domingo 17 de marzo de 2002
Alto Biobío
La central de la discordia
  • Ralco, el embalse que con 1.220 millones de centímetros cúbicos de agua almacenada y una inversión de US$470 millones generaría 570 megawatts para el país, se ha vuelto la carta de lucha violenta para un grupo de pehuenches insatisfechos, y el demonio a exorcizar para los timoneles mapuches de un movimiento indigenista que, aunque minoritario, busca ramificarse a costa del embargo mediático y el caldo de cultivo de la pobreza aborigen.


  • Por Héctor Ruiz Arias
    Ilustración: Domingo Baño A.

     
    Los conflictos étnicos decantan como resabios de una modernidad irreflexiva; verdaderos "boomerang" de la penetración alocada del hombre blanco en "Las Indias". Como tales, las reivindicaciones de los pueblos originarios proponen una reescritura de la historia que, lamentablemente, no está exenta de lecturas ortodoxas, odios reflotados y actitudes revanchistas que en lugar de buscar la concordia azuzan una especie de comezón de los cinco siglos cuyas consecuencias son, hasta hoy, desconocidas. Y es que cuando esa revisión del pasado se empuña con decidores graffitis como "A detener Ralco", para más tarde ser replicada con ataques de palos, piedras y bombas molotov a la fuerza pública, los resultados no pueden ser sino nefastos.
          Basta recordar la mañana del 26 de febrero en Talcahuano, Cuatro Esquinas, cuando Berta Quintremán, Carmen Paine y Francisca Trika, atacaron a piedrazos la caravana de Endesa que transportaba el transformador eléctrico de la futura central Ralco. Que la agresión se haya producido cuando varios medios de comunicación se encontraban en el lugar es un detalle que trae a la memoria las llamadas "tomas virtuales" (hechas "para la foto y la T.V.") que tantos dolores de cabeza le causaron a la ex ministra de Mideplan, Alejandra Krauss. Este y los otros tres intentos de la hermanas Quintremán por detener el convoy, incluida la barricada en el sector Malla del Alto Biobío -liderada por María Curriao- que acabó con 55 detenidos y cinco heridos, hacen del conflicto mapuche una figura amplificada y en "suspense", donde los efectos prefiguran a los hechos, los rehenes son los lentes de las cámaras y la discriminación entre víctima y victimario cae en una indefinición radical, como ocurrió en el orquestado desalojo del PC.

        Danza con lobos

          A Esteban Krause, gobernador del Biobío, le tranquiliza que la mayoría de los pehuenches estén dispuestos a esperar en forma pacífica el cumplimiento de los acuerdos firmados en 1998 y ratificados el martes (el levantamiento de 184 viviendas a partir de octubre, electrificación rural por $1.200 millones de pesos y la construcción de un liceo técnico profesional en el verano del 2003). "Uno de los acuerdos inmediatos fue ampliar los cupos de contratación de pehuenches en Endesa, que a ellos les preocupaba. El gobierno le pidió a Endesa que contratara más indígenas. Y de 150 que habían cuando empezamos las reuniones ha aumentado a 320 el número de pehuenches trabajando", confirma.
          Sin embargo, pese a los consensos logrados, el persistente rechazo a la construcción del embalse mantenido por los habitantes de Quepuca Ralco impide que Krause confíe en un cese de las hostilidades. Los miembros de esa comunidad, la única de las doce afectadas que se ha negado a pactar con el gobierno y Endesa, no están dispuestos a transar si no se les garantiza consumo de electricidad gratuito y el pago de un sueldo vitalicio a las mujeres del Alto Biobío. Regalías de las que ningún chileno goza y que, obviamente, el gobierno tampoco está dispuesto a conceder.
          Durante las últimas escaramuzas quedó claro que hoy el pueblo mapuche dista mucho del fraccionamiento y el localismo que exhibía hace un lustro. Si bien en los hechos de violencia se constató únicamente la acción de pehuenches, y un cierto recelo de éstos a extender su bandera de lucha a las demás etnias, la presencia del werkén del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, y del alcalde de Tirúa, el lafkenche Adolfo Millabur, dan fe de que a nivel político el lobby integracionista es bastante más explícito y coordinado que otrora. Espíritu que tiene como catalizador la situación socioeconómica extremadamente precaria, la falta de oportunidades, la mala calidad de la educación y la carencia de empleos que afecta a un buen número de comunidades.
          Lo medular es que Ralco se ha erigido como el empedrado, el elefante blanco de la opresión del pueblo araucano, y eso lo afirman sobre todo los incipientes grupos de universitarios -como Resistencia Mapuche- que desde Santiago, Temuco, Concepción y Los Angeles han comenzado a reclamar sin aspavientos -y por internet- la autonomía y autodeterminación de sus pares. A ellos se agregan los extranjeros proclives a la corriente indigena y nacionalista que sedujo al Primer Mundo tras el derrumbe de los socialismos reales (sólo mencionar a los españoles expulsados Patricia Ballesteros y Marc Serra, quienes protestaban en el Alto Biobío contra capitales de su propio país), y que permite allegar recursos para mantener la causa en Chile y publicitarla en el hemisferio norte.

