Para las comunidades mapuches perder la memoria histórica es perder sus derechos y la posibilidad de recuperar las tierras ancestrales que les pertenecieron hasta hace muy poco tiempo.
Esta memoria colectiva que se abriga junto al fogón y reproduce en mapudungun, prácticamente no está escrita en su extensión y profundidad - sólo encontramos en documentos y en algunos estudios que validan el relato y testimonio oral como fuente de conocimiento -, a pesar de los esfuerzos realizados por destacados intelectuales mapuches y chilenos, por escribirla, difundirla y valorarla, con el fin de contribuir al conocimiento y comprensión de esa trayectoria histórica en estos dos últimos siglos y sensibilizar a la sociedad nacional de los justos derechos que asisten a la gente de la tierra.
CONFINAMIENTO Y CONDENA
La memoria histórica en las comunidades mapuches no es un recuerdo desarticulado en el tiempo. Es más bien un constante raconto que coexiste de frente a la tierra de la que se habla, que da cuenta de su pertenencia y del sustento de la estructura socio-cultural y económica del pueblo mapuche, generándose un consenso latente de volverlas a poseer. Esta conciencia telúrica se traduce en acción de voluntades, cuando sus planteamientos no han sido escuchados y las reiteradas peticiones de solución a sus problemas han quedado archivadas en alguna oficina publica o judicial, entonces la noticia surge desde remotos rincones de La Araucanía y del Butahuillimapu, impactando una vez más la conciencia nacional.
Los recientes sucesos de Lumaco encaran una realidad que el país no quiere ver, no son obra de personas a las que se les identifica con estereotipos penalizados que sirvan para justificar la represión en las comunidades mapuches, ellos más bien desvelan la discriminación étnica y social. Hechos como los de Lumaco se han manifestado de diversos modos, circunstancias y consecuencias a lo largo de este siglo, como parte de las múltiples formas de expresión del movimiento social mapuche, donde la memoria siempre ha estado en la base del discursos reivindicativo.
La movilización recuperadora de tierras comenzó a expresarse después del término de la ocupación militar en La Araucanía, territorio indígena hasta 1883, y luego que sus grandes posesiones territoriales fueses repartidas por el Estado chileno, a través de remates de tierras que dieron origen a grandes fundos, o mediante la entrega de tierras a colonos y empresas de colonización de extranjeros y chilenos, muchos de los cuales, en conjunto con los adjudicatarios de tierras en remates, ampliaron sus propiedades sobre tierras indígenas usando la violencia y el engaño. Finalmente, a los mapuches se le entresgaron pequeñas superficies de tierras llamadas reducciones, reservas o títulos de merced, donde se les confinó y condenó al empobrecimiento progresivo.
Terminado el reparto del territorio indígena, la trayectoria
histórica del pueblo mapuche se ha caracterizado entre otros aspectos,
por el despliegue de acciones tendientes a la defensa, demanda y recuperación
de tierras, utilizando para ello acciones de hecho y además la vía
judicial con presentaciones en los tribunales de justicia, quedando la
mayoría en el camino o con fallos que han rechazado las pretensiones
indígenas, en virtud de una legalidad, que en el caso de las tierras
es incomprensible a la conciencia mapuche.
IMPOSICION DE POBREZA
La primera noticia sobre acciones de recuperación de tierras se remonta a 1912, cuando mapuches de Loncoche retoman los terrenos que pertenecían a su comunidad. Ese mismo año se produce la matanza de Forrahue en Osorno, donde muere el Cacique Railef y veintiún indígenas al defender las tierras de sus antepasados e impedir el desalojo forzoso que hizo la fuerza pública. A estos hechos se suman numerosos sucesos como los del Budi en 1932 con la toma de varios fundos, la revuelta de Huequetrumao en Chiloé en 1947, el prolongado conflicto entre la comunidad La Catrihuala de Río negro y la hacienda Cameros a mediados de 1950, los sucesos de Isla Pangal, Colhue, Rucaraqui en Arauco y de los Lolocos en Malleco a mediados de los sesenta.
Por otra parte cabe recordar el importante rol que jugaron las comunidades mapuches en la dinamización del proceso expropiatorio de la reforma agraria en el sur de país. El que se sustentó en la acción reivindicatoria de sus antiguos territorios. Las recuperaciones de tierras tampoco estuvieron ausentes bajo la dictadura militar, las que se efectuaron incluso bajo el imperio de estados de excepción, como la recuperación de los fundos Tallos bajos de Valdivia, Ranquilhue en Arauco y Ranquilco en Malleco.
En la actualidad ha ocurrido numerosos hechos que dan cuenta de que la demanda y los problemas de tierras mapuches no están resueltos. Algunos de estos son la reciente ocupación de terrenos ocurrida en 1996 en le sector de Huillinco cerca del lago Lleu-Lleu, la recuperación de tierras fiscales de posesión indígena en el fundo Huitrapulli en la Cordillera de la Costa de Osorno, la ocupación de terrenos en Maihue, Valdivia, el conflicto de la comunidad Coihuin de Compu, Chiloé, con la empresa forestal Golden Spring y los numerosos problemas latentes entre comunidades y particulares, empresas energéticas y forestales en Bío-Bío, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno y Chiloé.
