ENTRE REGIONES OCTAVA Y DECIMA:
Demanda Formal de Tierras en Zona Mapuche Bordea 12 Mil HáEstimación de la Conadi toma como base los 60 casos de conflicto jurídico que han presentado antecedentes a la entidad, parte importante de los cuales quedarían resueltos este año.
Una demanda formal sobre aproximadamente 12 mil hectáreas, que en una parte muy sustantiva debiera quedar resuelta durante el presente año, engloban las solicitudes oficiales que maneja el Gobierno sobre predios en conflicto jurídico ubicados en zonas mapuches de las regiones VIII, IX y X.
Este es un tema crucial dentro del conflicto indígena que desde comienzos del año pasado se viene manifestado con fuerza, ya que la recuperación de tierras ancestrales es visto por parte importante de la etnia como la principal reivindicación.
La importancia del catastro oficial radica en que todos los predios entregados durante los últimos años a las comunidades del sur han debido cumplir con las formalidades institucionales, pues entre otras cosas el Gobierno adoptó como política no transferir terrenos en las comunidades que estén propiciando acciones violentas para presionar por recuperación de tierras.
El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González, explicó que a la fecha son 60 los casos de conflicto jurídico de tierras que están en alguna etapa de tramitación al interior de la entidad.
Las 12 mil hectáreas calculadas se basan en datos fidedignos existentes en unos 25 casos, y en una estimación para los restantes tomando como referencia la evolución del tema en los últimos años.
Esto último porque en muchos de los casos aún faltan los antecedentes necesarios para poder hacer una evaluación detallada de lo que se pide y se debiera entregar en cada situación particular.
Por esto mismo, fuentes de la Conadi indicaron que esta cifra podría tener una variación de hasta 30%, por lo que la demanda máxima oficializada podría llegar a cerca de 15 mil 500 hectáreas.
En todo caso, la evaluación interna de la entidad indica que debido a los antecedentes históricos de las regiones es altamente posible que emerjan nuevos casos.
Las mismas fuentes indicaron que para sanear estas demandas, y tomando como base el año pasado (en que se pagó en promedio casi $ 1 millón), se estima que en total se necesitan aproximadamente $ 12 mil millones, si bien González declinó corroborar oficialmente esta cifra.
Mediante el programa de compra de tierras se adquirieron en 1999, según la Conadi, un total de 5.763 hectáreas, con una inversión global de $ 6.981 millones.
Esto significó gastar más y comprar menos que en 1998 (ese año se desembolsaron $ 1.570 millones por 6.883 hectáreas), situación que González explicó por la adquisición de terrenos de mejor calidad y en algunos casos excepcionales con bosque en pie, lo que se canceló al precio comercial.
Este año, considerando que los recursos para el Fondo de Tierras y Aguas aumentarán a cerca de $ 11 mil millones, las autoridades proyectan adquirir cerca de 10 mil hectáreas para la etnia, solucionando la mayor parte de las solicitudes que están en tramitación.
LARGAS NEGOCIACIONES
El proceso de reclamaciones incluye la presentación obligatoria de una solicitud por parte de las comunidades, las que al mismo tiempo deben ser acompañadas con otros antecedentes.
Esto principalmente se refiere a información que especifique si existió algún tipo de litigio histórico en torno a los terrenos, como también antecedentes socioeconómicos acreditando la actual condición de las comunidades (por lo general minifundistas).
Desde que una comunidad presenta su postulación hasta el momento que se logra un acuerdo con el propietario existente puede transcurrir fácilmente un año, pues se reconoce que estas son tramitaciones largas y frecuentemente engorrosas (entre otras cosas las presentaciones son incluidas en un listado que debe ser aprobado por el consejo de la Conadi).
En el caso del listado actual de reclamaciones, muchas de las postulaciones que han realizado las comunidades recién se están tramitando, por lo que en varias de ellas faltan datos tanto de las familias beneficiadas como de la extensión de los predios reclamados y sus actuales dueños.
Ello porque de las 60 presentaciones en curso, 29 están incluidas desde comienzos de 1998 en una lista aprobada por el mencionado consejo de la Conadi, 9 se han incorporado desde ese entonces pero no están refrendadas por dicha instancia, y otras 22 son totalmente nuevas.
Estas últimas corresponderían preferentemente a la X Región, y según González son fruto de los diálogos comunales realizados por el Gobierno el año pasado como respuesta al creciente conflicto en la zona.
De los casi cuarenta casos con mayores antecedentes, en la VIII Región las situaciones pendientes se concentran en las comunas de Cañete, Contulmo, Tirúa y Santa Bárbara.
En la IX Región están en Loncoche, Pitrufquén, Collipulli, Ercilla, Lumaco, Purén y Traiguén. En la X Región, donde existe la información menos precisa, parte de los casos en análisis se ubican en Chiloé, Hualaihue, Lago Ranco, San Juan y Futrono.
CONFLICTOS JURÍDICOS SON DE ANTIGUA DATA
Los conflictos jurídicos de tierra tienen su origen en la pérdida de superficie que en distintos períodos históricos afectó a los mapuches, y que la Conadi estiman que son la fuente de permanentes reclamaciones por la forma en que fueron ocupadas y colonizadas.
La entidad asegura que, adicionalmente, las sucesivas legislaciones chilenas sobre las tierras indígenas dieron la posibilidad de ventas - algunas fraudulentas- que aumentaron el déficit.
Los terrenos reclamados corresponden a aquellos por los cuales las comunidades han formalizado una petición, en el marco de un proceso que para ese fin ha establecido la corporación de acuerdo a la Ley Indígena vigente desde 1994.
La primera vez que el Gobierno compró tierras fue en 1992 en Quinquén, cerca de Lonquimay, en la zona cordillerana de la IX Región, para resolver un creciente y simbólico conflicto.
En esa ocasión, la administración de Patricio Aylwin compró en US$ 6 millones 150 mil un total de 22 mil hectáreas de los fundos Quinquén y Galletué, para poner término a la inminente expulsión de 200 comuneros pehuenches de un predio particular.
Sumando los traspasos de hectáreas fiscales de Bienes Nacionales, las autoridades indican que desde 1994 se totaliza la entrega de una superficie aproximada de 110 mil hectáreas