1. PRESENTACIONLos hechos de Lumaco dieron origen, a requerimiento de la Asociación de Comunidades Mapuches de esa localidad, a la formación de una Comisión Observadora de la sociedad civil, de carácter multidisciplinario, para que se abocara a conocer la situación creada en la Región de La Araucanía, y que ha sido difundida profusamente por los medios de comunicación, para finalmente elaborar un informe con propuestas o recomendaciones frente a dicho conflicto.
La Comisión integrada por las siguientes personas: Senén Conejeros, Presidente del Colegio de Periodistas y de la Federación de Colegios Profesionales de Chile; Manuel Baquedano, Presidente del Instituto de Ecología Política; José Bengoa, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Nelson Caucoto, Abogado de Derechos Humanos; Fabiola Letelier, Abogada Presidente de CODEPU; Adrián Fuentes, representante de la Central Unitaria de Trabajadores CUT; Monseñor Jorge Hourton, Obispo y Rector Universidad Católica de Temuco; Sara Larraín, Secretaria Ejecutiva Programa Chile Sustentable; Hilda Llanquinao, miembro del Consejo Académico de la Universidad de la Frontera, Temuco; Luis Mariano Rendón, Coordinador de la red nacional Acción Ecológica, Renace. Como asesores en problemas de tierras y pueblos indígenas, derechos humanos, participaron los señores Raúl Molina, geógrafo, Rosamel Millamán Reinao, antropólogo y José Araya de Codepu Valdivia.
De acuerdo a los antecedentes conocidos por la opinión pública, en el sector de Lumaco se produjo el incendio de tres camiones de la Forestal "Bosques Arauco" pertenecientes a la Empresa Celarauco; hecho que motivó la interposición de un requerimiento judicial de la Intendencia Regional en contra de los autores de dichos hechos, en virtud de las normas de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Como instructor de ese proceso especial se designó al Ministro Sumariante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don Antonio castro. De esas gestiones judiciales resultaron doce mapuches detenidos, acusados del incendio de los camiones madereros.
A partir de los mismos antecedentes públicos ya referidos, esta Comisión tomó conocimiento que existía gran inquietud entre la Comunidad Indígena Pichiloncoyán y Pililmapu de Lumaco, por los alcances y ribetes de la operación policial que se ha llevado a cabo para la represión de estos hechos y la mantención en la cárcel de doce de sus integrantes, lo que ha dado lugar a manifestaciones públicas de rechazo tanto en la Región de La Araucanía como en Santiago y Concepción.
De igual manera, esta Comisión estaba en antecedentes de que, tanto la autoridad de gobierno asi como también las esferas de la inteligencia policial, manejaban para este conflicto la hipótesis de una supuesta red subversiva o terrorista, que desde fuera de la comunidad mapuche estaba instrumentalizando a integrantes de éstas. Este argumento explicaría la invocación de la ley de Seguridad Interior del Estado.
En definitiva, en conocimiento de estos antecedentes, la Comisión estimó necesario constituirse en la Ciudad de Temuco, a fin de recoger en el terreno mismo la versión de los distintos protagonistas de este conflicto, léase: mapuches detenidos, autoridad regional, comunidades indígenas y representantes de la empresa forestal "Bosques Arauco".
Se viajó para ese efecto el día jueves 18 de Diciembre, y luego de entrevistarse con diversas personas vinculadas al conflicto, a excepción de representantes de la empresa forestal con la cual no pudo entrevistarse, la Comisión evacúa el siguiente informe, que corresponde a la opinión formada por ésta, mediante la revisión de antecedentes documentales y testimoniales recogidos en la visita efectuada el día 18 de Diciembre de 1997, a la Cárcel de Temuco, en que se sostuvo una entrevista con los doce comuneros mapuches, de la conversación sostenida con el señor Intendente de la Región de La Araucanía, don Oscar Eltit y sus asesores, y de la visita de la Comisión a las comunidades de Pichiloncoyán y Pililmapu, donde se realizaron conversaciones con comuneros mapuches.
Para una mejor comprensión de los sucesos hemos ordenado la exposición presentando los antecedentes del conflicto, los hechos en particular y nuestras sugerencias para superar el hecho resguardando los derechos de los indígenas y sus comunidades.
