Más de cien condiciones le impuso el organismo estatal a este plan que consiste en la explotación de 103 mil hectáreas de lenga en Tierra del Fuego. Direcciones regionales de Aguas, Vialidad, Pesca, Salud, SAG, Conaf y Sernatur de Magallanes serán los entes encargados de fiscalizar.

 
Por Andrés Venegas 

Pablo Daud, jefe de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).    Lo que tiene que cumplir Río Cóndor  Aquí las principales exigencias que se le impusieron al proyecto:  -Cortar un máximo de 543 mil metros cúbicos al año de lenga y un 50 por ciento de la superficie basal (diámetro de los troncos) por hectárea. Se prohíbe la tala rasa.  -Instalación de cercos en las áreas intervenidas, uso de repelentes no tóxicos y disponer de nuevas zonas de alimentación para los animales.  -Conaf periódicamente fiscalizará los planes de manejo que deberá presentar la empresa para la intervención específica de cada área.  -Evolución del comportamiento del bosque, conservación de la biodiversidad (flora y fauna) y de los recursos hídricos. Evitar efectos de erosión de suelos.  -Un organismo independiente del Estado y la empresa realizarán auditorias financiadas por la propia compañía. Se constituirá en base a una terna propuesta por la forestal. Nunca puede haber un período de ejecución del proyecto sin auditor.  -El seguro ecológico se hará efectivo para reparar y/o compensar los efectos que pudiera causar en el entorno el proyecto, en caso de abandono o cierre prematuro, incumplimiento de las exigencias e insuficiencia en la regeneración del bosque.

 Ecologistas, parlamentarios, autoridades y la empresa, se enfrascaron en una discusión que parecía interminable sobre las bondades del proyecto, su impacto ambiental y sus efectos económico-sociales; y en más de una ocasión llegaron incluso a mostrarse los dientes, pero sin llegar a las manos, como diría un aficionado al deporte de los guantes.

 Desde La Moneda, el pasado 29 de mayo, los 13 ministros que integran el Consejo Directivo de la Conama dieron luz verde al controvertido proyecto, que consiste en la explotación de 103 mil hectáreas de lenga en Tierra del Fuego, Duodécima Región.

 Pero..."con más de cien condiciones, requisitos y exigencias", como asegura a La Tercera el jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Pablo Daud, uno de los "cerebros" de la operación.

 Si bien las consideraciones impuestas a Trillium suman el centenar, pueden agruparse en cuatro grandes áreas: fiscalización de servicios públicos, plan de monitoreo, auditoría ambiental independiente y permanente y, por primera vez en Chile, un seguro ecológico.

Y surgieron las dudas

 Pero Daud replica: "Todos hablan de póliza o seguro, pero la resolución no dice eso, sino que se trata de una garantía formal que puede traducirse en varias fórmulas: póliza de seguro, instrumentos financieros o un fondo destinado especialmente para ese fin".

 Y se explaya: "La resolución no restringe el ámbito de cómo se puede aplicar esta medida. Lo que dice es que debe constituirse un fondo de recursos que garantice que, si el proyecto por A, B ó C motivos no puede continuar, las áreas intervenidas se regeneren".

 Ahora, la gran incógnita de toda esta situación es cómo se llevará a la práctica la "exhaustiva fiscalización de los servicios públicos" que prometieron las autoridades al aprobar Río Cóndor. Pues bien, este proceso tendrá como protagonistas a 10 organismos estatales, que son las direcciones regionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aguas, Vialidad, Pesca, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Servicio Nacional de Turismo y Salud, todas de Magallanes. Se suman, además, el Consejo de Monumentos Nacional y los departamentos Jurídico y de Evaluación de Impacto Ambiental de la Conama.

 -¿Por qué recae el peso de la fiscalización en las direcciones regionales de Punta Arenas?.

 -Por cuestiones administrativas (...) Entiendo que Conaf ya instaló o está por instalar sus oficinas en Tierra del Fuego para fiscalizar, no exclusivamente este proyecto, sino que todas las explotaciones forestales que se realizan en la isla (...) Esto eso sí no quiere decir que estrictamente sean los funcionarios regionales los encargados de fiscalizar, ya que también se puede disponer el traslado de personas o comisiones de servicio.

 -¿Existe un presupuesto extraordinario para esta fiscalización?.

 -Lo que tiene la Conama son fondos especiales de asistencia para la evaluación de impacto ambiental, y uno de sus usos es precisamente apoyar las tareas de seguimiento y fiscalización. El fondo total, que no se va a ocupar todo en Trillium, es del orden de 4 millones de dólares.

 -¿Y esos organismos están capacitados para hacerlo?.

 -Hace dos años atrás la respuesta hubiese sido no. Si me pregunta si el Servicio Nacional de Turismo tiene una persona dedicada exclusivamente a Trillium, la respuesta también es no porque el proyecto todavía no ha partido. Y ¡para qué vamos a poner a una persona a fiscalizar sobre un proyecto que no ha comenzado aún!.

 -¿Y las sanciones?.

 -Las sanciones que se pueden aplicar son de tres tipos en caso que la empresa no cumpliera algunas de las condiciones y exigencias, dependiendo obviamente de su relevancia. Una es la amonestación, que en términos futbolísticos es como la tarjeta amarilla; la segunda es la multa, que puede ser hasta 500 Unidades Tributarias Mensuales (unos 12,5 millones de pesos) por infracción, y la tercera es la revocación de la aprobación, o sea, la tarjeta roja.