El hijo del ex mandatario Patricio Aylwin y coautor del anteproyecto de Ley Indígena, José Aylwin, acusa a Endesa y a La Moneda de trasgredir derechos consagrados en esa norma con la construcción de Ralco.

Por Michele Chapochnick.

En las palabras del cuarto de los cinco hijos del ex Presidente Patricio Aylwin, José Aylwin Oyarzún (42, casado, dos hijos), se aprecia orgullo cuando habla de lo que hizo su padre por los indígenas y amargura cuando se refiere a lo que ha hecho el segundo gobierno de la Concertación en el mismo campo. Para él no hay dudas de que la administración de Eduardo Frei ha significado un retroceso y que, incluso, el Presidente está dispuesto a sacrificar los intereses de los pehuenche para construir la Central Hidroeléctrica Ralco.

Siguió los pasos de su padre y estudió Leyes en la U. de Chile, pero no hizo carrera política. Durante 10 años integró la Comisión Chilena de Derechos Humanos y de 1990 a 1993 participó en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas. En esa calidad intervino en el anteproyecto de la Ley Indígena que promulgó su padre, norma que, según asegura, resguarda derechos que serán trasgredidos si se construye Ralco. De eso habla en la siguiente entrevista que contestó desde Canadá, país al que llegó tras dejar el cargo de director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera para estudiar un master en legislación indígena comparada, en la Universidad de British Columbia, en Vancouver.

- ¿Cree que el Gobierno ha hecho lo suficiente para proteger los intereses de los indígenas que se oponen a Ralco?
- Conadi ha hecho lo que ha estado a su alcance por los derechos que han sido reconocidos en la Ley Indígena, los que serían trasgredidos de construirse la central. El Consejo Nacional de esa entidad ha manifestado su opinión crítica por las mismas razones. Dos de sus directores han sido removidos por el Presidente por manifestar aprensiones a Ralco, aunque se han buscado pretextos para ocultarlo. Conama había dispuesto rechazar el Estudio de Impacto Ambiental, entre otras cosas, por cuanto Endesa no daba suficientes garantías frente a los impactos sociales y culturales en la población pehuenche y cambió su posición por instrucciones superiores.

La salida de la directora nacional de Conama, aunque se diga lo contrario, también estuvo vinculada al caso. Ha prevalecido la posición de Frei, el que ha hecho público su respaldo al proyecto.

- ¿Tiene pruebas de esas presiones a la Conama y de que Vivianne Blanlot dejó de dirigir el organismo por esa razón?
- Tuve antecedentes de lo ocurrido a raíz de que Conama solicitó en 1996 al Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, que en ese momento yo dirigía, una evaluación social del estudio de impacto ambiental. En ese contexto supe del rechazo inicial de este proyecto por 20 servicios públicos y por Conama, así como de su posterior aprobación por esta entidad por instrucciones del Gobierno. Ello generó una crisis interna que fue determinante en la salida de su directora.

- En el Gobierno justifican la salida del ex director de Conadi Domingo Namuncura, argumentando que éste ocultó información a Endesa, ¿cree que realmente fue destituido por eso?
- Tengo una buena opinión de su labor. Su nombramiento como director encontró un fuerte rechazo en el movimiento Mapuche, por cuanto fue percibido como el hombre que abriría el camino al proyecto Ralco. La información de que dispongo me hace pensar que fue consistente con su trayectoria vinculada a los derechos humanos y solidario con el pueblo del que es descendiente. Se involucró en el estudio del proyecto y de sus impactos en las comunidades, indagó la opinión de la gente e investigó la dudosa legalidad de los contratos de permuta. Por esto último, se manifestó crítico al proyecto. Su salida se debió al peligro que para el Gobierno representaba su voto definitorio de rechazo a Ralco en el Consejo de Conadi.

- ¿Es Conadi suficientemente autónoma del Gobierno para defender los intereses de las etnias o deben hacerse reformas a ese organismo?
- Conadi es un organismo dependiente de Mideplan. Aunque descentralizado, resulta difícil que pueda ser autónomo en sus labores.

En su Consejo Nacional participan representantes electos por los pueblos indígenas. Debido a modificaciones introducidas por el Congreso al proyecto de ley, éstos deben ser ratificados por el Presidente. Al debatirse la Ley Indígena, los distintos pueblos reclamaron participación en el organismo. Cabe preguntarse tras cinco años de vigencia de esta ley, si esta instancia ha sido efectiva para garantizar la participación de los indígenas en la orientación de la política del Estado. El caso Ralco demuestra que esta participación tiene un tope. Tal vez sea adecuado repensar la fórmula híbrida adoptada en la ley. Sería mejor tener un movimiento indígena fuerte y autónomo, como el que existe en otros países de América Latina y del Norte.

- ¿Está de acuerdo con los detractores de Ralco, en el sentido de que Endesa actúa con prepotencia debido a las supuestas garantías que le han dado las autoridades?
- Endesa ha hecho valer el enorme poder que obtuvo en un período oscuro de nuestra historia, frente a una de las comunidades más desprotegidas.

