Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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domingo 6 de febrero de 2000

Juan Carlos Coronata, gobernador de Biobío
"En el caso Ralco, el diálogo no ha alcanzado los niveles óptimos"

Parece un patrón de fundo, cercano y bonachón, pero firme en sus ideas y en exigir que se cumpla lo que considera correcto. Quizás por eso Juan Carlos Coronata, gobernador de Biobío y por estos días intendente subrogante, es un personaje querido. Aunque eso no implica que no le haya correspondido estar muchas veces en el centro mismo del conflicto, sobre todo en el tema indígena, que hasta hoy da noticia.

Nadie puede negar que es pieza clave en los efectos del Proyecto Ralco, donde a viva voz ha reclamado por anteponer los derechos e intereses de las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco Lepoy por sobre los de la Endesa, logrando que las permutas y expropiaciones hechas en el lugar no signifiquen un cambio de vida radical para quienes la tierra es el bien más preciado.

"El trabajo no ha sido fácil. Pero debo ser honesto -aunque parezca una falta de modestia- al decir que hemos logrado despegar del estancamiento y quebrar la inercia en esta materia", señala, recordando que hasta hace diez años, la inversión en la zona cordillerana habitada por pehuenches era nula y el diálogo entre los loncos indígenas y las autoridades públicas, inexistente.

Coronata reconoce que el polémico proyecto Ralco "es necesario para Chile, para el crecimiento nacional, para la demanda energética".

Sin embargo, mantiene su férrea oposición a cómo el proyecto se ha instalado. "Mis aprensiones no son de fondo sino de forma. Eso es algo que me han escuchado decir muchas veces", señaló el personero, quien no desconoce que la mayoría de las personas -especialmente los indígenas- lo reconoce como un interlocutor válido y como una personaje definitivamente a favor de los intereses de los pehuenches por sobre los intereses economicistas.

Para el gobernador, el proyecto se ha instalado con la premisa de que "se va a hacer de todas maneras", pero preferiría pensar que "se hará de la mejor manera", desde el punto de vista de una relación amigable con el entorno social inmediato. "Esa relación no ha estado en los niveles óptimos que hubiéramos querido. Muy por el contrario, ha estado varias veces quebrantada", señaló.

Por eso la preocupación, señala, de que el asunto aún no tenga un térmico cercano, toda vez que en unas cinco semanas más Coronata dejará su cargo en manos de quien designe el nuevo Presidente de la República. Aún se mantiene el conflicto con siete familias que no llegan a acuerdo para realizar las permutas, pese a que en su obra de ingeniería, el proyecto tiene un 25% de avance, y se avecina la entrega de la concesión eléctrica definitiva a la Endesa, lo cual le daría un peso jurídico mucho más maciso al proyecto para su concresión. "Tengo la esperanza en que podamos avanzar en acuerdos", dice, al tiempo que reconoce que le habría gustado dejar "el tema zanjado".

Sin embargo, Coronata dice que desde hace un tiempo se advierte una actitud diferente de parte de la empresa. Como ejemplo, señala las 74 viviendas con financiamiento compartido -entre el gobierno y los promotores de la represa- que se entregarán próximamente, de un total de 150 que se instalarán para familias que vivían en el área de influencia del proyecto.

"Ojalá nos acostumbremos en Chile a que los proyectos, por muy mega que puedan ser en su tamaño y en su inversión, deben preocuparse de escuchar la comunidad. Tenemos un ejemplo muy reciente con el rechazo a la celulosa Itata", indicó. Pese a ello, "me preocupa ver que en el tema indígena está predominando el método economicista, donde se privilegia el monto de la inversión", aunque "lo que se requiere es un tratamiento de lo social de una forma aún más particular de lo que se hace", sentenció


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