Qué Pasa, PAIS, 23 de marzo de 1999
Lanzas
contra La Moneda
Madereros e indigenistas coinciden
en que las asonadas mapuches se han originado por una política errada
del gobierno para enfrentar la crisis desde su inicio, en 1997.
El subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, tenía sobradas razones para estar molesto con algunos de sus colaboradores el lunes 15. En medio de la primera crisis de seguridad pública que le ha tocado enfrentar desde que asumió el cargo en reemplazo de Belisario Velasco, gatillada por las movilizaciones y asonadas mapuches, sufrió una severa derrota. Ese día, la Corte Suprema rechazó las expulsiones decretadas por el gobierno contra una estudiante española y un norteamericano, quienes fueron catalogados por las autoridades como "infiltrados" en las protestas indígenas por la construcción de la central Ralco. A la corte le bastó un problema de forma y no de fondo para torpedear la estrategia de la subsecretaría, que pretendía "limpiar" de agitadores exógenos los conflictos: la acusación se basaba en que habían participado en manifestaciones no autorizadas en terrenos públicos, pero en realidad esas protestas tuvieron lugar en un predio particular, por lo cual la falta que motivaba las expulsiones nunca existió. Aunque inicialmente en Interior las miradas se volcaron hacia los expertos jurídicos de la subsecretaría por el grueso error, otras fuentes de La Moneda, además de personeros del gremio maderero y políticos simpatizantes de la causa indígena, certifican que este es sólo un ejemplo más de la errática forma en que el gobierno ha conducido un "conflicto predecible" y que no se pueden cargar todas las culpas a los abogados del ministerio. Mientras los madereros acusan a Interior de no cautelar debidamente la propiedad privada -es decir, "mano blanda" con los revoltosos-, para los indigenistas el gobierno carga con la culpa de haber roto el acuerdo que tejió con los indios la administración de Patricio Aylwin y enfocar el problema con un prisma estrictamente local, policial y judicial, cuando es un tema de desarrollo que afecta a un millón de chilenos (7 % de la población nacional), la gran mayoría en condiciones de alarmante pobreza. Después de perder su batalla en la Suprema, el gobierno se expone a otra negativa, pues en vez de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, como lo pretendían agricultores y madereros por el grave ataque de manifestantes indios a un fundo en Lleu Lleu (VIII Región), el domingo 14, decidió pedir un ministro en visita. Dicha solicitud está siendo analizada por la Corte de Apelaciones local y el abogado de la subsecretaría del Interior, Cristián Arévalo, viajó el miércoles 17 para hacer lobby ante los magistrados, a objeto de que acojan la petición de La Moneda. Pickering desestimó la aplicación de la Ley de Seguridad, a pesar de que esa proposición se mencionó en el marco de una reunión del Consultivo de Inteligencia, comité que reúne a expertos en materia de seguridad de las dos policías y de las Fuerzas Armadas. El argumento del Ministerio del Interior fue que se trata de un problema de orden local y no nacional. Aunque en La Moneda argumentan que el equipo del subsecretario aún está en "marcha blanca", lo cierto es que éste desestimó la colaboración más estrecha de los expertos en manejo de crisis que trabajaban con Velasco y prefirió tomar las decisiones con novatos. Fuentes ligadas a los empresarios forestales y también al gobierno señalan que, inicialmente, el conflicto fue subvalorado por Velasco, quien -en una conversación reservada- aseguró a los madereros que no usaría la Ley de Seguridad Interior del Estado porque se trataba de una norma muy dura y la opinión pública internacional censuraría al gobierno. Además, les manifestó que evitaría que los detenidos fuesen procesados por maltrato a Carabineros, ya que irían a parar a la desacreditada justicia militar, lo que acarrearía más adeptos a su causa en el mundo oficialista. De hecho, en La Moneda reconocen que, para evitar acusaciones de "etnocidio", que tanto impactan en el exterior, se pidió a Carabineros extremar la cautela en sus procedimientos. Para Velasco, dicen en Palacio, los problemas siempre fueron locales y su único compromiso ante los madereros fue "depurar" a las huestes indígenas de agitadores externos -vía la expulsión-, estrategia que se fue a pique con la reciente determinación de la Suprema. Personeros oficialistas también sostienen que la Dirección de Seguridad -salvo algunos documentos con "obviedades" sobre la efervescencia indígena- ayudó poco a determinar los reales alcances del conflicto, los cursos de solución y los verdaderos promotores de la violencia mapuche. Estos últimos, dicen las mismas fuentes, si bien son agentes ajenos a las comunidades en conflicto -aunque algunos de ellos también son de origen mapuche-, cuentan con el respeto de los jefes o loncos indígenas y tendrían que haber sido considerados en la mesa de negociación