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Danza con lobos
A Esteban Krause, gobernador del Biobío, le tranquiliza que la mayoría
de los pehuenches estén dispuestos a esperar en forma pacífica
el cumplimiento de los acuerdos firmados en 1998 y ratificados el martes
(el levantamiento de 184 viviendas a partir de octubre, electrificación
rural por $1.200 millones de pesos y la construcción de un liceo
técnico profesional en el verano del 2003). "Uno de los acuerdos
inmediatos fue ampliar los cupos de contratación de pehuenches en
Endesa, que a ellos les preocupaba. El gobierno le pidió a Endesa
que contratara más indígenas. Y de 150 que habían
cuando empezamos las reuniones ha aumentado a 320 el número de pehuenches
trabajando", confirma.
Sin embargo, pese a los consensos logrados, el persistente rechazo a la
construcción del embalse mantenido por los habitantes de Quepuca
Ralco impide que Krause confíe en un cese de las hostilidades. Los
miembros de esa comunidad, la única de las doce afectadas que se
ha negado a pactar con el gobierno y Endesa, no están dispuestos
a transar si no se les garantiza consumo de electricidad gratuito y el
pago de un sueldo vitalicio a las mujeres del Alto Biobío. Regalías
de las que ningún chileno goza y que, obviamente, el gobierno tampoco
está dispuesto a conceder.
Durante las últimas escaramuzas quedó claro que hoy el pueblo
mapuche dista mucho del fraccionamiento y el localismo que exhibía
hace un lustro. Si bien en los hechos de violencia se constató únicamente
la acción de pehuenches, y un cierto recelo de éstos a extender
su bandera de lucha a las demás etnias, la presencia del werkén
del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, y del
alcalde de Tirúa, el lafkenche Adolfo Millabur, dan fe de que a
nivel político el lobby integracionista es bastante más explícito
y coordinado que otrora. Espíritu que tiene como catalizador la
situación socioeconómica extremadamente precaria, la falta
de oportunidades, la mala calidad de la educación y la carencia
de empleos que afecta a un buen número de comunidades.
Lo medular es que Ralco se ha erigido como el empedrado, el elefante blanco
de la opresión del pueblo araucano, y eso lo afirman sobre todo
los incipientes grupos de universitarios -como Resistencia Mapuche- que
desde Santiago, Temuco, Concepción y Los Angeles han comenzado a
reclamar sin aspavientos -y por internet- la autonomía y autodeterminación
de sus pares. A ellos se agregan los extranjeros proclives a la corriente
indigena y nacionalista que sedujo al Primer Mundo tras el derrumbe de
los socialismos reales (sólo mencionar a los españoles expulsados
Patricia Ballesteros y Marc Serra, quienes protestaban en el Alto Biobío
contra capitales de su propio país), y que permite allegar recursos
para mantener la causa en Chile y publicitarla en el hemisferio norte.
Imperio de la ley
Para el diputado PS Alejandro Navarro, las detenciones del martes 5 de
marzo constituyen "el hecho más grave ocurrido en los últimos
diez años considerando la acción de Carabineros en comunidades
mapuches". Situación que lo llevó a solicitar, con el patrocinio
del abogado Roberto Celedón, un ministro en visita a la Corte de
Apelaciones de Concepción, por allanamientos, daños, incautaciones,
detenciones ilegales, violencia física y verbal, apremios ilegítimos,
hurto y abusos deshonestos, supuestamente perpetrados por personal uniformado;
petición que el Pleno no acogió, ya que los hechos denunciados
serían de competencia de la Fiscalía Militar que sustancia
el proceso en Chillán.
Según el parlamentario, el Ministerio de Interior improvisó
en la contingencia que se vive en el Alto Biobío: "Estoy en condiciones
de señalar que, de manera oficial, el gobierno fue informado de
que habrían encapuchados con escopetas recortadas. Por cuanto la
autoridad política tomó una decisión de desalojo en
base a una información que no obedece a la realidad, toda vez que
claramente no fue incautada ningún arma, y lo que había allí
era una ocupación ilegal de camino".
Es un error centrar el análisis del conflicto en los encapuchados,
arguye Navarro. Lo grave, a su juicio, es el grado de violencia desatada
entre encapuchados y Carabineros. Si no hay una profunda evaluación
de los hechos ni alternativas de solución real a un conflicto que
es político y social, dice, la violencia no declinará: "El
gobierno se ha encauzado en judicializar y militarizar el tema. Eso da
para un conflicto bélico".
Respecto a las acusaciones de Navarro y de abogados ambientalistas, como
Matías Coll, en orden a que el Ejecutivo violentó las facultades
de la Corte Suprema al garantizar las obras de Ralco cuando el alto tribunal
aún no decide si paraliza el proyecto, el seremi de Gobierno de
la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, es enfático:
"Hoy día se está desarrollando una actividad económica
en el país, la construcción de una central hidroeléctrica,
que ha cumplido todos los requisitos que el ordenamiento jurídico
chileno exige. Por lo tanto, lo que corresponde al gobierno de Chile es
velar porque esa actividad económica se ejecute. Que exista un requerimiento
judicial paralelo es un derecho que cualquier chileno puede entablar. Pero
el Poder Judicial no ha decretado orden de paralizar la faena".
Gatillo fácil
El recrudecimiento de la violencia obedece en gran medida a factores estacionales,
pero también es evidente que los espolonazos al Estado de Derecho
han ido progresivamente de menos a más. Las talas ilegales y quemas
de predios silvícolas, las quejas de la Confederación de
la Producción y el Comercio de La Araucanía, quienes atribuyen
a un manejo irresponsable del gobierno 599 conflictos protagonizados por
grupos mapuches entre 1999 y octubre de 2000 en esa zona, sumadas a las
sospechas de focos intencionales en los incendios forestales de Tirúa
que enfrentaron a Corma y al subsecretario del Interior, configuran un
panorama poco alentador para aquietar los ánimos.
Más penoso es que los ataques a predios forestales, ahora con equipos
de seguridad, estén derivando a fundos de pequeños y medianos
agricultores, cuyas chances de defensa son escasas. Por ello, la noticia
del surgimiento de un grupo paramilitar antimapuche en la Novena Región,
que bajo el nombre de comando Hernán Trizano, afirma estar listo
para iniciar represalias contra los indígenas es preocupante. Si
la autoridad no logra garantizar la gobernabilidad, la escalada de violencia
no tendrá límites. Y si ello ocurre, ya no importará
que las comunidades en conflicto sean minoría, que más del
44% de los mapuches viva en Santiago, que hayan o no infiltrados y encapuchados,
ni que lancen piedras o disparos.
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