Los ejemplos suman y siguen, como la reciente ocupación de tierras realizada por la comunidad Pascual Coña junto al Lago Lleu-Lleu, o el caso de la comunidad Huilliche de Illahuapi en el lago Ranco de la que pende la amenaza de desalojo de las tierras que ocupa desde tiempos remotos; el impedimento de un particular a la comunidad pehuenche de Trapa-Trapa para el uso de las veranadas en el sector La Bayas y Cochico; y finalmente, en el Alto Bío-Bío donde ENDESA insiste en violar la voluntad de los pehuenches promoviendo el traslado de la población.
En cada uno de los acontecimientos citados existe una larga historia relacionada con la posesión de tierras que les pertenecen o pertenecieron ancestralmente, siendo la base argumental del discurso mapuche el recuerdo colectivo que da cuenta de los mecanismos utilizados desde el siglo pasado para sustraer, en forma parcial o total, las tierras del dominio indígena. Entre estos mecanismos de despojo se nombran las corridas de cerco, usurpaciones con fuerza, persecución de familias e incendio de viviendas, agresión y muerte a comuneros, engaños, fraudes, contratos simulados, entrega de poderes amplios, fabricación de títulos de dominio, ventas de acciones y derechos, uso de bebidas alcohólicas para obtener firma del dedo pulgar, presión sicológica o acciones judiciales, o simplemente leyes y decretos que han terminado por sustraer las tierras de mapuches en el sur del país.
El resultado de la usurpación de tierras ha sido la imposición de la pobreza, la que a diferencia de lo que comúnmente se sostiene, no constituye una condición histórica del indígena. La riqueza mapuche como expresión socioeconómica, cultural y ambiental, fue su condición hasta las últimas décadas del siglo XIX.
Los mapuches contaban con inmensos territorios cubiertos de bosques,
ricas praderas naturales y campos de cultivo, regados por ríos,
esteros y vertientes, donde se producían alimentos para la subsistencia
y pastaban miles de cabezas de ganado caballar, vacuno, mular y ovino.
los hombres y mujeres lucían en sus finos atuendos pesadas joyas
de plata, poseían grandes y espaciosas rucas y mantenían
un hábitat de gran biodiversidad, que les posibilitaba la reproducción
social, cultural y económica ampliada, expresándose la acumulación
de riqueza en la masa ganadera, los bienes materiales, la platería,
la poligamia y el dominio de jurisdicciones territoriales.
POBRES Y VULNERABLES
Sin embargo, esta riqueza fue enajenada y confiscada por el Estado Chileno, no sólo se les quitó el noventa y cinco por ciento de su territorio, sino que además se les confiscó el ganado y se les desplazó en muchos casos de sus históricos lugares de poblamiento. Arrinconados en las últimas tierras se les radicó, instalándose la pobreza con la que hoy se les caracteriza de acuerdo a parámetros de ingresos, que si bien dan cuenta de los escuálidos ingresos monetarios, no consideran las dimensiones ecoterritoriales del hábitat, el ordenamiento cultural y valórico mapuche, el proyecto de desarrollo indígena y la conciencia histórica respecto de su pesado y devenir.
Al ignorarse estas particularidades de un pueblo distinto al chileno, los planes de combate a la pobreza naufragan en la realidad de las comunidades, no sólo por constituir inversiones insuficientes, sino también por estar desfasados de las formas de priorización de las inversiones que hacen las comunidades, ya que en general no consideran la participación e injerencia indígena en la gestión y destino de los recursos que se invierten.
Al desfase de los objetivos de desarrollo respecto de las comunidades mapuche se suman otros aspectos que dan cuenta del distanciamiento que se ha ido produciendo en la relación Estado y Pueblos Indígenas, como la inexistencia de una promoción y el desconocimiento de sus derechos específicos, la drástica reducción de la participación y la falta de una voluntad política para abordar las demandas de las comunidades mapuches.
Esta tendencia al distanciamiento tiene relación con prejuicios discriminatorios con el indígena y con tendencias de pensamiento taxonómicas y homogenizantes, como ha ocurrido con la caracterización de los indígenas como "pobres" y "grupos vulnerables", conceptos que en su uso práctico ha sepultado el reconocimiento de la diversidad étnica, desdibujando los derechos específicos alcanzados durante los primeros años de la transición democrática.
En cuanto a la actitud de desconfianza hacia el mundo indígena, ésta ha tenido directa relación con dos procesos contrapuestos, por una parte el olvido de la diversidad o pluralidad étnica desde la superestructura y por la otra el creciente proceso de autorreforzamiento de la identidad cultural mapuche que ha articulado un discurso crítico que cuestiona la imposición de una política neoliberal inconsulta sobre su territorio, que no resuelve sus demandas, exigiendo a las comunidades el respeto por sus derechos legales y ancestrales.
Estas nuevas tendencias en el pensamiento indígena han comenzado a ser vistas por el pensamiento tecno-autoritario como disidencia instrumentalizada por terceros, negándose a reconocer la legitimidad y justeza de sus reivindicaciones e impidiendo que se resuelvan los problemas planteados a través de la participación y el respeto por los planteamientos de las comunidades indígenas y sus organizaciones.
