Los derechos de los pueblos indígenas

Las gestiones mediadoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficiaron como un necesario recordatorio de la deuda que mantiene el Estado argentino con las comunidades indígenas, originarias pobladoras de nuestro país y sometidas a distintas formas de olvido, persecución o postergación.

Se trata, en este caso, de dos litigios que mantienen la comunidad mapuche con el gobierno de Neuquén, por problemas de contaminación provocados por la explotación de petróleo en el yacimiento Loma de la Lata, y comunidades aborígenes en la provincia de Salta, por la entrega de tierras a sus actuales ocupantes wichis, tobas, chulupíes y chorotes.

Durante gran parte de la historia latinoamericana la existencia de etnias y culturas diferenciadas fue considerada una contradicción primero con los principios civilizatorios de los conquistadores y colonizadores y luego con el principio de la igualdad ciudadana y la constitución de estados nacionales. Esto llevó a que los pueblos indígenas sufrieran matanzas y fueran forzados a integrarse en condiciones en las que tampoco vieron cumplida la promesa de igualdad.

Desde que el reconocimiento progresivo de los derechos indígenas se empezó a entender como un complemento, y no una oposición, a los derechos ciudadanos consagrados por la democracia liberal, los países con mayor población indígena fueron abriendo sus instituciones a la representación étnica. Así ha sido en Colombia, en México, a partir del movimiento zapatista, en Ecuador y más recientemente en Bolivia, donde representantes de los grupos étnicos mayoritarios se incorporaron como tales y con sus idiomas autóctonos al Parlamento.

En nuestro país, la reforma constitucional de 1994 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, su derecho a una educación bilingüe e intercultural y la personería jurídica de sus comunidades. Dentro de este capítulo, la Constitución reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan o la entrega de otras aptas para el desarrollo humano así como asegura la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Semejante declaración de derechos va mucho más allá de lo que la realidad ofrece a una minoría largamente ignorada, que espera con justos títulos, un reconocimiento y reparación efectiva.