La Gaceta (San Miguel de Tucumán), 2 de junio de 2003.

Hace una semana dedicamos una extensa nota a la situación creada en estos últimos meses en Tafí del Valle. La tranquilidad característica de esa zona serrana ha empezado a verse alterada por un suceso inédito, como es el corte o la destrucción de los alambrados que cercan las tierras de los productores. Estos señalan que se trata de acciones impulsadas por la agrupación Comunidad Indígena de los Valles, que plantea reivindicaciones en la propiedad de las tierras, y que existe detrás de todo esto una intención política. El dirigente de ese grupo, sin desconocer la existencia de sus reclamos inmobiliarios, niega responsabilidad en las destrucciones de cercados y expresa que la culpa es de los productores que han alambrado todo, inclusive el río, cortándoles la posibilidad de paso y de pastoreo.

La cuestión es preocupante, porque va poco a poco instalando en lo que es el principal centro turístico de la provincia un clima similar al de aquel Far West norteamericano del siglo diecinueve. De todo esto no puede surgir nada bueno, como ocurre siempre que la violencia quiere reemplazar a los mecanismos jurídicos que deben regir todos los aspectos de la sociedad. Hay que decir de entrada que nadie tiene derecho a cortar alambrados ni a ejercer actos de supuesta reivindicación por su propia mano. En nuestros códigos está perfectamente normado todo lo que tenga que ver con estos delicados temas de la propiedad y de la posesión, y es en los Tribunales donde debe dirimirse toda controversia en torno de tales cuestiones. Obvio es consignar, también, que el carácter de propietario, de arrendatario, de poseedor o de tenedor de un inmueble, y las acciones que esa calidad autorice a ejercer, es algo que depende de requisitos legales sobremanera conocidos. Nadie puede modificarlos sin resoluciones judiciales que lo autoricen.

Los productores consideran que la indefinición existente en materia catastral es una de las causas de los referidos problemas. Les asiste razón. Ya hace muchos años que la Provincia debió haber tomado medidas para regularizar los títulos de propiedad en muchos sectores del valle de Tafí. Mucho más teniendo en cuenta que, en estas últimas décadas, se ha asistido a un extraordinario incremento de operaciones de compraventa y de edificación de casas en esas áreas de la serranía. No resulta posible entonces -y esto interesa notoriamente al organismo municipal- que no esté perfectamente establecido quiénes son propietarios y, por lo tanto, quiénes deben tributar impuestos en ese carácter. En suma, la regularización catastral debe entenderse como algo prioritario, y es preciso que la Provincia tome las medidas para cumplimentarla sin pérdida de tiempo.

Por lo demás, aparece como evidente la necesidad de un diálogo, donde cada parte exponga sus aspiraciones y donde puede llegarse a acuerdos razonables, sin perjuicio de la definición judicial en los puntos en que ella sea necesaria. Si durante siglos la comunidad de Tafí del Valle ha podido convivir pacíficamente, corresponde examinar las causas por las cuales esa tranquilidad ha empezado a alterarse de pronto, y tomar las medidas necesarias para conciliar al máximo posible los intereses encontrados.

Nadie puede dudar de que este tipo de soluciones es alcanzable si, repetimos, las partes se disponen a un diálogo del cual surjan, como lógica consecuencia, las concesiones recíprocas. Tafí del Valle debe continuar siendo lo que hasta ahora: un magnífico paraje de nuestra serranía, cada vez más preferido por tucumanos y por forasteros para disfrutar de un clima y de un paisaje de excepción. No le hace ningún favor convertirse en teatro cotidiano de disputas y de enconos que podrían perfectamente zanjarse por medio de acuerdos cimentados sobre la sensatez y sobre el realismo. Conviene tenerlo en cuenta.
 

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