Un respaldo de peso. La ex postulante a la Corte Suprema Ana María Figueroa visitó ayer la carpa frente a la Rosadita.

Darle vuelo al reclamo. Figueroa instó a los caciques a llevar su planteo a organismos nacionales.

Ahora, la presentación de los líderes políticos del pueblo mbyá guaraní se dirigió hacia el Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo ante el cual los aborígenes reclamaron un informe del destino dado al Fondo Permanente del Pueblo Guaraní, que está compuesto por porcentajes de la recaudación del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc) y de la coparticipación federal que recibe el Estado provincial.

Sobre el particular, los caciques denunciaron que “gran parte” de esos fondos fueron utilizados “para otros fines y/o propósitos inconfesables”, entre los que  mencionaron pasajes aéreos para funcionarios ajenos a la Dirección de Asuntos Guaraníes y “viáticos de funcionarios con sus respectivos consortes, que se encargan de la tarea de distracción artística y desfile de modelos, seguido de otras variedades”, de acuerdo con la presentación elevada al presidente del Tribunal de Cuentas, Pedro Perpetuo Forés.

El titular del organismo de control se habría comprometido, de acuerdo con lo que dijeron los representantes de los aborígenes, a entregar los resultados de la investigación en un plazo de quince días.
Paralelamente, la protesta de los guaraníes tomaría más fuerza en los próximos días, ya que ayer la precaria carpa montada frente a la Casa de Gobierno fue visitada por una de las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Ana María Figueroa, quien se comprometió a colaborar para que la situación de los guaraníes en Misiones sea conocida en el ámbito nacional e internacional, en lo que los caciques consideran una violación de los derechos humanos del pueblo mbyá, por la muerte de niños y el alto índice de enfermedades ocasionada por la desnutrición.

Figueroa, una reconocida abogada que incluso integró la terna de postulantes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que luego derivó en la designación de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal nacional, estuvo ayer por la tarde reunida con los caciques apostados en la plaza, y se comprometió a acercar todos los medios posibles para que el reclamo de los guaraníes se sume al de otras comunidades aborígenes que sufren carencias en otros puntos del país. “Este reclamo no es sólo de ustedes. Es de muchas otras comunidades, y tienen que hacerlo saber”, les dijo a los caciques la renombrada abogada.
 

El pedido de investigación

La presentación ante el Tribunal de Cuentas, firmada por Lorenzo Ramos, Dionisio Duarte y Danielo Chamorro, del Consejo de Caciques, reclama que el organismo proceda a investigar “las irregularidades cometidas por el Gobierno de la Provincia de Misiones a través de la Dirección General de Asuntos Guaraníes dirigida por Arnulfo Verón”, en lo referente a la utilización del Fondo del Pueblo Guaraní, compuesto por el 1% de las utilidades o beneficios del Iplyc y el 1,5 por mil de los recursos de Coparticipación Federal, además de otros subsidios nacionales y provinciales.

Esos fondos están por ley destinados a la comunidad guaraní para adjudicación de tierras, salud, alimentación, vivienda y educación, entre otros ítems, pero de acuerdo con la denuncia tales fines no se cumplen. Según los caciques, Verón “ha prostituido” a la comunidad guaraní a través de “prácticas engañosas y abandono”, al tiempo que aseveraron que hay “desvíos (...) en la entrega de ropas, mercaderías varias, pañales y remedios” y que “únicamente reciben el 20 por ciento” de lo que les corresponde,
Por otra parte, los caciques denunciaron que tales circunstancias llevaron a que el 57 por ciento de los niños guaraníes esté desnutrido y que el 43 por ciento sufre de desnutrición crónica.

Según los líderes políticos de la comunidad mbyá guaraní, “gran parte de los presupuestos (...) ha sido utilizada para otros fines y/o propósitos inconfesables”, entre los que mencionan los pasajes aéreos, viáticos y gastos de funcionarios que no pertenecen a la Dirección de Asuntos Guaraníes y “por supuesto no tienen nada que ver con la vida, el sufrimiento y el destino” del pueblo guaraní.

Por ello, los caciques exigieron que se inicie juicio administrativo para determinar las responsabilidades que le pudieren caber a Verón, la Dirección de Asuntos Guaraníes, el Ministerio de Gobierno u otras personas u organismos del Estado provincial.

Asimismo, pidieron que se investigue a fondo los gastos realizados (por el Fondo Permanente y otros recursos), por la Dirección de Asuntos Guaraníes desde el año 2000 en adelante, “para demostrarle al señor Gobernador las tremendas irregularidades que se cometieron y se siguen cometiendo”.
 

Para la UCR, la solución es fácil

Mientras la protesta de los aborígenes frente a la Casa de Gobierno comienza a trascender los límites del ámbito provincial y nacional, la Unión Cívica Radical consideró que el conflicto es “de fácil solución” y que bastaría con la destitución del director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, cuya remoción es uno de las principales exigencias de los caciques, para poner en ese lugar a un miembro de la comunidad mbyá.

“La obcecada actitud del Gobierno hace de una cuestión de fácil solución un problema de Estado que trasciende al país y al mundo”, consideró en un comunicado el Comité Provincia de la UCR, al tiempo que aseveró que “es público y notorio que los guaraníes no piden nada extraordinario”.
En ese sentido, los radicales argumentaron que “la remoción de un funcionario de tercer o cuarto nivel es posible en aras de la concordia”, en referencia al planteo aborigen de que se destituya a Verón.

“Será honroso además, que el Gobernador los recibiera y, por qué no, en la misma plaza donde acampan”, señalan los radicales, en alusión al hecho de que Carlos Rovira prefirió viajar hasta Puerto Iguazú para las celebraciones del año nuevo de los guaraníes, sin que se preocupara por atender a las familias que están acampando a pocos metros de su despacho, en el corazón de la capital provincial.
 

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Posadas (Misiones), República Argentina