Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Lunes 8 de Mayo de 2000

INVESTIGACIÓN POLICIAL:

Estrategia con Apoyo Externo en Crisis Ralco
 

Organismos de orden indicaron ayer que el objetivo de esa planificación es mantener vigente el tema de la planta hidroeléctrica a través de desórdenes y obtener ayuda económica.

Comisión Especial analizará la verdad histórica de los pueblos indígenas, anunció Ministra de Mideplan, Alejandra Krauss.

Jefe de Octava Zona de Carabineros, general Germán Uribe, sostuvo que presencia policial en el área morigera los enfrentamientos entre facciones pehuenches partidarias y detractoras de la central energética en el Alto Biobío.
 

CONCEPCION-TEMUCO (Pilar Espinosa y María Angélica Venegas).- Las manifestaciones de protesta indígena en torno a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el sector de Alto Biobío, con acciones de violencia en contra de los trabajadores de las empresas contratistas de Endesa, barricadas incendiarias y ocupación de vías para impedir la circulación de vehículos, además de marchas en apoyo de las demandas reivindicatorias de las etnias en diversas ciudades de la zona sur y la capital, no resultan del todo sorpresivas para los organismos encargados del resguardo del orden público.

Fuentes de inteligencia policial señalaron que la mayor parte de las manifestaciones desarrolladas en los últimos días por comuneros indígenas en las regiones del Biobío (Octava) y la Araucanía (Novena) obedecerían a una estrategia comunicacional destinada a mantener vigente el tema étnico, así como a obtener apoyo económico y político desde el exterior.

Esto se confirmaría con el cambio de imagen que en los últimos días han presentado las principales organizaciones indígenas, al aparecer en un frente común el Consejo de Todas las Tierras y la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.

Según trascendió, el propósito sería presentar ante la comunidad internacional un movimiento mapuche fortalecido y no carente de representatividad ante la mayoría de las comunidades indígenas, como lo han denunciado reiteradamente las autoridades gubernamentales. Por ello, tampoco extraña que integrantes de estas organizaciones acudan en apoyo de las movilizaciones en el Alto Biobío, lo que incluso fue calificado por el diputado oficialista Alejandro Navarro (PS) como una legítima expresión de solidaridad.

En cuanto a la participación en estas protestas de elementos ajenos a las comunidades pehuenches, el intendente de la Región del Biobío, Jaime Tohá, indicó que el Gobierno dispone de información acabada acerca de quienes están involucrados en ellas, pero no se quiere hacer un uso inoportuno de esa información.

DESEMPEÑO POLICIAL

Respecto de las contradictorias críticas sobre la actuación policial, con un despliegue para algunos exagerado y excesiva pasividad ante los enfrentamientos, según otros, Tohá dijo que Carabineros ha actuado con la prudencia y la firmeza que han sido necesarias en cada caso.

Aseguró que no se trata de una situación bélica, como se ha intentado señalar, sino de un despliegue normal de fuerzas de Carabineros para mantener el control de la situación en un área que comprende una ruta de acceso de 40 kilómetros de longitud.

Los pehuenches sostienen que la masiva presencia de efectivos policiales crea un clima de tensión innecesario que sólo tiende a agudizar el conflicto y dificultar cualquier diálogo, según ratificó el líder Aucán Huilcamán tras recorrer el sector.

Por su parte, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Germán Uribe, señaló que en la zona no existe una violencia desatada, sino que sólo se trata de "escaramuzas", situación que se encuentra bajo control. El jefe policial se trasladó el jueves pasado hasta la zona cordillerana, luego que surgieran críticas por la supuesta militarización del área.

Sobre este punto, el alto oficial precisó que la presencia de efectivos policiales no es ni mucha ni poca, sino la fuerza suficiente para mantener el orden y patrullar un amplio sector donde se vive una situación conflictiva, derivada de la división del pueblo pehuenche entre partidarios y detractores del proyecto Ralco.

A este respecto, sostuvo que la presencia policial ha contribuido a evitar enfrentamientos de mayor gravedad entre ambas facciones.

La central hidroeléctrica Ralco que construye Endesa, con una inversión de 540 millones de dólares, debería entrar en funciones el año 2002 con una potencia de 570 megawatts.

La empresa dispone de todas las autorizaciones para el efecto, estando sólo pendiente el problema generado por la no aceptación de la permuta de tierras por parte de un grupo de familias pehuenches lideradas por las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, las que se niegan a aceptar los planes de relocalización ofrecidos por Endesa.

Según los opositores al proyecto, son 24 las familias que demandan del Gobierno paralizar las obras. Ocho no han firmado la permuta de sus tierras a Endesa, en tanto que otras 18 se arrepienten de haberlo hecho, aun cuando incluso aceptaron su traslado a los predios adquiridos para su relocalización.