2. ANTECEDENTES DE LAS COMUNIDADES PICHILONCOYAN Y PILILMAPU.
2.1. Historia del conflicto de tierras.
Las tierras del fundo Pidenco de aproximadamente 3.000 hectáreas demandadas por las comunidades mapuches de Pichiloncoyán y Pililmapu se efectúan en virtud a que estas correspondían a la antigua jurisdicción territorial del cacique Huinka Pinolevi o Pinoleo, cuya posesión material era ejercida por el cacique don Juan Andrés Chureo Pinoleo, tronco del que descienden las familias actuales de estas dos comunidades.
Huinca Pinolevi era hermano de José Pinolevi e hijo de Ambrosio Pinolevi o Ambrosio Kolipi, el que a su vez era hermano del famoso Lorenzo Kolipi, el más poderoso cacique de los Huenteche o abajinos, nacido en Remehueico, lugar ubicado entre Purén y Lumaco. Falleció en un malón en 1868 y su hijo se estableció en Lonkoyán, en el territorio que agrupa los sectores de Pichiloncoyán, Pililmapu y Pidenco, entre otros.
La zona de Purén y Lumaco fue ocupada militarmente por las ropas chilenas en 1868, fundándose una línea de fuertes en el lugar. En 1874 la frontera se estableció más al sur de Lumaco en el río Traiguén, quedando todo este territorio indígena confiscado y en poder del Estado Chileno de acuerdo a la Ley de 1866.
Con posterioridad las tierras fueron mensuradas por la Comisión de Ingenieros de la Oficina de Tierras y Colonización, la que confeccionó el plano de hijuelizaciones y tasación de los terrenos para el posterior remate y radicación. En estas mensuras las comunidades Pililmapu y Pichilcoyán quedaron separadas por hijuelas para remate a particulares, quedando las tierras mapuche localizadas en los cordones de cerros.
Las tierras ancestrales de las comunidades mapuches que protagonizaron los sucesos en cuestión, fueron rematadas por el Estado Chileno en 1878 en virtud de un decreto Presidencial y complementadas las subastas en 1885, adjudicándoselas a particulares que constituyeron fundos, entre otros el fundo Pidenco, hoy en litigio. La subasta de las tierras significó la sustracción de un piso ecológico básico para la economía ganadera, es decir, los terrenos planos de fondo de valle y abiertos por la comunidad para el pastoreo.
La entrega de tierras con Título de Merced a las comunidades o radicación, fue posterior a los remates y repartos efectuados a colonos por el Estado. En 1885 se radicó en 356 hectáreas a Juan Cañuleo Pinoleo y 40 personas más en el sector de Pichiloncoyán y en 1905 se radicó a Pedro Huinca Pinoleo y 26 personas más en 180 hectáreas del sector Pililmapu.
Los efectos inmediatos de la radicación en pequeñas superficies de tierras fueron, para estas comunidades, los siguientes:
* El empobrecimiento económico y ambiental, ya que al quedar reducidas a pequeñas unidades de superficies de tierras y habiendo perdido los dilatados terrenos de pastoreo donde mantenían cientos de cabezas de ganado, debieron abandonar la crianza y abocarse a efectuar una agricultura de subsistencia, perdiendo su única fuente de acumulación de riqueza, la actividad ganadera.
* Al quedar radicadas sobre los cerros, debieron efectuar los cultivos en las laderas de los cerros y en pocos años se produjo la erosión de los suelos, perdiéndose la sustentabilidad de la economía familiar, lo que obligó a deforestar terrenos aun más frágiles para abrir nuevas tierras de cultivo que sufrieron la misma erosión.
* El bosque nativo existente en ambas reducciones o comunidades mapuche se fue desapareciendo aceleradamente debido a la poca tierra de cultivo para subsistir y la presión demográfica, producto del aumento de la población que se debió instalar sobre los mismos y escasos terrenos, reduciéndose cada vez las hijuelas. Este crecimiento poblacional se vio incrementado por la instalación en la comunidad de Pichiloncoyán de familias mapuches provenientes del sector denominado Guadava, las que fueron despojadas de sus tierras originarias.
