Crisis en Lumako

DIGNIDAD MAPUCHE

Mauricio Buendia - PUNTO FINAL 19 de diciembre de 1997 

Lumako evoca épocas distantes, reverberación de conversaciones en derredor de cualquier fogón bajo la incesante lluvia. Como lo hacían nuestros antepasados mapuche, aquellos que la historia oficial sólo recuerda en uno que otro texto, pero que ignora en la realidad. Realidad dura y amarga, de siglos de despojo y abuso, de discriminación y racismo. La historia de los pueblos originarios de un continente cuyas cúpulas dominantes celebran el ignominioso "Día de la Raza", mientras el indígena se muere de hambre y de ausencia de futuro.

Tal vez por eso en Lumako dijeron basta y, en la madrugada del 13 de octubre, procedieron a recuperar tierras sobre las cuales reclaman derechos ancestrales. Más de un centenar de miembros de las comunidades Pichilinkoyan y Pilinmapu, hombres, mujeres y niños, ingresaron al fundo Pilinmapu paralizando las faenas de la Forestal Bosques Arauco. Por varias horas restablecieron soberanía sobre 3 mil hectáreas de un territorio que, antes de la invasión de la Araucanía por parte del ejército chileno en 1881, ascendía a 5 millones de hectáreas.

La represión policial no se hizo esperar y, al mediodía del martes 14, carabineros, por orden del gobierno regional, arremetió violentamente contra los mapuche. Fueron detenidas 37 personas, resultando varias de ellas heridas, incluyendo una pequeña niña que fue arrollada por un motorista de la policía. Los mapuche se defendieron de la agresión policíaca y -como siempre acontece con los pobres y marginados- dos de ellos fueron acusados de agresión a carabineros y remitidos a la fiscalía militar de Angol. Huelga decir que nada sucedió al policía que atropelló a la niña quien hubo de pasar seis días en el hospital antes de ser dada de alta. Una vez de regreso en su comunidad debió recurrir a una machi, puesto que continuaban sus dolencias.

Sin embargo, ni la violencia de carabineros ni el frío del amanecer constituyeron obstáculo para que dos semanas después 80 familias de la comuna de Lumako retomaran el fundo de la Forestal Bosques Arauco. Esta vez, no obstante, la movilización se extendió a terrenos históricamente mapuche explotados actualmente por las empresas forestales Mininco y Millalemu. Allí participaron en la acción de recuperación de tierras 50 familias de la comunidad Reñiko Grande. En total, más de 6 mil hectáreas que, de acuerdo a la Asociación Comunal mapuche Ñankucheo de Lumako, "le han sido usurpadas al pueblo mapuche".
 

REPRESION A GRAN ESCALA

Han tratado de usurparle su credibilidad y legitimidad a dirigentes y organizaciones mapuche luego del asalto y ulterior quema de tres camiones madereros. El intendente de la región de la Araucanía, Oscar Eltit, presentó de inmediato un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad del Estado en contra de tres dirigentes mapuche: Galvarino y Alfonso Reiman de la comuna de Lumako y, Francisco Caquilpan, presidente de la Corporación de Comunicaciones mapuche Xeg-Xeg. El ministro del Interior, Carlos Figueroa, fue incluso más allá, planteando la existencia de una "infiltración" al movimiento mapuche por elementos "subversivos" y, por ende, se estudiaba la posibilidad de aplicar la ley antiterrorista. Para el gobierno, "el acto que se cometió contra la empresa forestal fue claramente un acto terrorista".

¿Reminiscencias de un pasado cercano cuando a todo opositor se le tildaba inmediatamente de extremista o terrorista? ¿Condena anticipada a un grupo de dirigentes públicos y a organizaciones legales? Quién sabe, lo único concreto es que no hay nada concreto. Sin embargo, las autoridades, tanto regionales como nacionales, han reaccionado histéricamente ante un hecho aislado cuya autoría está aún por determinarse. Esto último deberá hacerlo el juez Antonio Castro quien fue designado por la Corte de Apelaciones de Temuco para investigar los hechos acaecidos en Lumako. 

