A Mapuches:Gbno. Advierte que Hará Acatar Estado de Derecho
Sin embargo, Belisario Velasco precisó que los dueños de los predios ocupados son quienes deben demandar acciones a los tribunales de justicia. El Gobierno, al abordar ayer el tema de las últimas acciones de grupos mapuches en la zona de Purén, donde 130 familias mantienen ocupado un predio de una empresa forestal, reiteró que hará respetar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, manteniendo el orden público y dando seguridades para que la empresa privada pueda desarrollar sus actividades.
Sin embargo, a diferencia de otras situaciones similares, la autoridad por el momento se ha reservado el adoptar medidas concretas, lo que fue cuestionado por los afectados, quienes demandaron ayer a las autoridades de la IX Región una actitud más decidida.
Específicamente se pide de las autoridades gubernamentales que se aplique Ley de Seguridad del Estado como se hizo en diciembre con la quema de camiones forestales en Lumaco y también contra los pascuenses que cobraban peaje en Isla de Pascua.
En esta oportunidad, el Gobierno, a pesar de repudiar la acción mapuche, ha mantenido la distancia, y ha señalado que se trata de un conflicto entre particulares y que el uso de la fuerza pública en todo caso debe ser ordenada por los tribunales de justicia.
En el Palacio de La Moneda, el Ministro del Interior subrogante, Belisario Velasco, se refirió ampliamente al tema señalando que en la toma de predios son los afectados y dueños de las tierras quienes deben hacer las denuncias a los tribunales "para demostrar que las personas no están invitadas, sino que por la fuerza o violencia ingresaron al predio.
En todo caso, Velasco aclaró que el Gobierno va a dar todas las facilidades para que Carabineros "pueda actuar en proporción al hecho que se está efectuando, es decir, primero tratando de disuadir a los ocupantes para que abandonen sin mayor problema el predio ocupado, y si no lo hacen, proceder al desalojo".
Mientras, desde el sector político continuaron ayer los cuestionamientos a la Ley Indígena, la que sería causante de los conflictos.
Teodoro Ribera -diputado de Renovación Nacional por el distrito 51, que comprende vastas zonas indígenas de la IX Región-, estimó que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, ha aplicado un criterio que implica segregar a los indígenas de la sociedad global, en vez de integrarlos a ésta.
También reprochó al Gobierno por no ser capaz de aplicar una política de integración al indígena.
A su juicio, la Conadi, al destinar cuantiosos fondos a la compra de tierras, ha incentivado que los mapuches exijan que se compren más predios.
Según Ribera, las tomas -que no son un caso aislado- realizadas por los mapuches, son una crítica al sistema económico que se personifica en las forestales; como también una negación al Estado de Derecho que se vive en el país.
En tanto, Eugenio Tuma, diputado por el Partido por la Democracia por el mismo distrito 51, señaló que la Ley Indígena no merece críticas, por lo que no debe ser sometida a modificaciones. Sin embargo, admitió la necesidad de destinar mayores recursos para atender las demandas de las comunidades autóctonas.
Tuma plantea una falta de política de corto y mediano plazo con relación a las dificultades que enfrenta el pueblo mapuche y es enfático en señalar que el Gobierno debe asumir la generalidad del conflicto y no verlo como un hecho policial.
También el obispo Vicario Apostólico de la Araucanía, Sixto Parzinger, coincidió con que las tomas efectuadas por los grupos indígenas no son la mejor forma de arreglar los temas jurídicos pendientes, pero recalcó que las autoridades deben dar una solución a los problemas que las comunidades autóctonas tienen y ésta reside en otorgarle terrenos a los mapuches.
Indicó que hay comunidades mapuches que viven en un terreno inferior a una hectárea, lo que a su juicio es denigrante, ya que "nadie puede vivir en un espacio tan reducido".
El Vicario Apostólico de la Araucanía afirmó que existen "personas poderosas" que impiden que se les de una solución a los problemas de los mapuches, aunque no precisó a quién se refería.
USO DE LA FUERZA PUBLICA
En tanto, serias discrepancias en torno a la forma en que las fuerzas policiales deben hacer frente a la ocupación ilegal que por siete días se extiende en el fundo El Rincón de esta comuna, por parte de comunidades mapuches, surgieron ayer tras la reunión entre representantes del Gobierno y la empresa forestal Mininco, afectada por la "toma" indígena.
La situación en la zona es tensa ante la inminente orden de desalojo que el titular del Primer Juzgado del Crimen de Angol, Jorge Ulloa, podría dictar en las próximas horas.
Los comuneros indígenas enfatizaron no querer el uso de la violencia y demandaron al Gobierno que reconozca el fracaso de sus políticas hacia los pueblos originarios y que no cometa el error de tildarlos nuevamente de terroristas, como sucedió tras la quema de camiones de la empresa Bosques Arauco, en Lumaco, en diciembre pasado.