* Aumentó la crisis de subsistencia de las comunidades mapuche debido al deterioro ambiental provocado en los fundos constituídos sobre sus antiguas tierras, ya que estas se dedicaron al monocultivo triguero que requirió la quema de bosque nativo para la apertura de tierras de cultivo, provocando un extenso proceso de erosión de suelos.
* La eliminación de los bosques, la erosión de los suelos y la reducción de las hijuelas por el aumento de la población de las comunidades, significó la agudización de la pobreza económica y ambiental, el inicio de la migración laboral hacia zonas urbanas para complementar los ingresos familiares y la reactivación de la memoria histórica de la comunidad que hizo patente la necesidad de recuperar los terrenos de sus antepasados para superar la pobreza y falta de oportunidades en que se encuentran.
2.2. Situación productiva, ambiental y social de las comunidades.
Las comunidades en la actualidad cuentan con un promedio de superficie por familia de 3,5 hectáreas de suelos no arables, con alto grado de erosión, las que no permiten la subsistencia mínima familiar, creando pobreza material y falta de oportunidades de trabajo.
La totalidad de las tierras de estas dos comunidades se encuentran con un alto grado de erosión con pérdida del perfil de suelo fértil, lo que se clasifica como grado de erosión grave o muy grave, es decir no se pueden cultivar sin que se incorporen al suelo fertilizantes y abonos. Los rendimientos de los escasos cultivos cuando logran su maduración es de 1 x 2. Los cultivos son de secano o rulo, pues no existen terrenos de riego en la comunidad. La agricultura no permite la subsistencia de la familia mapuche, y la ganadería es prácticamente inexistente.
Asociado a lo anterior se encuentra la desecación de vertientes y esteros, debido a que en los fundos que rodean a las comunidades se ha efectuado extensas plantaciones de pino insigne por las empresas forestales, lo que ha llevado a u agudo empobrecimiento del hábitat. Las plantaciones del monocultivo del pino insigne y de eucaliptus inhiben el escurrimiento lento del agua en superficie y absorven con sus raíces las pocas aguas subterráneas disponibles, debiendo la población de estas comunidades obtener el vital elemento a más de tres kilómetros de distancia.
Otros efectos negativos asociados a las plantaciones de pino insigne que hacen las empresas forestales y que impactan fuertemente sobre las comunidades mapuche vecinas es la eliminación de la fauna terrestre por el envenenamiento de pastos y de cebos colocados en los sectores de plantación. Esto hace que prácticamente hayan desaparecido conejos y liebres que eran de importancia en la dieta complementaria de estas comunidades. Igualmente el control de plagas de las plantaciones de pino, por medio de agroquímicos arrojados desde aviones, ha provocado la pérdida de pequeños cultivos, la contaminación de los escasos pastos naturales y efectos tóxicos sobre la salud de la población.
La situación social de estas comunidades se caracteriza por la extrema pobreza social, productiva y ambiental, causas que están a la base de los sucesos de Lumaco, pues las comunidades ven como única solución a sus problemas la ampliación de sus tierras a través de la restitución del fundo Pidenco.
3. LOS HECHOS
3.1. Los acusados.
Los sucesos que se investigan en la actualidad por el Juez Sumariante don Antonio Castro, mantienen hoy en calidad de procesados a doce integrantes de las comunidades indígenas, como autores del delito contemplado en el artículo 6º de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Esta Comisión, habiendo reflexionado al tenor de la información recogida por ella en el lugar de los hechos, ha llegado a la convicción de que la decisión de recurrir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, aparece como un hecho precipitado, y carente de un mejor y debido razonamiento de las consecuencias y efectos que tal medida puede acarrear.
En efecto, nuestra percepción como Comisión es que se operó sobre la base de información de inteligencia, que resultó carente de fundamento, en orden a vincular el incendio de camiones con el despliegue de una acción de carácter política o terrorista. Ello fue lo que marcó el cauce legal elegido por la autoridad.
Por otra parte, el uso de esa normativa legal especial, reservada sólo para aquellos que atentan contra el Estado y su estabilidad, ha sido un pésimo mensaje para las comunidades mapuche, puesto que en ellos se acrecienta un sentimiento negativo hacia el Estado de Chile y sus autoridades.
