Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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CRONICA   
04 de Abril de 2000
Otros siete comuneros quedaron en libertad 
Ministro Grandón procesó a 6 mapuches por desacato en ocupación de juzgado 

Entre los procesados se encuentra Víctor Ancalaf, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco. 
Fredy Palomera, Temuco 




El vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf, fue sometido a proceso por desacato. 

(Foto: IVAN ALVARADO)


Mesa de trabajo
Fuentes de Mideplán informaron a La Tercera que aún no se han constituido la totalidad de las comisiones creadas en la segunda sesión de la mesa de trabajo, contradiciendo la información entregada por la ministra de esa cartera, Alejandra Krauss, la semana pasada en Temuco. En dicha ocasión, la secretaria de estado aseguró que éstas ya estaban "conformadas y en funcionamiento", algo que no es cierto y que a más tardar debiera suceder durante estos días. 

Las comisiones son: Legislación e Institucionalidad, dedicada al análisis de la Ley Indígena, entre otras; Gestión Territorial y Desarrollo, principalmente preocupada de la recuperación de tierras; Fomento Productivo, que buscará mejorar las condiciones de producción agrícola; Sociedad; Cultura y Educación. 

El delito de desacato será el único que enfrentarán los seis comuneros mapuches que permanecen recluidos en la cárcel de Temuco, luego que ocuparan por la fuerza el tribunal de Letras de Collipulli, el martes pasado, donde mantuvieron retenidos a la jueza Georgina Solís, y al ministro en visita Lenín Lillo. La decisión fue tomada por el ministro en visita Julio César Grandón, quien dejó libres a los restantes 7 indígenas detenidos. 

El magistrado explicó ayer que la investigación que instruye aún se encuentra en etapa de sumario, "faltan diligencias que realizar y fueron sometidos a proceso seis comuneros mapuches como autores del delito de desacato". 

Los mapuches sometidos a proceso por el juez Grandón son José Muñoz Marileo y Roberto Huentekol Loncón, de la comunidad Lonko Mahuida; Alberto Huentecura Llancaleo, de la Meli Wixan Mapu; Italo Quevedo Tapia y los hermanos Ariel y Víctor Ancalaf Llaupe, de la Choin Lafquenche. 

El ministro Grandón explicó que el delito que se les imputa está contemplado en el artículo 264, Nº 2 del Código Penal que afecta a quienes "alteran o interrumpen gravemente las funciones normales de un tribunal". Esto descarta imputar a los procesados los delitos de secuestro y desorden, porque "a mi juicio no habían antecedentes para determinar o tipificar el delito de secuestro", dijo el magistrado, con lo cual las posibles condenas serían mucho menores. 

Finalmente, el magistrado dijo que ha ordenado nuevas diligencias tanto en terreno como de citación de personas, descartando, eso sí, que haya dictado nuevas órdenes de aprehensión. 

CARTA AL MINISTRO LLANOS

Paralelamente, el dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao, llegó ayer acompañado de unos 40 comuneros hasta la Corte de Apelaciones de Temuco, con el objetivo de entregar una carta al presidente del tribunal de alzada, Leopoldo Llanos. En la misiva exponen, entre otros puntos, su preocupación "porque existen actos de injusticias que son históricos donde lamentablemente, la autoridad de este país tiene grandes responsabilidades que no ha asumido correctamente". 

Los mapuches exigen que les aclaren presuntas irregularidades al interior de los tribunales, como el hecho que la jueza de Collipulli, Georgina Solís, esté investigando a indígenas que también son requeridos por otros ministros, como sucede en las acciones del magistrado Julio César Grandón. 

"La detención de nuestra gente es un motivo más por el que las movilizaciones mapuches van a continuar y lo que estamos viviendo es la consecuencia de la legítima lucha que estamos dando", dijo Huenchunao. 

Las nuevas acciones tendrán las características de recuperaciones de tierras y una marcha por la detención de los comuneros. 

Huenchunao emplazó al Gobierno a acercar las mesas de diálogos a las comunidades en conflicto, y condicionó las eventuales conversaciones a propuestas concretas por parte del Gobierno, para que les devuelvan 200 mil hectáreas, "porque no estamos dispuestos a que nos sigan engañando", finalizó el dirigente indígena

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