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 El Mercurio en Internet 
Lunes 23, de Febrero de 1998
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Escoltado por Policías Visitó Ayer el Lugar:

Juez Autorizó Desalojo de Predio Ocupado en Purén

  • Dictó también orden de detención contra responsables de la "toma", quedando en compás de espera cumplimiento de ambas medidas.
  • PUREN (María Angélica Venegas).- Ante la ocurrencia de ocho atentados incendiarios al interior del Fundo El Rincón, que destruyeron unas dos hectáreas de bosques de propiedad de Forestal Mininco, el magistrado Jorge Ulloa extendió ayer a Carabineros de Malleco la orden de desalojar a los ocupantes ilegales del predio, facultándolos para ello a efectuar allanamientos y descerrajamientos, si fuera necesario.

    Pese a ello, hasta las últimas horas de ayer la normalidad no era restablecida en el predio y se intentaban agotar todas las instancias de persuasión, para que los más de doscientos comuneros mapuches que ocupan el predio se retiraran en forma pacífica. No obstante, no hubo avances, porque éstos dijeron al magistrado que se quedarán allí hasta las "últimas consecuencias". Empero, se prevé que el desalojo ocurriría dentro de las próximas 48 horas.

    El propio magistrado Ulloa, escoltado por un contingente de alrededor 60 funcionarios policiales, concurrió al lugar donde se concentra la "toma", para conocer la versión de los dirigentes y realizar una inspección ocular de las denuncias de daños hechas a su tribunal por la empresa Mininco.

    El aceleramiento de las diligencias judiciales tuvo su origen en la denuncia de la forestal de que en el transcurso del nguillatún o ceremonia religiosa desarrollada entre el viernes y sábado último, elementos exaltados provocaron ocho incendios intencionales en distintos puntos del predio y además impidieron el trabajo de brigadistas para controlar la emergencia.

    Fue necesaria la presencia de funcionarios uniformados para frenar los desórdenes y poder extinguir las llamas.

    El presidente de la comunidad que protagoniza la toma, Carlos Maril, negó la participación de integrantes de su comunidad en los siniestros y denunció que Mininco intenta aumentar la tensión en la zona culpándolos a ellos de acciones cometidas por terceros, que no identificó.

    En Angol, en tanto, casi un centenar de policias aguardan instrucciones para dar cumplimiento a la orden de desalojo. El magistrado, al entrevistarse con los ocupantes, les advirtió que será la fuerza pública la que actuará si no salen de la propiedad privada.

    ORDENES DE DETENCION

    Durante la mañana de ayer un helicóptero de Carabineros sobrevoló a muy baja altura el fundo ocupado, en lo que se dijo fue una operación de reconocimiento del terreno, caracterizado por numerosos accidentes geográficos. La estrategia de desalojo se encuentra practicamente lista, confirmaron organismos de inteligencia, declinando las fuentes detallarla.

    En forma paralela a la inspección ocular, el magistrado dictó una orden de detención en contra de los dirigentes de la comunidad Juan Maril que aparecen como líderes del movimiento de "recuperación" de tierras, para lo cual otorgó a la policía uniformada un plazo de 15 días.

    Por su parte y tras los nuevos hechos de violencia que han provocado la destrucción de unas dos hectáreas de especies arbóreas en el fundo, el gerente regional de Mininco, Andrés Ovalle, anunció que en el transcurso de esta semana se ampliará las dos querrellas que se tramitan en tribunales, por los delitos de usurpación y daños, solicitando ahora investigar también el origen de los siniestros intencionales.

    Durante la rogativa del fin de semana o nguillatun, desconocidos provocaron durante la madrugada ocho focos de fuego que obligaron a la forestal a movilizar a sus brigadistas desde Cañete,Concepción y Angol, para detener el avance del fuego. Ello no fue fácil, ya que algunos comuneros se opusieron a que los funcionarios de la forestal se desplazaran por los caminos interiores que pasan por asentamientos indígenas. Carabineros del sector debió salir en apoyo de los combatientes.

    OPERATIVOS POLICIALES

    Los intentos por arribar a una solución negociada con los mapuches ocuparon gran parte de la jornada. Se afirmó, no obstante, que por ahora no se solicitaría la movilización de contingente de apoyo desde otras ciudades.

    El alto mando de Carabineros ordenó la realización de patrullajes preventivos durante las 24 horas, a fin mantener una oportuna información de las acciones organizadas por los comuneros.

    Fuentes de tribunales confirmaron que la principal diligencia era la inspección ocular del lugar y comprobar la tala ilegal de especies por parte de los comuneros, corroborando así la denuncia de daños y hurto de leña interpuesta por la empresa.

    Desde el inicio del conflicto, los jefes de familias apoyados con hachas y motosierras talan un bosque con miras a comercializarlo como leña y así obtener recursos para sus familias. Según cáculos estimativos de Mininco la tala alcanzaría a más de seis hectáreas.

    DEMANDA DE TIERRAS

    La comunidad Juan Maril, al igual que otras tres mil reducciones de la Araucanía, que suman unas 65 mil familias, se enfrenta al problema de no tener tierras que heredar a sus hijos. Ello, además de su condición de extrema pobreza, provocó que sus integrantes intenten que la forestal Mininco les "devuelva" el fundo, de 560 hectáreas, que hasta 1976 habitaron sus padres y abuelos.