Aquí evidentemente surge la interrogante del carácter objetivo e imparcialidad de la investigación que se llevará a cabo, toda vez que Castro es el mismo juez instructor que tuvo a su cargo el caso de varias recuperaciones de tierras realizadas por comunidades mapuche en 1992. En aquella oportunidad más de un centenar de mapuche, muchos de ellos pertenecientes al Consejo de Todas Las Tierras, fueron condenados por el juez chileno. Y es aquí donde se halla precisamente la contradicción fundamental que atraviesa toda la problemática concerniente a los pueblos originarios: un Estado chileno imponiendo su ordenamiento político- jurídico sobre otro pueblo, el pueblo mapuche. En este contexto, es imposible que exista justicia "mientras no se nos reconozca como sujetos colectivos de derecho. No que se nos otorguen derechos, sino que se reconozcan éstos, independientemente de lo que piense el Estado". Así se expresa Víctor Naguil, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones e Instituciones mapuche, porque la verdad -continúa- "es que la ley indígena de 1993 sólo nos reconoce como etnia y no como pueblo y por ello no tenemos derecho a territorio o representación propia". 
Claro, la ley indígena creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) como supuesto instrumento orgánico al servicio de los pueblos originarios. Sin embargo en la práctica, señala Naguil, "Conadi es una estructura del Estado y del gobierno de turno". De hecho, es un secreto a voces que en la repartija realizada por las cúpulas partidarias de ministerios, intendencias, gobernaciones, reparticiones públicas y afines, Conadi le fue asignada al Partido por la Democracia (PPD). Esto reafirmaría la opinión de amplios sectores mapuche de que la Conadi representa intereses partidarios y de gobierno más que intereses indígenas. Por eso no puede sorprender de que la Conadi haya declarado, en relación a los acontecimientos en Lumako, que "no aceptarán medidas de presión y no alterarán el orden institucional vigente". Es decir, parece estar dispuesta a aceptar presiones del gobierno y de poderosos grupos económicos, pero no de aquellos que dice representar. El más claro ejemplo de esto lo constituye la destitución como director nacional de Conadi, de Mauricio Huenchulaf, por oponerse a la construcción de la represa Ralco. 

FALTA DE VOLUNTAD POLITICA

Aún así, los dirigentes de las comunidades en conflicto optaron por privilegiar el diálogo tanto con Conadi como con otras autoridades locales y regionales a fin de encontrar una solución a los graves problemas que les aquejan. Alfonso Reiman, presidente de la Asociación de Comunidades mapuche Ñankucheo de Lumako, es enfático en señalar que "todo esto podría haberse evitado, pero no ha habido voluntad política para hacerlo. El 8 de octubre, por ejemplo, invitamos al intendente, al gobernador y otras autoridades locales a un encuentro para abordar el tema. Asistieron más de 300 mapuche y ninguna autoridad, excepto el jefe de Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario).

Algo similar se intentó en marzo de este año para tratar de hallar solución a los problemas derivados de la prolongada sequía que afectó al país y que fustigó duramente a los habitantes de la zona. No llegó nadie. "Nos acusan de ser impulsivos, de estar fuera de la ley, pero ellos jamás han venido. Lo concreto es que los dirigentes mapuche estamos por privilegiar la mesa de diálogo formalizada en octubre pasado con Conadi", dice Reiman.

En este contexto, la quema de los camiones pasa a constituirse en un hecho aislado, comprensible por la situación de extrema pobreza, postergación y discriminación de que ha sido objeto el pueblo mapuche por centurias. No obstante, el gobierno optó por una estrategia represiva masiva, con amplio despliegue de efectivos policiales y con una política comunicacional que enfatiza el hecho de violencia puntual por sobre el problema de fondo: el conflicto fundamental entre la nación mapuche y el Estado chileno. Víctor Naguil tiene claro de que hoy se "está actuando contra individuos, pero en definitiva se actúa contra todo el pueblo mapuche. Se trata de contener al movimiento mapuche y también ocultar el problema de fondo". Es decir, que el Estado chileno no reconoce al pueblo mapuche como tal, que no asume su deuda histórica, que la relación con el pueblo mapuche está cimentada en la violencia por parte del huinka. Es posible argüir, por lo tanto, que la violencia en Lumako no comenzó hace un par de meses o con la quema de tres camiones madereros, sino que con la ocupación militar de la Araucanía por parte del Estado chileno.
 

GOBIERNO HABLA DE EXTREMISTAS 
¿POR QUÉ NO DE LA EXTREMA POBREZA? 

Esa violencia extrema se ha transformado en pobreza extrema, tanto rural como urbana para el pueblo mapuche. Lumako es una de las comunas más pobres del país con altos índices de analfabetismo, mortalidad infantil y migración de los jóvenes mapuche hacia las ciudades donde, por cierto, pasan a incrementar la pobreza urbana o, en el mejor de los casos, obtienen los trabajos peor remunerados. La pobreza ha aumentado en Lumako y eso es evidente en cada esquina, en cada nube de polvo, en cada estero, en el poco trigo que pueden cultivar para su subsistencia. Porque en Lumako la lucha es por sobrevivir con las miserables tres hectáreas o menos que le van quedando a cada familia. Apenas alcanza para comer y, por eso, tienen claro que la solución a sus problemas pasa necesariamente por la devolución de las tierras que les han sido usurpadas. "La gente más antigua -sostiene Alfonso Reiman- conoce los nombres antiguos de todos estos lugares. El fundo Pidenco antes pertenecía a un Lonko, a Juan Canuleo Pinuleo, de allí que la ocupación de estas tierras sea, en efecto, una recuperación". 
En el intertanto, y a la par de las movilizaciones que llevan a cabo, la Asociación de Comunidades mapuche de Lumako, trabaja activamente en la implementación de programas que contribuyan a paliar la situación de pobreza en que se encuentra la mayoría de sus socios. Por ejemplo, con ayuda de un equipo de profesionales mapuche y no-mapuche intentan sacar adelante un programa destinado a generar mayores ingresos con el cultivo de leguminosas, más específicamente el garbanzo que se da bien en el valle de Lumako. 

