TEMUCO. - Por cuarta vez consecutiva desde que se inició el proceso, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco negó la libertad provisional bajo fianza, a los once comuneros mapuches que permanecen detenidos en la cárcel de Temuco -y sometidos a proceso en virtud de la Ley de Seguridad del Estado-, por su presunta participación en el atentado a un grupo de camiones de la Forestal Arauco. Los indígenas cumplen su tercer día de huelga de hambre indefinida, en medio de insistentes rumores acerca de un posible cambio de abogado para que asuma su defensa, en reemplazo del profesional José Lincoqueo.
Tal como había anunciado La Tercera, durante la mañana de ayer la sala que está viendo el caso Lumaco volvió a escuchar los alegatos de la defensa de los comuneros mapuches y de la abogada de la Intendencia, Vivianne Brevis, con el propósito de pronunciarse acerca de la petición del beneficio de libertad provisional solicitado por los detenidos.
Sin embargo, la decisión de la Segunda Sala nuevamente fue adversa a tal solicitud, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en las ocasiones anteriores, esta vez el abogado integrante Jorge Mera se pronunció a favor de la libertad de José Chureo Cuitiño -presidente de la comunidad Pichi Loncoyán- y Juan Carlos Reinao. No obstante, con los votos contrarios de los ministros Archibaldo Loyola y Luis de La Fuente, la decisión de mantenerlos a todos en la cárcel se mantuvo a firme.
Asimismo, trascendió que aún existirían bastantes diligencias pendientes en este proceso, por lo que no se descarta la posibilidad que el nuevo juez instructor (subrogante), Víctor Reyes, se traslade a la comuna de Lumaco y además solicite la presencia de personal de Dipolcar, proveniente de Santiago.
Respecto de la situación de los huelguistas, desde la Dirección Regional de Gendarmería, se informó que los once reclusos se mantienen aún sin alteraciones serias de salud, dado que recién cumplieron dos días en ayuno.
En todo caso, y como ocurre en situaciones de este tipo, los internos
son examinados periódicamente por el equipo médico que posee
el recinto penitenciario, a fin de prevenir cualquier situación
de emergencia que habitualmente se produce después de cinco días
en huelga de hambre.