Unas diez comunidades indígenas de la zona se plegaron ayer al movimiento, que desde el viernes mantienen integrantes de la comunidad Juan Maril. Pretenden lograr la restitución de 560 hectáreas del predio que desde hace doce años posee la compañía forestal. Entre estos, integrantes de las comunidades Pichilonconyán y Pilinmapu, que participaron en el atentado a Bosques Arauco.
José Chureo -dirigente de Lumaco que estuvo treinta días detenido por la quema de camiones y que hoy enfrenta un proceso judicial por el mismo caso- afirmó que "cuando hay pobreza, miseria y falta de tierra, la autoridad debe reconocerlo". El dirigente -que se integró ayer a la "toma"- anunció nuevas movilizaciones en los próximos días en distintos puntos de la provincia de Malleco.
Dentro del fundo El Rincón, rodeado de vastos bosques de pinos y eucaliptus, la situación era de aparente calma, aunque ya se había talado ilegalmente cerca de una hectárea de árboles.
Los comuneros, unos 130 aproximadamente, se encuentran acampando con sus familias y trabajan durante el día con hachas y motosierras para cortar el bosque, con el fin de comercializarlo y tener ingresos.
REUNION EN ANGOL
Los representantes del Gobierno, Carabineros y las empresas forestales Mininco y Bosques Arauco sostuvieron una reunión informativa en Angol, por más de tres horas en la que se expusieron los diversos puntos de vista respecto de cómo debe actuarse ante los hechos de violencia.
Aunque no se ha reconocido abiertamente, el Gobierno teme un escalada de nuevos conflictos con las empresas forestales, especialmente en las provincias de Malleco (IX Región) y Arauco (VIII).
Por ello, ante esta toma -que cumplió una semana sin solución- el Gobierno optó por considerar el caso como un problema entre particulares y sostener que la ocupación ilegal no altera el orden público, aunque reconoce que sí existe alarma en la comunidad.
Esta postura difiere de la activa participación que tomó el Ministerio del Interior ante las tomas ilegales y quemas intencionales de camiones que afectaron en diciembre último a la empresa Bosques Arauco, que explota el fundo Pidenco de Lumaco, reivindicado por dos comunidades de Lumaco.
Esa vez el ministerio presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y pidió la designación de un ministro instructor para investigar los hechos. En la causa están procesados doce comuneros.
Sin embargo, ayer el gobernador (s) de Malleco, Luis Risso, dijo que la opinión pública no debe estimar la distancia que el Gobierno ha tomado en el conflicto como un ablandamiento de la autoridad.
Recalcó que si la Gobernación no ha solicitado una orden de desalojo es por que la valoración de los hechos no lo amerita.
No obstante, reconoció que la situación se evalúa permanentemente y no descartó la posibilidad de interponer un nuevo requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
En fuentes cercanas al caso se admitió que se está en presencia de una movilización organizada que va en aumento. Por ello, se dijo, se ha actuado en forma extremadamente mesurada, lo que es fuertemente criticado por las forestales.
DISCREPANCIAS
Tras el encuentro en la Gobernación de Malleco, representantes de las empresas forestales insistieron en la profunda inquietud que existe por los eventuales daños o paralizaciones de faenas que pudieran provocar estas movilizaciones.
El gerente regional de Mininco, Andrés Ovalle, lamentó la dilatación que el caso ha tomado por la negativa de la Gobernación para intervenir con la fuerza pública. Empero, se mostró optimista frente al resultado que obtendrá a través de los tribunales.
Insistió en que la empresa, por política, no negocia la venta de uno de sus predios cuando éste ha sido tomando ilegalmente. Recalcó que los dirigentes de la comunidad Juan Maril no cumplieron el acuerdo suscrito en 1996, en el que reconocían que el 100 % de la propiedad era de Mininco. El ejecutivo afirmó que espera el desalojo del predio para frenar de una vez la tala de árboles por parte de los indígenas.
La negativa de la empresa a la venta del predio echó por tierra la posibilidad que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquiera el fundo para su posterior traspaso a la comunidad.
Sin embargo, el director nacional (s) de Conadi, Carlos Vargas, dijo que esperarán un mejor momento para conversar con la empresa. Informó que el fundo El Rincón ingresó en enero a la lista de 55 predios en conflicto que la Conadi comprará este año.
Sin embargo, llamó la atención entre las organizaciones el que se pretenda adquirir un fundo forestado, cuyo valor preliminar ha sido calculado en $ 1.200 millones, ya que el presupuesto anual de Conadi para la compra de tierras en litigio supera levemente los $ 4.000 millones.