Las explicaciones del Señor Intendente, respecto de su requerimiento y el uso de este instrumento legal, parecieron poco satisfactorias para esta Comisión. Sin lugar a dudas el uso de esa ley especial, con un juez especial, por sí, le agrega a los hechos una connotación política que, desde el punto de vista de lo observado por esta Comisión, no tienen. Ha sido esa connotación además, la que tiene hoy a los sucesos de Lumaco en un lugar preferente en los medios de comunicación. Dicho en pocas palabras, ha sido esa desafortunada decisión de la autoridad, la que ha permitido que los hechos aparezcan hoy sobredimensionados, generando una situación potencial de mayores conflictos.
Los detenidos indicaron no pertenecer a ninguna organización política o grupo subversivo, como se difundió en el primer momento desde el Ministerio del Interior, las que se basaban, según la prensa, en antecedentes suministrados por la Dipolcar, Dirección de Inteligencia de Carabineros.
El fundo Pidenco es reivindicado por las comunidades Pichiloncoyán y Pililmapu. Los mapuches argumentan que dichas tierras pertenecieron a sus antepasados, en específico a don Juan Andrés Chureo Pinoleo. Para restablecer el dominio y la irresistible e imperiosa necesidad de tierras para subsistir, realizaron varias acciones pacíficas de ocupación del predio, con el fin de llamar la atención de las autoridades e instituciones correspondientes para una pronta solución a sus agudos problemas de pobreza. En su debida oportunidad, y previo a los sucesos comentados, los dirigentes de ambas comunidades plantearon el problema a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, y a la propia Intendencia Regional, a través de la Asociación de Comunidades Mapuches de Lumaco, sin contar con una respuesta satisfactoria.
A nivel local, ayudó a tensar el clima de beligerancia el término del diálogo con autoridades y con representantes de la empresa; estos últimos se negaron a recibirlos. A esto se agregó la contratación que hizo la empresa Forestal Arauco de una empresa de seguridad para cuidar el fundo Pidenco. En entrevista en la Cárcel de Temuco con los doce procesados, varios negaron su participación en los hechos que se investigan y otros aceptan haber estado presente en los sucesos sin estar de acuerdo con los cargos que se les imputan, señalando que sólo querían suspender el paso de los camiones desinflando sus ruedas y que el incendio fue un hecho fortuito ocurrido a instigación de los choferes de los vehículos.
3.2. Detenciones y declaraciones.
La investigación de los hechos ocurridos en torno al incendio de camiones fueron llevadas a cabo por Carabineros de Chile, reforzándose la dotación del Retén de Lumaco, cambiando su categoría a Tenencia. Las diligencias en comunidades se efectuaron por miembros de civil que no se identificaron, los que según informaciones de prensa pertenecían a la Dirección de Inteligencia Policial, Dipolcar, y que según miembros de la comunidad en declaración a esta Comisión, utilizaron el nombre de CONADI para efectuar las pesquisas que desembocaron en algunas de la detenciones, como el caso del joven José Chureo.
En las detenciones de los doce procesados, todas ellas ocurridas en sus hogares o cerca de su domicilio, no se presentó orden judicial de arresto o allanamiento, según los detenidos. Señalan que el traslado a dependencias de Carabineros en Traiguén y se les mantuvo incomunicados a algunos de ellos por más del plazo legal de cinco días y sostienen que fue negada su permanencia en dichos recintos a los familiares que intentaron visitarlos.
Durante el período de detención, los procesados reconocen haber sido objeto de presiones psicológicas para inculpar a otros miembros de su comunidad, y de un trato vejatorio a su condición de indígena. Igualmente aseguran que personas de civil les señalaban que confesaran debido a que habían sido denunciados por sus propios compañeros.
Durante la detención e incomunicación los comuneros mapuche señalaron a esta Comisión que agentes de civil los obligaban a reconocer en fotografías de personas que nunca habían visto. Después supieron que se trataban de personas presuntamente vinculadas al MIR-EGP. Este hecho evidentemente corresponde a un intento de conectar la demanda indígena a grupos ajenos a su comunidad con el fin de avalar infundadas afirmaciones en las que se sustentaron los operativos policiales y las medidas judiciales tomadas por las autoridades, las que fueron alimentadas, según informes de prensa, por la inteligencia de Carabineros.
