Estado chileno sobre los territorios al sur del Biobío y la legitimidad de los tribunales chilenos para resolver estos conflictos por cuanto son funcionales a un Estado que actuó como pirata y bandido", explica Lincoqueo.
Los dirigentes de la Coordinadora Metropolitana ejemplifican lo anterior relatando la historia de la propiedad que hoy posee Forestal Arauco en Lumaco. Aseguran que, durante el siglo pasado, se registró ahí una ocupación militar de territorios indígenas y la muerte de más de un centenar de mapuches. "Dicho territorio no pertenecía a Chile como lo demuestra el hecho de que no había representación parlamentaria en la zona. El mismo Consejo de Defensa del Estado lo ha reconocido en un informe sobre el particular. De modo que eso fue la agresión de un Estado sobre otro, sin mediar declaración de guerra, lo que transforma el acto, según la legislación chilena vigente a la fecha, en un acto de piratería y bandidaje", concluye Lincoqueo
Parlamento de Negrete
Los fundamentos históricos en que se basan las reclamaciones de las comunidades mapuches tienen su mayor apoyo en un documento que el abogado Lincoqueo encontró en 1996, tras una larga búsqueda.Se trata del "Parlamento de Negrete", de 1803, donde la corona española reconoce la soberanía de los territorios de La Araucanía, que comenzaban al sur del río Biobío.
Lincoqueo señala que la validez de ese documento queda en evidencia en cerca de 60 conexiones y referencias que se hacen al Parlamento de Negrete en el código civil de 1857. "Sobre todo en el artículo final de dicho código, donde se valida y deroga todo el articulado español".
Agrega que en el mismo código se establece la necesidad de "una declaración de guerra para el caso de conflicto bélico entre dos estados independientes como eran en esa fecha Chile y Arauco. En caso contrario, el agresor comete el delito de bandidaje y piratería. En 1860, tres años después de la dictación de ese código comenzó lo que se conoce como la Pacificación de la Araucanía y que no fue otra cosa que una guerra no declarada, con usurpación de tierras y matanzas", sostuvo Lincoqueo.
El abogado José Lincoqueo expuso ante una veintena de mapuches los argumentos en que se basan las reclamaciones de tierras de las comunidades al sur del Biobío.