Proyecto de
Documentación Ñuke Mapu
Nº
924 - Del 26 de Marzo al 1º de Abril de 1999
Crónica
Comunidad Pascual Coña de
Lleu-Lleu: Demandan un diálogo de alto nivel
Un giro drástico ha dado la posición del gobierno en cuanto
al conflicto mapuche, que se ha ido agudizando en los últimos meses.
Luego de propiciar el diálogo con las comunidades que participaron
en el alzamiento que se realizó en el fundo Chorrillos, el gobierno
ha dado señales discordantes al nombrar una ministro en visita para
que investigue los hechos ocurridos en el fundo del empresario turístico
Osvaldo Carvajal.
La ministra destinada a la investigación fue la magistrada María
Sanhueza, quien, rápidamente, sometió a proceso a dos de
los tres detenidos por Carabineros la semana pasada. Ellos son el lonco
de la comunidad Pascual Coña, Juan Meñaco Lincopi, y su hijo
Luis Meñaco Santi, mientras que José Segundo Viluñir
fue puesto en libertad por falta de mérito.
Debido a la detención de estos tres comuneros, se interpuso
un recurso de amparo en su favor en el que se califica la detención
como irregular, al haber sido apresados y allanadas sus viviendas
por efectivos policiales sin exhibir en ningún momento una orden
judicial.
Los procesados enfrentan acusaciones por daño calificado, incendio
y robo en el fundo del empresario penquista, aledaño a la comunidad
mapuche. La acusación se sustenta en tres testigos: un carabinero
y dos empleados de Osvaldo Carvajal.
Por su parte la defensa, representada por el abogado Matías
Coll "del estudio de Roberto Celedón" presentará a diez testigos
que afirman que los Meñaco, padre e hijo, estaban en otro lugar
el día de los acontecimientos.
Hay que recordar que en la oportunidad un grupo de personas botó
los cercos de la propiedad de Carvajal y quemaron un galpón donde
mantenía un yate, destruyendo, posteriormente, algunos enseres de
la casa patronal.
La motivación habría sido, en primera instancia, botar
el cierre que el empresario habría levantado, apropiándose
ilegalmente de tierras de la comunidad indígena por las que hay
un litigio.
Según el dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto,
Pedro Cayuqueo, "el conflicto de Lleu Lleu se arrastra desde cuando el
dueño del predio llegó a la zona", manifestando abiertamente
su intención de construir un complejo turístico por una suma
cercana a los 45 millones de dólares en la ribera del lago. "Lo
que hicieron con las comunidades ribereñas del lago Pucón
lo quieren hacer ahora en el lago Lleu Lleu, y eso nos parece un daño
muy grande contra la identidad sectorial. No es una lucha que se esté
dando ahora. El gobierno lo planteó como un hecho aislado, un estallido
espontáneo, y no es así. Las 14 comunidades (que viven alrededor
del lago) están hace seis años peleando contra este latifundista.
En este sentido, nosotros pensamos que el conflicto que se vive en Pascual
Coña es un fiel reflejo de las contradicciones que hay entre el
mundo huinca con el mundo mapuche: uno veía la casa de este señor
en el lago ðuna mansión inmensa que él ocupa un par de
días al año para veranearð y en la comunidad uno ve pobreza,
hambre, miseria y al otro lado del cerco ve riqueza, opulencia, salones
de juego, yatesÉ Eso nosotros lo consideramos una especie
de ofensa contra la dignidad de las comunidades de la zona. Así
lo sentían las comunidades, que tenían una gran rabia contra
ese señor, y eso se vio reflejado simplemente en lo que se pasó
el domingo".
A los dos detenidos y procesados, la ministra en visita sumó
una orden de detención contra José Huenchunao Mariñan,
Jaime Cona Tranamil, Juan Reinao Marilao, José Llanquileo Antileo,
Mónica y Pascuala Millanao Painamil, Juana Vilumir Aguayo, Mauricio
Millanao y Miriam y Anibal Salazar Huechacura, entre los que se encuentran
dirigentes de la Coordinadora de Comunidades en conflicto y miembros de
la comunidad Pascual Coña. Pedro Cayuqueo no dice cuál va
a ser la actitud de los dirigentes mapuches ante esta orden de aprehensión.
"Está más que claro que nosotros desconocemos los marcos
jurídicos que el Estado nos impone. La gente no se va a entregar.
Nosotros no vamos a caer en las proposiciones que hacen ciertos sectores
políticos como el diputado Navarro, que está planteando que
la gente se entregue acá en Santiago y que se cree una comisión
parlamentaria que los apoye. Nosotros creemos que la cosa no pasa por ahí.
El Estado no nos ofrece garantías de que el problema con nuestros
hermanos se vaya a asumir políticamente. Este es un conflicto político,
no es un conflicto delictual. Se trata de un conflicto político
entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entonces, si ellos dieran
las garantías para que se solucionara políticamente el conflicto,
llegando a una especie de diálogo de alto nivel, seguramente no
habría problema de que los hermanos se pudieran entregar, pero esas
garantías no existen".
-¿Cómo ven ustedes estas órdenes de detención
por parte del gobierno?
"Nosotros creemos que la posición del gobierno a traves de la
acción de la justicia, en el sentido de requerir a los hermanos
para su detención, obedece simplemente a la política que
los gobiernos de turno del país han llevado a cabo con nuestro pueblo.
Lo que pretende el Estado es dar a la opinión pública una
imagen de que este es un conflicto aislado, como dijo Guillermo Pickering
hace un tiempo, que Lleu Lleu no tiene nada que ver con lo que sucedió
en Traiguén, y no es así.
Vamos a seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Vamos a seguir
articulando las comunidades, porque éste es un planteamiento político
mayor, que responde a un proyecto de pueblo común, y lo vamos a
sacar adelante".
Email: elsiglo@ctcreuna.cl