Ex director de Conadi, Domingo Namuncura, planteó que lo más probable es que se redacte un nuevo documento, "de modo que ahora sí entren al consejo a fin de que sean aprobadas".

 
Por Claudia Cento T.

 

Berta Quintremán es una de las pehuenches del sector de Quepuca-Ralco, en Alto Biobío, que se niega a firmar la permuta de su tierra a Endesa (Foto de Anselmo Córdoba).    Vea también en esta edición  Kaikaivilú al acecho en la zona de Ralco

Por mucha mesa de diálogo que haya logrado instalar el Gobierno, el conflicto por la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco está lejos siquiera de aquietarse.

 Mientras en la zona del conflicto las familias pehuenches que se niegan a permutar sus tierras dieron un ultimátum a Endesa para que retire las maquinarias del sector de Ralco-Lepoy, en Santiago la Agrupación Mapuche Urbana Meli Wixan Mapu acusó al Ejecutivo de haber montado "una gigantesca maniobra de manipulación", al no dar a conocer públicamente los informes jurídicos que hablan de una serie de irregularidades, justamente, en las firmas de las permutas.

 Según los voceros María Quiñelén y Celso Calfullán, el informe jurídico de los profesionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que luego fue reafirmado por un asesor externo (el ex ministro René Abeliuk, específicamente) demostraba que las solicitudes de permuta "no se ajustan a derecho", por lo que el frustrado consejo de la entidad del 6 de agosto pasado debía rechazarlas "por ilegales".

 Claro que sobre este punto la versión del Gobierno es radicalmente distinta. De hecho, uno de los argumentos que esgrimió para destituir a Domingo Namuncura de la dirección de la Conadi fue que éste no había incluido, junto al citado informe, tres elementos que se habían conseguido tras una negociación entre Mideplán y Endesa: las boletas de garantía de la promesa de construir casas en los nuevos terrenos ofrecidos para las permutas; la homologación de las tasaciones y el compromiso de la empresa de devolver a los pehuenches las partes de terrenos que no serían inundados.

Complicidad

 Agregó que, por este motivo, el Ejecutivo estaría haciéndose "cómplice de esta situación, levantando una mesa de diálogo sin considerar estos antecedentes ni este informe".

 Por ello, exigirán que el documento se dé a conocer a la opinión pública.

 Asimismo, exigirán la renuncia de los funcionarios responsables del "encubrimiento", en especial de los subsecretarios Antonio Lara, de Mideplán, y Claudio Huepe, de la Secretaría General de la Presidencia.

 María Quiñelén, a su vez, añadió que las irregularidades que establece el informe apuntan, fundamentalmente, a que las permutas habrían sido firmadas "sin conocimiento libre e informado, bajo presión sicológica y en forma inadecuada, en una notaría levantada en Santa Bárbara para este fin, sin instrucción legal ni asesoramiento a cada uno de los pehuenches, al momento de hacer su permuta".

 "Hay hermanos que no saben leer ni firmar y a quienes se dijo que les había entregado la información en forma bilingüe, pero ni así es legal.

 En algunos casos incluso se les hizo firmar a través de terceras personas", denunció.

Namuncura

 "Con todo lo que ha ocurrido, y el impacto que ha causado esta situación, lo que debiera ocurrir es que las solicitudes sean radicalmente modificadas y debiéramos suponer que se producirá un cambio en su contenido para lograr su aprobación en el próximo consejo que, según entiendo, se estaría efectuando en septiembre, una vez que se restituya la normalidad institucional de la Conadi", dijo.

 En tal sentido, Namuncura sostuvo que lo más probable es que se recurra a otros profesionales para redactar el documento oficial de Conadi, para complementar y concluir el informe de las solicitudes de permuta, "de modo que ahora sí entren al consejo a fin de que sean aprobadas".

 -¿Qué tipo de irregularidades establecía el documento?.

 -Los pehuenches nunca se plantearon siquiera alguna vez irse del Alto Biobío, pero llegó Endesa y les dijo que por un proyecto que ya estaba aprobado iban a inundar sus tierras y tenían que irse. Les ofrecieron entonces una promesa de permuta, con distintos ofrecimientos materiales, y el pehuenche se vio prácticamente forzado a firmar.

 -Pero quedan ocho familias que se niegan.

 -Eso de que sean sólo ocho familias las que están parando Ralco es un artificio comunicacional. Lo que tiene realmente en jaque a Ralco es la ausencia de un debate nacional cuando un proyecto de este tipo impacta a toda una cultura. La pregunta es para qué tenemos una Ley Indígena si no es para proteger a los pueblos originarios, su cultura y su identidad.