Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Lumako 
La lucha continúa

Punto Final, 16 de enero de 1998 

Han transcurrido tres largos meses desde que camiones de la Forestal Bosques Arauco fueron incendiados y se iniciara una insólita persecución del Estado y sus fuerzas represivas a los habitantes de Lumako y, más específicamente, a los mapuche de las comunidades Pichilincoyán y Pililmapu. La ocupación policial de la provincia de Malleco tuvo como objetivo el reprimir a las comunidades mapuche, evitar nuevas tomas de fundos y detener a los presuntos autores del atentado a los camiones. También, el otorgar protección permanente a la empresa forestal.
Eventualmente, doce comuneros fueron detenidos por la policía y puestos a disposición de los tribunales. Tan solo uno de ellos logró la libertad condicional. El remanente de los presos continúa en la cárcel de Temuko donde han recibido la solidaridad y apoyo de mucha gente y organizaciones nacionales y extranjeras.
Por cierto que ni las autoridades ni la policía ni la mayoría de los chilenos pueden entender el vínculo especial que existe entre el mapuche y la tierra. Es por eso que ante las recuperaciones de tierra protagonizadas por diversas comunidades tanto en la VIII como en la IX Regiones, el gobierno ha optado por una respuesta policial ante un grave problema social. No pueden comprender que el proceso de desintegración territorial conlleva, además, un creciente proceso de desintegración cultural, que la falta de tierras ahoga al pueblo mapuche, lo expulsa hacia las ciudades, produciéndose el envejecimiento de la población rural y perdiéndose el espacio comunitario como el lugar natural para la reproducción cultural.
La economía de subsistencia ha dado paso a una cultura de subsistencia, cada vez más difícil de preservar. Estudios realizados por la Corporación de Reforma Agraria (CORA) señalaban que una familia mapuche en la zona de Cautín requería de al menos 50 hectáreas para poder generar un "ingreso digno". No obstante, las familias mapuche poseían un promedio de tan sólo 9,2 hectáreas. Tales estimaciones se realizaron en la década del sesenta, es indudable que la situación en la actualidad es aún peor. De hecho, se calcula en tan solo tres hectáreas el promedio de tierras por familia mapuche. Ello significa que muchos mapuche, especialmente jóvenes, han pasado a ser mano de obra barata para el sistema agro-forestal.
De los 11 mapuche detenidos en Temuko, por ejemplo, sólo uno de ellos posee tres hectáreas de tierra, el resto son obreros, trabajadores que deben emigrar temporalmente a diversas regiones del país para ganarse el sustento. Entonces -sostienen ellos- "¿Será justo que nos encarcelen cuando estamos luchando por sobrevivir junto a nuestras familias?"
Enfrentados al poderío económico de las grandes empresas forestales y al poder político, expresan claramente su posición, porque "el Estado chileno tiene que entender de una vez y para siempre que los mapuche somos el 10% de la población del país, por lo tanto somos aproximadamente un millón y medio de habitantes, lo que significa que de hecho y por derecho lo nuestro tiene que ser reconocido y respetado, por lo tanto nuestro territorio, tal como lo dice la ley indígena, es inviolable; y lo que se ha hecho en la práctica con nosotros es la violación de todos nuestros derechos como pueblo mapuche".

COMISION DE LA SOCIEDAD CIVIL

La violación de la nación mapuche ha sido forzada con esperma hispana y chilena, por colonos europeos y latifundistas criollos. La clases dominantes, el Estado chileno, han contribuido decisivamente al proceso desintegrador de la sociedad mapuche. Afortunadamente no todos los chilenos son iguales. De allí que, en el contexto de los eventos de Lumako, se estableciera una comisión observadora de la sociedad civil para evacuar un informe objetivo acerca de la situación en la zona (1). Una vez constituida en terreno, los integrantes de la comisión se entrevistaron con miembros de las comunidades de Pichilincoyán y Pililmapu, así como con los mapuche detenidos en la cárcel de Temuko. Asimismo, obtuvieron el testimonio del intendente regional en relación a los sucesos de Lumako. La empresa forestal involucrada en los hechos se negó a conversar con la comisión.
En el informe de la comisión de la sociedad civil, emitido en diciembre pasado, se verifican hechos históricos y jurídicos que refrendan los reclamos de las comunidades mapuche de Lumako. Allí se plantea, por ejemplo, que "la zona de Purén y Lumako fue ocupada militarmente por las tropas chilenas en 1868, fundándose una línea de fuertes en el lugar. En 1874 la frontera se estableció más al sur de Lumako en el río Traiguén, quedando todo este territorio indígena confiscado y en poder del Estado chileno de acuerdo a la Ley de 1866.
Con posterioridad las tierras fueron mensuradas por la Comisión de Ingenieros de la Oficina de Tierras y Colonización, la que confeccionó el plano de hijuelizaciones y tasación de los terrenos para el posterior remate y radicación. En estas mensuras las comunidades Pililmapu y Pichilincoyán quedaron separadas por hijuelas para remate a particulares, quedando las tierras mapuche localizadas en los cordones de cerros.
Las tierras ancestrales de las comunidades mapuche que protagonizaron los sucesos en cuestión, fueron rematadas por el Estado en 1878 en virtud de un decreto presidencial y complementadas las subastas en 1885, adjudicándoselas a particulares que constituyeron fundos, entre otros el fundo Pidenco, hoy en litigio. La subasta de las tierras significó la sustracción de un piso ecológico básico para la economía ganadera, es decir, los terrenos planos de fondo de valle y abiertos por la comunidad para el pastoreo".
Así comienza, el empobrecimiento económico y ambiental de los mapuche del sector, puesto que no tienen más alternativa que implementar economías de subsistencia en un entorno cada vez más erosionado, por la desaparición del bosque nativo, la utilización de las laderas de los cerros y el establecimiento de fundos sobre antiguo territorio mapuche. Evidentemente que la situación actual es aún peor, motivando, entre otras cosas, la emigración en busca de trabajo. La extrema pobreza y la degradación ambiental constituyen el marco y la fuente principal del conflicto en Lumako. Es el Estado chileno atentando sistemáticamente contra el pueblo mapuche y su forma de vida, no, como se quiere hacer aparecer, un grupo de "extremistas" atentando contra la seguridad del Estado.

