"Tras la marcha aborigen hay aviesas intenciones"

"La movilización que encabeza el cacique Calermo -dijo- tiene como objetivo quedarse con el manejo del IPPIS".

La entrega de tierras en el lote fiscal 4, la construcción de las viviendas comprometidas (algunas ya fueron entregadas) y los resultados del operativo documental que realizó el Registro Civil entre los aborígenes, fueron algunos de los argumentos que empleó el ministro de Gobierno Osvaldo Salum para cuestionar ayer la protesta que encabeza el cacique de la misión "La Mora'', Indalecio Calermo. Los aborígenes permanecieron ayer en las márgenes del río Arenales y el gobierno provincial les ofreció asistencia sanitaria y alimenticia, porque el grupo está compuesto no solamente por hombres, sino también por mujeres y niños.

El funcionario aseguró que el diálogo con los aborígenes no está cortado, pero le atribuyó la intencionalidad de pretender influir en la conformación del IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas) ya que, dijo, "el cacique que promueve la marcha tiene apetencias de conducir el organismo que fue creado por una ley sancionada hace casi dos años".

"En la ley de creación del IPPIS se dejó establecido que serán las propias etnias aborígenes las que elegirán a sus representantes mientras que el presidente surgirá de una elección entre estos", señaló.

Para Salum, la metodología de la protesta permanente de estas comunidades aborígenes "es inconducente'' y recordó en este sentido que en varias oportunidades atendió el reclamo tanto personalmente como con los restantes miembros del gabinete provincial. Advirtió sobre la "apetencia personal del cacique Indalecio Calermo de ser presidente del IPPIS'' y descalificó los motivos de la movilización porque "la provincia sancionó una ley que posibilita que sean los mismos aborígenes quienes elijan a sus autoridades, por eso es que ahora este cacique esgrime como eje de su protesta la exigencia de tierras en el lote fiscal 4''. Este lote, de 13.413 hectáreas, fue adjudicado por decreto 1326/00 en forma comunitaria a 16 comunidades de las etnias wichi, chorote, toba y chulupí. En un decreto posterior se incluyó en la adjudicación a las comunidades aborígenes de Tonono y Misión Chorote.

"La provincia cumplió acabadamente con su compromiso respecto del lote fiscal 4. Es decir, no hay ninguna demora ni incumplimiento'', señaló el funcionario. Esto le dio pie para denunciar "la aviesa intencionalidad del cacique Indalecio Calermo''.

Cuestionó además la actitud de amenazar con la inmolación de miembros de la misión como una forma de presionar a las autoridades e instó a la reflexión de los miembros de la comunidad.

"Este tipo de manifestación es totalmente inconducente. El tema de la conducción del IPPIS, que es el gran reclamo del cacique Calermo, se va a lograr de acuerdo a lo establecido en la ley 7.121'', aseveró.

Por otro lado, Salum señaló que Calermo ha reclamado más tierras, anunciando que "hay un compromiso gubernamental de otorgarle a las comunidades indígenas 36.000 hectáreas del lote fiscal 5, cuestión que es falsa, ya que ese predio no existe. Y por otro conducto y en la espiral de reclamaciones que ha venido haciendo, exige documentación para sus hermanos, cuando por primera vez en la historia el Registro Civil se trasladó hasta sus comunidades, habiéndose realizado más de 10.000 tramitaciones en ese sentido. Y como si fuese poco -concluyó- por gestiones estatales, se les han adjudicado 2.600 subsidios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y a 300 que no daban los requisitos se les otorga una ayuda mensual permanente por igual cantidad, incluidas en un Plan de Emergencia Laboral (PEL)".