Mas, las preocupaciones de estos jóvenes dirigentes indígenas no tienen que ver sólo con la pérdida y eventual recuperación de un espacio físico, sino que apuntan también a la recuperación y potenciamiento de un espacio espiritual. Producto de la situación de extrema pobreza, los jóvenes abandonan el campo y emigran a las ciudades, quedando en las comunidades sólo gente adulta. Esto significa, plantea Reiman, "que se está cortando el eslabón para la sabiduría mapuche".

Es que -como dice Galvarino Reiman, hermano de Alfonso y uno de los requeridos por la justicia- "el huinka nunca comprenderá de que si se pierde la tierra se pierde nuestra esencia". No lo entiende o no le importa a la empresa maderera Forestal Bosques Arauco la cual ha causado un serio daño al medio ambiente talando árboles nativos y secando varios esteros del área. Además, como efecto del uso de elementos químicos para el control de enfermedades del pino insigne que allí se cultiva, se ha producido la contaminación de otras especies del área, "hay gente que ha muerto luego de consumir un tipo particular de hongo que acá crece en invierno". 

PODERIO DE LA FORESTAL DE ANGELINI

Bosques Arauco pertenece a Celulosa Arauco y Constitución, la mayor empresa forestal del país, propiedad de Anacleto Angelini. Angelini es el hombre más rico de Chile, con una fortuna personal que asciende a los 2.500 millones de dólares. A pesar de que su fortuna comenzó a amasarla a mediados de los años cincuenta en el rubro pesquero, su poderío económico proviene, principalmente, de la adquisición de Copec en 1985. El 30% adquirido en tan sólo 50 millones de dólares tiene un valor en la actualidad de 1.500 millones de dólares. En lo que concierne al rubro forestal, Angelini se encuentra en proceso de plena expansión, ya que el año pasado compró la empresa Alto Paraná en Argentina, con el evidente propósito de transformarse en uno de los principales proveedores de celulosa a nivel mundial.

El imperio económico de este patriarca de 83 años se extiende, además de los rubros ya mencionados, al sector energético, naviero, financiero y minero. En suma, los mapuche de Lumako se enfrentan al más poderoso grupo económico de Chile el cual, además, posee sino vínculos directos, al menos indirectos con el poder político. El gerente general de las empresas pesqueras del grupo es Felipe Zaldívar, hermano de los senadores y dirigentes de la Democracia Cristiana, Adolfo y Andrés Zaldívar. El ex diputado democristiano, Eugenio Ortega, es miembro del directorio de Maderas Cholgúan, también de propiedad de Angelini. Por último, oficiosamente se conoce que Angelini estaría detrás del financiamiento del diario "La Epoca", afín al gobierno de la Concertación.

Esto explica, la desmesurada respuesta de las autoridades ante los eventos en Lumako. Antes de realizar ningún tipo de investigación, se utilizó todo el poder del Estado para denunciar a presuntos "terroristas" sin mencionar siquiera los problemas a que se enfrentan los habitantes de la zona para subsistir. El clima de temor y amedrentamiento es producto tanto de la acción policial como de la actitud de la empresa maderera que contrató a matones para intimidar a los mapuche. Cuando los grupos económicos ven afectados sus privilegios, la policía les protege en nombre de la ley y el orden. Carabineros pone a disposición de la Forestal Bosques Arauco, personal y vehículos para escoltar a las caravanas de camiones. La presencia de carabineros no se limita a escoltar camiones de una empresa privada, sino que a controlar personas y vehículos en el área de Lumako. Dirigentes mapuche señalan que "la policía está por todas partes, y aunque andan de civil y nos toman fotos, los conocemos a todos, porque son de la zona".

Lo concreto es que a los mapuche nadie los protege, ha habido intimidación y agresiones por parte de los matones contratados por la empresa, así como amenazas a los dirigentes. En la sede de la Asociación Ñankucheo se recibió un carta anónima que decía textualmente: "Galvarino Reiman concha de tu madre te vamos a cagar junto a tus socios dirigentes mapuche". "¿Para qué denunciar ésto si sabemos que no van a hacer nada al respecto?".