Desafortunadamente, el Estado que debiera resolver los problemas
planteados por indígenas, ha cedido a las presiones de los grupos
económicos o al tráfico de influencias de representantes
de empresas que exigieron se cautelaran sus intereses, sus proyectos o
futuras inversiones, como ocurrió con los estudios ambientales de
la Central Hidroeléctrica Ralco que afectan a las comunidades pehuenches
del Alto Bío-Bío. Igual cosa ha ocurrido con la cautela de
los derechos de propiedad de particulares, muchos de ellos inexistentes,
como ha sucedido en la Cordillera de la Costa de Osorno, donde reiteradamente
se negaba a nivel local que el fundo Huitrapulli fuese de propiedad fiscal
y de posesión material indígena.
DEUDA HISTORICA
Los hechos comentados muestran una práctica que ha inaugurado procesos de pérdida de confianza y distanciamiento hacia la gente de la tierra, y que a la vez han posibilitado la expresión de sucesos como los de Lumaco, donde la sospecha y la desconfianza han sido malas consejeras, ya que en este caso se actuó en contra de las comunidades mapuches a través de informes de inteligencia policial, que aparte de reemplazar la relación de confianza establecida con la gente, alimentaron con informaciones infundadas una supuesta conexión de los hechos con un acción de guerrilleros inflitrados, y como sostuvo una Comisión Especial de la Sociedad Civil formada por destacadas personalidades que visitó la zona, ésta fue la base argumental y propagandística para informar y aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, en un conflicto entre particulares y del que estaban debidamente informadas las autoridades, pues las comunidades Pililmapu y Pichilcoyán habían planteado en reiteradas ocasiones sus demandas y necesidades urgentes.
La memoria histórica de las comunidades mapuches puede relatar decenas de conflictos de tierras que no se han resuelto desde largo tiempo, los que se pueden expresar multifacéticamente de no restituirse una relación de respeto con las comunidades indígenas y de reconocimiento con sus derechos, estatus que había logrado en los primeros años del gobierno democrático, ya que se sienten injustamente marginalizadas de la participación en la toma de decisiones. En efecto, la mayor expresión de participación fue el proceso de discusión, promulgación y aplicación de la Ley Indígena, cuerpo legislativo promulgado por la unanimidad del Parlamento, y que su generación fue el resultado de un Congreso de Pueblos Indígenas que realizó mas de novecientas reuniones y asambleas a nivel nacional, siendo la única Ley que ha surgido de la discusión y participación indígena, conservando el texto algunas de las ideas fundamentales propuestas por dirigentes y comunidades mapuches desde el Bío-Bío a Chiloé y de otros pueblos indígenas del país.
La Ley Indígena enfrentándose a múltiples y más elevados requerimientos, no ha contado para su implementación con un apoyo político que se traduzca en un adecuado financiamiento para resolver los apremiantes problemas presentados por los indígenas. La situación de desfinanciamiento para el cumplimiento de los múltiples objetivos encomendados por los pueblos originarios y contemplados en el cuerpo legal, no permitiría resolver, si hoy se presentara, el conflicto de Quinquén, como tampoco el del fundo Pidenco, motivo de los sucesos de Lumaco. Los dineros para pagar "deuda histórica" con los mapuches son insuficientes y no permiten resolver los problemas de tierras, desarrollo económico y cultural que presentan, lo que genera frustración colectiva e impone a las comunidades mapuches la necesidad de resolver sus problemas de la manera que lo han hecho históricamente, no olvidando sus derechos.
Es necesario un cambio profundo en las relaciones del Estado con los Pueblos Indígenas, el que debe respetar los procesos de identidad y propuestas indígenas, reconocer los derechos de las comunidades, asumir conscientemente la deuda histórica con el pueblo mapuche, financiar debidamente la ley Indígena y mantener la intransigencia de los mandatos contemplados en ella, ante particulares y empresas.
Igualmente es necesario asumir el reconocimiento de los derechos históricos de las comunidades mapuches, y de otros que han quedado pendientes como el reconocimiento constitucional de la condición de pueblos indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de otros compromisos internacionales, que aseguran a los indígenas derechos hoy no contemplados por el Estado.
La memoria histórica mapuche está indisolublemente
ligada a sus derechos como pueblo, siendo los territoriales una de las
principales motivaciones para existir, resistir y permanecer. Es por
esto, que las reexpansiones de tierras protagonizadas por comunidades mapuches
constituyen actos de expresión de quienes necesitan y sueñan
con encontrar su propio desarrollo para superar los agudos problemas derivados
de su forzada reducción. Precisan más tierras para reforzar
su identidad y cultura, mejorar su calidad de vida material, ambiental,
y espiritual, restablecer los equilibrios con la naturaleza, reampliar
los horizontes del confinamiento y la esperanza de construir su propio
proyecto de existencia, que les permita la reconstrucción de su
territorialidad, recobrar lo perdido como legítimo y justo derecho,
para así volver a poseer la riqueza enajenada.