AMENAZADOS POR PEHUENCHES:
Protección para Empleados Agrícolas
Juzgado de Santa Bárbara ordenó la presencia policial para resguardar a operarios que deben ingresar a tierras ocupadas por indígenas.
CONCEPCION (Patricio Gómez).- El Juzgado del Crimen de Santa Bárbara dispuso nuevamente que la fuerza pública proteja a los empleados del agricultor Raúl Pérez Serani, en la comuna de Antuco, provincia de Biobío, para acceder a las veranadas de sus predios que han sido ocupadas por pehuenches.
Los empleados intentarán recuperar 3.500 cabezas de ganado ovino y caprino retenidas en el lugar por familias pehuenches provenientes del sector de Trapa Trapa, en la comuna de Santa Bárbara, que residen a unos 25 kilómetros de distancia de los cuatro predios que tiene Pérez Serani en el sector de Los Barros, con una superficie total de 18 mil hectáreas.
En el sector cordillerano de la comuna de Antuco se vive un clima de tensión, tras las ocupaciones protagonizadas por grupos de pehuenches liderados por la familia Tranamil. Estos aducen tener derechos ancestrales sobre veranadas ubicadas en los predios de Pérez Serani y de otros cuatro agricultores, aunque no existe ninguna presentación formal de reclamación de esas tierras ante los tribunales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
La medida del tribunal se dictó en el marco de una demanda interpuesta por Raúl Pérez Serani, en el Juzgado del Crimen de Santa Bárbara, por usurpación de propiedad privada y robo de 3.500 cabezas de ganado, en contra de la familia Tranamil.
Ese mismo tribunal ordenó el pasado 8 enero el desalojo de los predios ocupados por los pehuenches, con resultado de 12 pehuenches detenidos y procesados por la Fiscalía Militar de Chillán, tras resultar seis carabineros lesionados en los incidentes.
Una nueva acción de violencia se produjo el sábado 12 del presente, cuando 18 empleados del Pérez Serani fueron atacados, en el sector cordillerano de Los Barros, por grupos de pehuenches, resultando dos trabajadores heridos de gravedad. Ante ello el abogado del estanciero, Fernando Saenger, interpuso una querella criminal en contra de los responsables de esa agresión en el Segundo Juzgado del Crimen de Los Angeles.
En tanto el representante de los pehuenches que reclaman esas veranadas, Félix Tranamil, y el vocero del Consejo de Todas las Tierras, José Naín, desmintieron haber participado en el ataque a los empleados de Pérez Serani, ya que habían retornado a Trapa Trapa al no poder acceder a las veranadas por el fuerte temporal que hubo ese fin de semana.
Acusaron al empresario y a carabineros de realizar un montaje para incriminarlos y justificar medidas represivas en contra de la legítima causa del pueblo pehuenche. No obstante ello, Tranamil y Naín advirtieron que continuarán con las acciones destinadas a recuperar esas veranadas, dado que no renunciarán a los derechos ancestrales que tienen sobre ellas, aunque admitieron no tener títulos de merced sobre esos territorios.