        Imperio de la ley

          Para el diputado PS Alejandro Navarro, las detenciones del martes 5 de marzo constituyen "el hecho más grave ocurrido en los últimos diez años considerando la acción de Carabineros en comunidades mapuches". Situación que lo llevó a solicitar, con el patrocinio del abogado Roberto Celedón, un ministro en visita a la Corte de Apelaciones de Concepción, por allanamientos, daños, incautaciones, detenciones ilegales, violencia física y verbal, apremios ilegítimos, hurto y abusos deshonestos, supuestamente perpetrados por personal uniformado; petición que el Pleno no acogió, ya que los hechos denunciados serían de competencia de la Fiscalía Militar que sustancia el proceso en Chillán.
          Según el parlamentario, el Ministerio de Interior improvisó en la contingencia que se vive en el Alto Biobío: "Estoy en condiciones de señalar que, de manera oficial, el gobierno fue informado de que habrían encapuchados con escopetas recortadas. Por cuanto la autoridad política tomó una decisión de desalojo en base a una información que no obedece a la realidad, toda vez que claramente no fue incautada ningún arma, y lo que había allí era una ocupación ilegal de camino".
          Es un error centrar el análisis del conflicto en los encapuchados, arguye Navarro. Lo grave, a su juicio, es el grado de violencia desatada entre encapuchados y Carabineros. Si no hay una profunda evaluación de los hechos ni alternativas de solución real a un conflicto que es político y social, dice, la violencia no declinará: "El gobierno se ha encauzado en judicializar y militarizar el tema. Eso da para un conflicto bélico".
          Respecto a las acusaciones de Navarro y de abogados ambientalistas, como Matías Coll, en orden a que el Ejecutivo violentó las facultades de la Corte Suprema al garantizar las obras de Ralco cuando el alto tribunal aún no decide si paraliza el proyecto, el seremi de Gobierno de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, es enfático: "Hoy día se está desarrollando una actividad económica en el país, la construcción de una central hidroeléctrica, que ha cumplido todos los requisitos que el ordenamiento jurídico chileno exige. Por lo tanto, lo que corresponde al gobierno de Chile es velar porque esa actividad económica se ejecute. Que exista un requerimiento judicial paralelo es un derecho que cualquier chileno puede entablar. Pero el Poder Judicial no ha decretado orden de paralizar la faena".

        Gatillo fácil

          El recrudecimiento de la violencia obedece en gran medida a factores estacionales, pero también es evidente que los espolonazos al Estado de Derecho han ido progresivamente de menos a más. Las talas ilegales y quemas de predios silvícolas, las quejas de la Confederación de la Producción y el Comercio de La Araucanía, quienes atribuyen a un manejo irresponsable del gobierno 599 conflictos protagonizados por grupos mapuches entre 1999 y octubre de 2000 en esa zona, sumadas a las sospechas de focos intencionales en los incendios forestales de Tirúa que enfrentaron a Corma y al subsecretario del Interior, configuran un panorama poco alentador para aquietar los ánimos.
          Más penoso es que los ataques a predios forestales, ahora con equipos de seguridad, estén derivando a fundos de pequeños y medianos agricultores, cuyas chances de defensa son escasas. Por ello, la noticia del surgimiento de un grupo paramilitar antimapuche en la Novena Región, que bajo el nombre de comando Hernán Trizano, afirma estar listo para iniciar represalias contra los indígenas es preocupante. Si la autoridad no logra garantizar la gobernabilidad, la escalada de violencia no tendrá límites. Y si ello ocurre, ya no importará que las comunidades en conflicto sean minoría, que más del 44% de los mapuches viva en Santiago, que hayan o no infiltrados y encapuchados, ni que lancen piedras o disparos.


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