Historia reciente demuestra
La
doble razón del reclamo mapuche
"Los conflictos que actualmente protagonizan los comuneros mapuches
surgen como consecuencia de la contra reforma agraria que hizo la dictadura,
donde las tierras que les habían sido restituidas, concedidas por
la reforma agraria, se las quitaron, las sacaron a remate, las traspasaron
a otras instituciones o fueron devueltas a sus antiguos propietarios".
De esta manera caracteriza las causas de los acontecimientos que involucran
en la VIII y IX regiones a numerosas comunidades mapuches, Jacques Chonchol,
quien fuera ministro de Agricultura del Presidente Salvador Allende y dirigiera
desde su cartera uno de los esfuerzos más osados del programa de
gobierno de la Unidad Popular: la reforma agraria.
Según Chonchol, "los indígenas tienen una doble razón
para decir que esas tierras les pertenecen. La más antigua corresponde
a las reclamaciones que venían de antes de la reforma agraria, y
la segunda corresponde a los terrenos que les asignó el Gobierno
Popular".
Las primeras, generalmente correspondían a tierras que obtuvieron
después de la "Pacificación de la Araucanía", que
los confinó en reducciones y les entregó una cierta cantidad
de tierras. Gran parte de éstas fueron usurpadas por latifundistas
vecinos, mediante corridas de cercos, engaños y manipulaciones legales
sobre antiguas mercedes y contratos, que menoscabaron el derecho de propiedad
de los mapuches sobre ellas.
El golpe y la Contra Reforma
Cosumado el golpe de estado, se detuvo la reforma agraria y se aplicó
la contrarreforma, bajo la figura de la regularización de títulos
de propiedad. Muchas de las tierras expropiadas por la reforma fueron
devueltas a sus antiguos propietarios o sacadas a remate por el Estado,
con el pretexto de que no eran tierras agrícolas.
De los 10 millones de hectáreas expropiadas durante los gobiernos
de Frei y Allende -3,5 bajo el gobierno de Frei y 6,5 bajo el de Allende-,
2.826.000 fueron devueltas a sus dueños, 3.150.000 rematadas por
CORA (Corporación de la Reforma Agraria), 622.000 fueron traspasadas
a otras instituciones (CONAF, diversas cajas previsionales y FF.AA.) y
solo el 33%, 3.296.000, fueron asignadas a campesinos. Entre las devueltas
a sus dueños y las rematadas por CORA o traspasadas a instituciones,
estaban muchas de las tierras que en definitiva habían pertenecido
a los mapuches: "parte importante de las asignaciones que el gobierno de
Allende les había hecho por vía de la de Reforma Agraria".
El decreto ley de división de las comunidades, despachado poco
antes de que Pinochet abandonara La Moneda, es otro elemento que fomenta
la pérdida de tierras mapuches, que había comenzado con la
contrarreforma agraria. Las tierras que sobrevivieron a ella y permanecían
en propiedad de las comunidades, se encontraban bajo una disposición
legal que sólo permitía "su transferencia entre miembros
de una misma comunidad o etnia". La dictadura legisló de modo que
bastara que un miembro de la comunidad pidiera su división, para
que ésta se efectuara, dejando al dueño de cualquier porción
en condiciones de vender pues ya no integraba la propiedad común.
Las forestales y la ley indígena
El ex ministro sostiene que de más de un millón de hectáreas
plantadas con bosques, 800 ó 900 mil están en manos de las
compañías forestales, particularmente en la provincia de
Arauco. La mayoría de ellas adquirió tierras por medio de
los remates o traspasos directos a instituciones con que la dictadura liquidó
la reforma agraria. Con la aplicación del decreto ley de 1974,
que subsidia con fondos públicos la plantación de especies
forestales en un 75% de su valor, "gran parte de las plantaciones se financiaron
con plata de todos los chilenos, fundamentalmente a las grandes empresas",
puntualiza el ex ministro.
"El proceso de plantación está expulsando a los indígenas
y hay problemas ecológicos serios porque absorbe una buena parte
del agua. Todas las servidumbres de paso que tenían anteriormente
con las comunidades, desaparecen. Crea una situación de empobrecimiento
muy grande y da muy poco empleo a los mapuches. Un estudio de la OIT muestra
que cuanto más alto es el porcentaje de plantación, mayor
es la pobreza de las comunas en que se realiza, más disminuye la
población y la escolaridad. Es una actividad económica que
no beneficia socialmente a la gente que habita allí; por el contrario,
la empobrece y excluye cada vez más, porque incluso los trabajadores
los traen de afuera".
Con la actual ley indígena, promulgada durante el gobierno de
Aylwin, se han restituido, según las autoridades, 75.000 hectáreas
a comunidades mapuches. La ley crea un fondo que permite comprar tierras
a las empresas, pero enfrenta la oposición de los empresarios, expresada
por Ignacio Letamendi, Presidente de la Corporación de la Madera:
"con dinero no hacemos ni tablas ni celulosa. Nuestro negocio no es vender
fundos, sino madera".
Por otra parte, señala Chonchol, "ese fondo está prácticamente
desfinanciado, ha permitido adquirir muy poca tierra. Por lo tanto, no
resuelve el problema de la restitución de las tierras usurpadas".
El proyecto de la Unidad Popular
Entre enero y marzo de 1971 el gobierno de Salvador Allende, recién
asumido, instaló el ministerio de Agricultura en Temuco, para abordar
en terreno la dilatada problemática de las comunidades mapuches,
que atravesaban un período de particular agitación acrecentada
durante el gobierno de Frei Montalva. Las comunidades ocupaban tierras
que les habían sido usurpadas.