No cabe duda de que a las autoridades les resulta incómodo que se subleve "un puñado de indios" cuando pretenden convencer al mundo de que Chile posee una sólida economía y una estabilidad política envidiables. Si a esto se agrega el racismo histórico de las clases dominantes chilenas, tenemos una situación extremadamente peligrosa para el pueblo mapuche, puesto que el Estado utilizará todo su poder para desarticular a un movimiento mapuche activo y digno. Lucha simplemente para que se le reconozca el derecho a ser diferente, porque es consciente -como dice Francisco Caquilpan, presidente de Xeg-Xeg- de que "mientras no seamos capaces de construir una sociedad pluricultural, tolerante y basada en el respeto a la riqueza y diferencia culturales, nos van a seguir aplicando las leyes del huinka".

 

LAS LEYES DEL HUINKA

Es evidente que las leyes del huinka no se aplican con la misma firmeza cuando se trata de los pueblos originarios que cuando se trata de otros sectores sociales o culturales. Claro ejemplo lo constituye el vergonzoso caso de Colonia Dignidad, reducto alemán donde se torturó y asesinó decenas de ciudadanos durante la época de la dictadura militar. Hoy, cuando la justicia busca a su máximo líder Paul Schaefer para interrogarle acerca de reiteradas violaciones sodomitas a menores, la policía pide autorización a los jerarcas de la Colonia antes de realizar allanamientos. ¿Cuándo se ha pedido permiso en una población marginal para realizar un allanamiento? 
Por el contrario, cada vez que han intentado reclamar por sus derechos recuperando tierras que les pertenecen históricamente, han sido violentamente reprimidos por el Estado y se les ha aplicado toda la fuerza de la ley chilena. Ayer se les acusó de salvajes e incivilizados, hoy se les acusa de extremistas y violentistas. En la mentalidad huinka no cabe la existencia de un movimiento mapuche donde "no tengan cabida ni ideologías ni partidos políticos", señalan con diversos matices, pero con igual firmeza, Reiman, Caquilpan y Naguil. Básicamente, porque las experiencias con organizaciones políticas, incluidas las de Izquierda, no han sido particularmente felices. "No somos sectarios, sino simplemente vemos las cosas de manera distinta". Por eso es que en Xeg-Xeg no logran comprender por qué se les vinculó automáticamente con los hechos de Lumako. Ellos son un organismo de comunicación mapuche y, como tal, desarrollan un vasto trabajo en diversas áreas del quehacer mapuche: periodístico, educacional, investigación y lingüístico, entre otras. "Nos podrán decir mil cosas, pero nuestro trabajo es público y a nadie ocultamos lo que hacemos: abrazar los principios mapuche y construir un organismo que aporte a nuestro pueblo".

Lumako es sólo una ínfima gota del océano de problemas que enfrenta el pueblo mapuche, problemas que se han agudizado con la implementación arrasadora del modelo neoliberal. En la comuna de Carahue, en el sector de Xeg-Xeg, IX Región, varias comunidades se encuentran en lucha permanente con la Forestal Mininco S.A. que pretende forestar con pinos y eucaliptos tierras sagradas para los mapuche. El sector, incluido el cerro sagrado Xeg-Xeg, fue usurpado por los huinkas durante la primera mitad de este siglo, pero recuperado por los mapuche a través del proceso de reforma agraria en 1971. Cuatro años más tarde fue asesinado el Lonko Francisco López Pichinao, incrementándose la persecución a los mapuche del sector por parte de la dictadura. Perdieron sus tierras y, con ello, "las montañas sagradas que los mapuche conservamos como el pulmón de nuestras comunidades". Nada de esto interesa a la Forestal Mininco a quien sólo le importan las rápidas ganancias que pueden obtener con la explotación de árboles exóticos, como el pino y el eucalipto.

Los pehuenche en el Alto Bío- Bío luchan para impedir la construcción de la represa Ralco, las comunidades de Truf-Truf para evitar un By-Pass que arrasará con sus tierras. Es lo que hicieron las comunidades de la costa, en Mehuin, San José de la Mariquina, ante la inminente construcción de una planta de celulosa. Allí se triunfó, lográndose que Celulosa Arauco se desistiera de su proyecto contaminante. 

La mayoría de los mapuche en el sur del país tiene claro que los megaproyectos que supuestamente implican modernidad, para ellos sólo significan megapobreza. Y ante ello hay que luchar, "en nombre de nuestra madre tierra y en honor a nuestros antepasados hay que seguir adelante, porque está en juego nuestro futuro como pueblo"