que organizó Pickering, quien insiste en tratarlos como "infiltrados". Esa mesa, anunciada por el gobierno el 9 y 10 de marzo para resolver un conflicto por 57 hectáreas de bosques de Forestal Mininco reclamadas por mapuches, se organizó con líderes indios que no representan a todos los involucrados en el tema -lo que desacreditó completamente a Pickering ante la mayoría de los jefes indígenas- y sin tomar en cuenta que son múltiples los litigios de esa naturaleza en las regiones VIII y IX, lo que podría originar una avalancha de peticiones de mesas de negociación auspiciadas por La Moneda. Por su parte, los madereros no esconden el objetivo utilitario de la "tregua" decretada para entablar las negociaciones. Fuentes de Corma reconocen que Mininco aceptó detener la tala en esas 57 hectáreas para poder continuar las faenas con tranquilidad en el resto del predio. En todo caso, la forestal aceptó las proposiciones de La Moneda para bajar la presión en la zona: retirar sus guardias privados y manifestar disposición a vender las tierras demandadas. Por lo mismo, a los madereros les molesta que si ellos cumplen con su parte, el gobierno no lo haga con la suya, en orden a mantener la seguridad pública, ya que el domingo 14, después de un nguillatún autorizado, un grupo de mapuches asaltó un fundo en Lleu Lleu, incendiando un galpón con fardos y saqueando la casa patronal. De los 18 detenidos por esos hechos -la mayoría eran mapuches residentes en Santiago-, sólo cuatro quedaron privados de libertad tras comparecer ante la justicia. Desde que se iniciaron los brotes de violencia indígena, en la zona de Lumaco, en octubre de 1997, Carabineros ha detenido a 169 personas (por usurpación de tierras, maltrato a Carabineros, incendios forestales, robo y debilitamiento de las vigas de un puente con una motosierra). Para los analistas de gobierno, antes de fomentar mesas de negociación con "palos blancos" y decretar expulsiones, los expertos oficialistas deben preguntarse qué sucedió para que la luna de miel entre los indígenas y el primer gobierno de la Concertación en pocos años se fuera a la basura. Aunque los textos de historia aún no lo registran, existe un hito clave para comprender lo que está sucediendo: el Pacto de Nueva Imperial de 1989, acordado por Aylwin y los principales jefes mapuches, ratificado en 1990. Para los loncos, la letra y el espíritu de ese tratado sencillamente no fue respetado por la administración de Eduardo Frei. A grandes rasgos, el pacto garantizaba que los mapuches respetarían las vías institucionales para canalizar sus demandas y el gobierno crearía un instrumento para lo anterior -lo que desembocó en la Ley Indígena y la creación de la Corporación de Desarrollo Indígena, Conadi. Además, estudiaría el reconocimiento constitucional de los mapuches como etnia (lo que facilitaría los planes de educación bilingüe y el establecimiento de programas y subvenciones especiales para sacarlos de la extrema pobreza, respetando sus particularidades) y la suscripción de un convenio de la OIT para incorporar a las etnias a la fuerza laboral sin alterar sus costumbres ancestrales ni violentar sus derechos. Tras la creación de la Conadi, los gobiernos de la Concertación no avanzaron en las restantes demandas. A su vez, la Conadi se especializó casi exclusivamente en la compra de terrenos para ampliar los mecanismos de subsistencia de las comunidades mapuches. Su labor, entonces, se limitó a adquirir predios que debían ser colindantes con las tierras mapuches -lo que permitió a los agricultores cobrar varias veces sobre el valor real-, totalizando a la fecha la compra de más de 70 mil hectáreas con agudo sobreprecio. Según los especialistas, una comunidad familiar necesita 40 hectáreas de riego básico para sostenerse, las que se multiplican a 400 en caso de ser tierras de lomaje aptas para la actividad forestal, cifras que tornan imposible que el problema global sea solucionado por la vía que privilegia la Conadi. En todo caso, Frei liquidó a la Conadi como instrumento confiable para los indígenas cuando la intervino, el año pasado, para asegurar la construcción de la central Ralco (ver recuadro). Con esa política, la oposición en masa y la restitución de las "tomas" de predios no se hizo esperar. Cuando Aylwin firmó el Pacto de Nueva Imperial, los especialistas calcularon que sólo el 10 % de la etnia -los integrantes de la organización Consejo de Todas las Tierras que exige la autonomía del pueblo mapuche- era opositora. Aunque no se ha hecho un sondeo de ese tipo en los últimos meses, está claro que la cifra de opositores mapuches con la que tendrá que lidiar La Moneda es mucho más amplia. Y peor aún, según señalan fuentes concertacionistas, en su último año el gobierno de Frei sólo puede contentarse con tratar de administrar el problema tratando de evitar futuras rebeliones, ya que no tiene tiempo para soluciones de tipo integral. |
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