Las declaraciones confeccionadas para cada detenido por Carabineros durante la incomunicación fueron leídas a los inculpados por el Juez Instructor de la causa, y sólo algunos que sabía leer (siete en total) pudieron cambiar su declaración incriminatoria. Aseguran los detenidos que la mayoría firmó declaraciones que nunca leyeron.
3.3. Clima sociológico en las comunidades.
Esta Comisión pudo constatar en terreno la existencia de un clima de inseguridad y temor, debido a las constantes rondas de vigilancia efectuadas durante el día y la noche por vehículos desconocidos, con personal de civil, y con vehículos policiales.
Testimonios de comuneros indican que este clima ha creado entre los niños temor y angustia, que incluso con la sola presencia policial los niños arrancan hacia los cerros.
Hemos constatado que estos patrullajes se hacen en caminos vecinales de propiedad privada de las comunidades indígenas, sin su debida autorización por parte de los comuneros.
El amedrentamiento y hostigamiento hacia los mapuches se complementa con las guardias de seguridad del fundo Pidenco, cuya existencia fue reconocida ante esta Comisión por el Intendente de la Novena Región. En Pililmapu, los comuneros comentaron de las amenazas y de disparos efectuados en la noche por el personal de seguridad contratado por la empresa Forestal Arauco, lo que mantiene intimidados a sus familias. A juicio de esta Comisión este punto debiera ser investigado y debidamente aclarado por las autoridades.
El sentimiento de desamparo se ve agudizado entre las familias indígenas pues nos indicaron que ninguna autoridad parlamentaria o de gobierno a ido a conversar con ellos para resolver sus problemas.
Firman los integrantes de la Comisión.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. a.- A nuestro juicio los hechos de Lumaco son la expresión de un profundo problema que afecta a las comunidades indígenas, el que tiene por origen la situación de extrema pobreza, degradación ambiental y baja productividad de los suelos degradados, en las que ellas habitan. Lo anterior da carácter de necesidad urgente a la ampliación de sus tierras, en especial aquellas que reivindican como propias. Esto no significa que esta Comisión deje de reprobar los hechos que implican violencia. b.- A la luz de los antecedentes reunidos por esta Comisión, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado no resulta adecuada, puesto que los hechos ocurridos nunca han puesto en peligro la seguridad del Estado. Se trata de un conflicto entre particulares y corresponde a la empresa iniciar las acciones judiciales que estime convenientes. Por lo tanto, esta Comisión solicita a las autoridades que desistan del requerimiento y la pronta libertad de los detenidos. c.- Solicitamos el término del despliegue extraordinario de fuerzas policiales en las comunidades y el cese al clima de amedrentamiento por parte de los guardias de seguridad del fundo Pidenco, perteneciente a la empresa "Forestal Arauco". d.- Solicitamos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que asuma un rol activo en la resolución de este problema, elaborando un plan de desarrollo integral para las comunidades y asumiendo la defensa integral de los afectados. e.- Tras los hechos de Lumaco existe un alarmante cúmulo de reivindicaciones territoriales y sociales jamás consideradas. Esta Comisión estima que el Gobierno aún no se ha dado cuenta de las graves implicancias que esta situación puede acarrear en un cuadro nacional de general deterioro de las condiciones económicas, sociales y culturales de los pueblos originarias. Lo que puede desembocar en una riesgosa explosión social.
Senén Conejeros
Presidente del Colegio de Periodistas y de la Federación de Colegios Profesionales de ChileManuel Baquedano
Presidente del Instituto de Ecología Política - IEPJosé Bengoa
Rector de la Universidad Academia de Humanismo CristianoNelson Caucoto
Abogado de Derechos HumanosFabiola Letelier
Abogado, Presidente de CODEPUAdrián Fuentes
Representante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUTMonseñor Jorge Hourton
Obispo y Rector de la Universidad Católica de TemucoSara Larraín
Secretaria Ejecutiva Programa Chile SustentableHilda Llanquinao
miembro del Consejo Académico de la Universidad de La Frontera, Temuco.Luis Mariano Rendón
Coordinador de la Red Nacional de Acción Ecológica - RENACE