VIEDMA - La Coordinadora del Parlamento Mapuche declaró el estado de alerta y movilización al oponerse a la entrega de títulos de tierras en forma individual, a la vez que reclamó la titularización comunitaria temiendo que integrantes de comunidades aborígenes puedan perderlas por falta de rentabilidad y se vean obligados a malvenderlas.

Esa decisión se tomó luego de una reunión en la que reivindicó el derecho a la posesión ancestral de los territorios que vienen ocupando. Denunciaron a la Comisión de Tierras, conformada recientemente en el ámbito gubernamental, por ofrecer títulos individuales "desconociendo el derecho a los títulos comunitarios y de los pobladores indígenas dispersos".

Asimismo, reivindicaron los territorios que "nos usurparon por diversas situaciones, ya sea de los grandes terratenientes con consentimiento del poder político o del propio Estado como los casos de Anecón, Ancalao, Lipetren, Pilquiniyeu del Limay, Chaiful y Cañumil".

Insistieron en que la comisión que fijará los precios de las tierras fiscales "desconocen nuestro derecho como pueblo originario" y advirtieron que si "avanza en el otorgamiento de títulos individuales provocará el aumento de la pobreza y la expulsión de los mapuches hacia las ciudades". Por otra parte, anticiparon que el reclamo se acompañará con acciones directas en toda la provincia y acciones de recursos de amparo ante la Justicia.

La reunión fue encabezada por Vicente Huayquimil, presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) y representantes de diversas comunidades del interior de la provincia.

El planteo aborigen surgió en el marco de que la provincia amplió la estructura gubernamental para la regularización de las tierras fiscales, a partir de un decreto Nº 967 que establece nuevos criterios de valuación, considerando pautas de productividad del predio pero también incorpora bonificaciones en el costo por la antigüedad del ocupante, la residencia en el lugar y las mejoras realizadas.

Con esta normativa se reinició a fin de agosto pasado la regularización de cerca de 500 expedientes demorados en Tierras durante casi siete años por las indefiniciones gubernamentales de criterios de valuación.

Paralelamente, una comisión técnica creada al efecto agrupar parcelas según su productividad en áreas homogéneas determinadas por región ecológica, por actividad productiva, por uso de suelo, utilizando la fórmula de capitalización de la renta fundiaria.