El Gobierno Popular aplicó con celeridad la ley de reforma agraria
promulgada en 1967, único instrumento existente entonces para expropiar
tierras y recuperar para las comunidades indígenas aquellas que
les habían sido usurpadas.
El ex ministro Jacques Chonchol revela que "cada vez que las autoridades
de la época se encontraron, en los predios expropiados, con tierras
que habían sido usurpadas a los mapuches, les fueron devueltas".
Los predios eran expropiados para efectuar la reforma agraria, pero se
hizo sistemática la restitución a las comunidades de las
tierras usurpadas que se encontraban en ellos. El procedimiento tenía
lugar fundamentalmente en las provincias de Cautín, Malleco y parte
de Valdivia, actuales IX y X regiones.
Esta labor se llevó a cabo en estrecha colaboración con
la Dirección de Asuntos Indígenas, que dependía del
ministerio de Tierras. En tres meses se logró restituir más
de 90 mil hectáreas a las comunidades, señala el ex
ministro. Durante los 1.041 día de mandato del Presidente Allende,
se restituyeron cerca de 300 mil hectáreas a las comunidades mapuches.
La cifra contrasta con las 1.400 que en diez años de existencia
de la ley habían restituido los dos gobiernos anteriores.
Un proyecto de ley presentado por la Asociación de Mapuches
fue acogido por el gobierno, que lo propuso al Congreso. La Unidad Popular
no tenía mayoría y con las limitaciones impuestas por la
oposición (Democracia Cristiana, Partido Nacional), surgió
una ley "bastante debilitada respecto de lo que era el proyecto original",
sostiene Chonchol.
Al asumir Allende, los 77.800 niños mapuches en edad escolar,
37.000 en edad pre escolar y 27.000 lactantes, se vieron beneficiados,
como el resto de los niños chilenos, con el Programa del Medio Litro
de Leche, y desde 1971 con becas a estudiantes indígenas de la enseñanza
básica, media, técnica y universitaria que obtuvieron ese
año 4.030 estudiantes, 9.656 en 1972 y más de 10.000 en 1973.
Se habilitaron hogares para estudiantes mapuches en Santiago, Temuco y
Victoria, regidos por el co-gobierno de los residentes y la Dirección
de Asuntos Indígenas, cuenta Humberto Martones, ministro de Tierras
del Gobierno Popular.
Raúl Blanchet
| Comunidades congelan negociaciones
|
| Las demandas de las comunidades
mapuches de la IX Región persiguen la recuperación de 10.930
hectáreas de tierra, en disputa en las comunas de Traiguén
y Lumaco. En ellas están incluidas las 58,6 hectáreas que
explota Forestal Mininco en Santa Rosa de Colpi.
Entre las tierras reclamadas se encuentran, en la Comuna de Traiguén: 1.500 hectáreas en Temulemu, 1.500 en Didaico y Reñico Grande. En la Comuna de Lumaco: 1.300 hectáreas en Los Pantanos, 250 en el fundo El Maitén, 772 del fundo Estados Unidos en Coña-Reimán, 1.500 del fundo Lumaquina, 2.000 de Dibulco y 3.000 del fundo Pidenco, en manos de la Forestal Arauco en Pilín-Mapu. Este viernes vencería el plazo dado al gobierno por las comunidades mapuches de Traiguén y Lumaco, para que se establezca una mesa de diálogo en la que participen directamente los ministros de Hacienda y Mideplan, autoridades que disponen de los recursos estatales. Las negociaciones fueron suspendidas por dirigentes y lonkos de las comunidades que encabezan las demandas, pues consideran que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), no es interlocutor válido entre ellos y el Ejecutivo, pues solo actuaría como un filtro a sus peticiones y sin posibilidades reales de resolverlas. Las autoridades, a través del subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, consideran las acciones desplegadas por los comuneros mapuches un resultado de la intervención de agitadores ajenos al conflicto. Para sostener tal afirmación, el personero señala que la lista de detenidos |
registra una mayoría de personas que no tienen que
ver con las comunidades, y cuyos domicilios están fijados en Santiago
y Concepción.
El diputado Alejandro Navarro (PS) desvirtuó las afirmaciones oficiales, señalando que él estuvo en el lugar de los hechos y que todos los presentes hablan la mísma lengua, tienen la misma tez, el mismo color de pelo y los mismos apellidos y se encuentran separados por unos pocos kilómetros de distancia. Cabe señalar que de los 18 detenidos por los incidentes del domingo 14 de marzo en Lleu Lleu, que culminaron con la quema de una bodega, 14 fueron dejados en libertad por falta de méritos. Por otra parte, la petición de un Ministro en Visita, efectuada por el gobierno, está precedida de los fallos en la Suprema que acogieron sendos recursos de amparos en favor de los tres extranjeros que intentó expulsar el gobierno por su presunta participación en incidentes entre mapuches y fuerzas policiales en Traiguén, el 19 de febrero pasado. Entretanto, la solidaridad con las movilizaciones de las comunidades mapuches se amplía más allá de las fronteras, como lo demuestra una resolución adoptada por la Cumbre de las Primeras Naciones, que agrupa a indígenas de Canadá, la que acordó "proveer apoyo político al pueblo mapuche" y generar vínculos de solidaridad "entre las Primeras Naciones de la Columbia Británica y las comunidades de la nación mapuche". |