CONTINUARÁN PROTESTAS

A su vez, los indígenas que el sábado participaran en la ocupación de la ruta que une Temuco y Nueva Imperial fueron enfáticos en sostener que continuarán con este tipo de acciones sorpresivas de "protesta activa" en diversos puntos del territorio, a fin de dar a entender al Gobierno y la opinión pública que el tema Ralco no sólo afecta a los pehuenches, sino a todos los pueblos originarios.

En la ocasión sostuvieron que esa acción específica tuvo el propósito de protestar por el trato recibido por Rogelio Nahuel, representante indígena que trabaja junto al equipo de abogados que defienden a los pehuenches opuestos a permutar sus tierras. El pasado viernes éste habría sido secuestrado y agredido por un grupo de trabajadores de empresas contratistas de Endesa en el sector de Malla, a 25 kilómetros de Ralco, donde concurrió para reunirse con el lonco Antolín Curriao.

La situación fue denunciada por el propio Nahuel, quien sostuvo que fue maniatado y golpeado por un grupo constituido por más de un centenar de personas que lo mantuvieron secuestrado durante dos horas, sin que Carabineros interviniera en su favor.

Anunció que interpondría una querella criminal en contra de los responsables de secuestro y maltrato y por usurpación de las funciones que competen a Carabineros.

DENUNCIAN XENOFOBIA

Aucán Huilcamán, werkén o vocero de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, hizo presente ayer su preocupación ante las que calificó como "actitudes racistas" evidenciadas tras las escaramuzas protagonizadas por trabajadores de Endesa y un grupo de pehuenches opositores a Ralco.

Junto a los diputados Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), el dirigente indígena concurrió a una convocatoria de las comunidades Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy para integrar una comisión de mediación. En la oprtunidad criticó la pasividad del Gobierno frente a lo que calificó como un "clima xenofóbico" en contra de los pehuenches de Alto Biobío por parte de los trabajadores que allí laboran. En tal sentido, advirtió que tal situación podría derivar en un enfrentamiento racial de insospechadas proporciones.

"Esto puede llevar a los pehuenches a argumentar una legítima defensa, ya que se está gestando un clima peligroso. Llama la atención que el Gobierno no intervenga en la resolución del tema Ralco, al menos para evitar actitudes xenofóbicas como el secuestro del abogado Rogelio Nahuel, a quien golpearon y maniataron", comentó Huilcamán.

En torno a este caso, el líder mapuche pidió públicas explicaciones a Carabineros, cuyos efectivos, afirmó, habían estado presentes en el lugar y permitido que los trabajadores usurparan sus funciones al detener indígenas y tomar control de los caminos del Alto Biobío.

Por su parte, el diputado Francisco Huenchumilla (DC), quien estuvo ayer en la zona en conflicto, mostró cautela en torno a la gestión de la comisión de mediación solicitada por los pehuenches. Dijo que le interesaba conocer la visión de lo que ocurre en la zona por parte de quienes se ven directamente afectados, antes de opinar acerca de lo que debiera hacerse para impedir los hechos de violencia ocurridos en Ralco. Reiteró que por ahora su interés es crear instancias de diálogo en pro de una solución definitiva para las familias afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Para mañana martes está programada una reunión con el intendente Jaime Tohá en la localidad de Santa Bárbara, destinada a conocer las inquietudes del pueblo indígena respecto de los proyectos de adelanto contemplados para la zona, en un análisis separado de la problemática generada en torno a la oposición a la central Ralco.

La gobernadora de Biobío, Myriam Quezada, precisó ayer que al encuentro han sido convocados "los legítimos representantes de las comunidades pehuenches", precisando que los propios indígenas señalaron no reconocer representatividad alguna a José Nain, integrante del Consejo de Todas las Tierras, ni a los líderes de las ONG que apoyan a las familias opuestas a la construcción de Ralco.

"OCUPACIÓN PRODUCTIVA"

En la tarde de ayer un grupo de comuneros mapuches del sector de Temulemu, comuna de Traiguén, inició una "ocupación productiva" del fundo Santa Rosa de Colpi, de propiedad de Forestal Mininco, donde iniciaron la preparación de la tierra para la siembra de trigo. La movilización, liderada por el lonco Pascual Pichún, tiene por objetivo reclamar la pertenencia de las 534 hectáreas del predio, sobre el que sostienen poseer derechos ancestrales.

El predio es objeto de conflicto desde hace dos años, pese a que en 1998 Mininco vendió a la Conadi 54 hectáreas del mismo para su entrega a las comunidades indígenas.
 
 


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