POBREZA Y VIOLENCIA PATRONAL
La acción del Estado, en conjunto con el accionar amedrentador de los matones contratados por la empresa Forestal Bosques Arauco, han creado un clima de inseguridad e incertidumbre en la zona. Temor a la violencia que caracteriza a los patrones, a la policía, al futuro. Pero, no sólo en la provincia de Malleco se verifica la violencia extrema. En San Juan de la Costa, provincia de Osorno, poco antes de Navidad, un grupo armado irrumpió violentamente en terrenos del fundo fiscal Huitrapulli. Una vez en su interior, se dirigieron al sitio ocupado por Juana Panguinamun, rompieron trancas, dispararon y dieron muerte a animales domésticos. Amenazaron de muerte y expulsaron de su casa a la gente que ahí se encontraba. Robaron documentos, herramientas y dinero, antes de abandonar el lugar.
Según fuentes extraoficiales, uno de los asaltantes habría sido identificado como Alvaro González, hijo del propietario del fundo San Nicolás, empresario forestal de la zona. Por cierto que no hubo despliegue policial ni ley de Seguridad Interior del Estado en este caso. Por ello, la Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Mapuche de la IX Región, responsabilizó tanto al gobierno como a la Confederación de la Madera (CORMA) de haber creado "un clima de virtual impunidad para los actos de racismo en el país. "No queremos hechos como los de Chiapas" (Acteal), ni una reedición de la matanza de Forrahue (asesinato masivo de huilliches a manos de latifundistas ocurrido en 1912, con amparo del gobierno de la época).

TERRITORIOS EN CONFLICTO

Es sabido que el pueblo mapuche enfrenta un momento crítico y decisivo en su lucha por la sobrevivencia a raíz de los denominados megaproyectos que amenazan su integridad territorial y cultural. Sin embargo, a los casos de la represa Ralco, el By Pass de Temuko, y la carretera de la costa, se suman otros conflictos, tal vez no tan "espectaculares", pero no por eso menos significativos. Entre ellos se cuentan la reivindicación pública que han hecho de su territorio las comunidades de Reñiko Grande (exigen la recuperación de 3 mil hectáreas de la Forestal Mininco), Millalemu, Pichilincoyán y Pililmapu (pretenden recuperar 3 mil hectáreas de la Forestal Bosques Arauco), Juan Maika (exigen 440 hectáreas del Fundo Santa Ana), Pantano (800 hectáreas de la Forestal Mininco), Temulemu (mil hectáreas de la misma Forestal, más tierras del ex ministro Agustín Figueroa); Didaico (800 hectáreas de propiedad de la Forestal Mininco y de Agustín Figueroa); Andrés Calbuñir (400 hectáreas propiedad de Sergio Pooely) y, finalmente, Collipulli (500 hectáreas de Forestal Chile).
En total, suman 9.940 hectáreas que involucran a unas 3 mil personas. Mapuche, gente de la tierra que no tienen "la mente envenenada por extremistas" como manifestó Rolando Flores, alcalde de Lumako y militante de Renovación Nacional. Tienen su mente envenenada por los plaguicidas usados por las forestales, por la invasión sistemática de su territorio por huinkas de distinto signo, pero de igual ferocidad

Mauricio Buendia
1) La Comisión Observadora estuvo compuesta, entre otros, por Senén Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas y de la Federación de Colegios Profesionales de Chile; Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política-IEP; José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos; Fabiola Letelier, abogado, Presidente de CODEPU.