Me lleva a afirmar lo anterior los innumerables testimonios de familias pehuenche, recogidos primero en el proyecto Pangue y luego en Ralco.

Entradas no autorizadas en propiedad pehuenche, daño por corte ilegal de bosque o paso de maquinaria, engaño y manipulación de las necesidades económicas de la gente, han formado parte de las actitudes de Endesa. No me cabe duda que ha contribuido el apoyo incondicional que el Presidente ha dado al proyecto, avalándolo con sus declaraciones antes de sus aprobaciones legales. Otros hechos, menos conocidos, como la participación en la construcción de Pangue de la empresa de la cual el actual Mandatario fue socio (Sigdo Kopers) o las vinculaciones que en algunos momentos miembros de su gabinete han tenido con grupos económicos que llevan adelante este proyecto, también inciden.

- ¿A qué miembros del gabinete se refiere y cuáles son esas vinculaciones?
- Me refiero al ex ministro Edmundo Pérez Yoma, quien hasta poco antes de asumir el actual Gobierno se desempeñó como presidente del directorio de Chilectra Metropolitana, empresa que al igual que Endesa está vinculada al grupo Enersis. Señalo esto porque muchos en el período de dictadura criticamos las conexiones, conflictos de intereses o tráfico de influencias que existieron entre el mundo de los negocios y las autoridades.

- ¿Considera válido el argumento que alude a las necesidades energéticas de millones de chilenos para llevar adelante el proyecto, aunque afecte tierras con valor sagrado para algunos pehuenche?
- ¿De qué necesidades estamos hablando? ¿De aquellas que impliquen que todos los chilenos puedan acceder a la electricidad y con ello a niveles de vida básicos, o de aquellas que permiten a un sector reducido incrementar su elevado consumo? El país no ha invertido, como lo han hecho otros, en proyectos de eficiencia energética o microcentrales hidroeléctricas ambientalmente más sanas. Por último, ¿por qué se escoge el territorio de los pehuenche, inundando las pocas tierras que el Estado les dejó? Porque son un sector carente de poder. ¿Qué ocurriría si decidieran impulsar un proyecto semejante en el sector alto de Las Condes? El poder de la gente que allí vive lo haría inviable.

- ¿Siendo el gran promotor de la Ley Indígena, por qué su padre ha guardado silencio sobre Ralco, no quisiera verlo más activo?
- Además de nuestra cercanía afectiva, con mi padre compartimos una vocación por la justicia, así como una frustración y una cierta indignación por la persistencia de situaciones de desigualdad económica y social en Chile. La forma en que cada uno encausa esa vocación es decisión de cada cual. No le pido que apoye mis énfasis, así como tampoco me ha pedido apoyo a los que él tiene (para ser franco, no lo necesita).

Con todos los problemas que pueda haber tenido su gobierno, muchos reconocen que hizo bastante por avanzar en estos y otros temas de derechos humanos. La Ley Indígena es una clara manifestación de ello.

Esto, en contraste con el Gobierno actual, que abiertamente ha significado un retroceso.

- ¿No le parece exagerado hablar de "etnocidio" si sólo se afecta a dos comunidades pehuenche -de siete- y en ellas, menos del 10 % de las familias se opone a las permutas?
- Se trata de una intervención de tal magnitud que puede producir la muerte cultural de un pueblo. Ralco, si bien inunda terrenos de dos comunidades, obligando a la relocalización de unas 500 personas, afecta también a la totalidad de las comunidades de la cuenca del Bío Bío. Ello, a través de impactos tales como introducción de mano de obra extraña para la construcción de la central, asalarización de la población laboral pehuenche, alteración de sus formas de subsistencia, desintegración de sus formas de organización tradicional, etc. Ralco es una central en un conjunto que la empresa ha planificado en el área. Cuando se construyó Pangue, se dijo que se trataba de una sola. Luego vino Ralco. Hay cinco más previstas, aunque Endesa no lo va a reconocer hoy.

- ¿No le parece que las condiciones de vida que ofrece Endesa son mejores que las que ahora gozan los indígenas y que no es válido que por un pequeño grupo opositor todos pierdan la oportunidad de mejorar?
- Los ofrecimientos que Endesa ha hecho han cambiado en la medida en que se ha dado cuenta de la conflictividad del proyecto. Inicialmente, centró su oferta en el fundo El Barco, ubicado sobre mil metros de altura en tierras incultivables, además de la construcción en él de un conjunto de viviendas para las familias. Hoy se habla de tres predios, viviendas, proyectos de desarrollo, escuelas y otras iniciativas. No es difícil que dichas condiciones sean mejores que las actuales, pues los pehuenche han estado abandonados por el Estado desde la anexión de su territorio a Chile a fines del siglo pasado.

- Sea por el Estado o por Endesa, lo cierto es que hoy tienen una oferta que mejora sus condiciones de vida y parece evidente que la mayoría la aceptó.

- La pregunta es si han aceptado libremente o se han encontrado en una situación en que, abandonados a la empresa, no han tenido opciones. Creo importante recordar, cuando se dice que un reducido número se opone, que la situación hace poco era totalmente opuesta. Hace sólo dos años, al momento de ser informadas las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy sobre este proyecto en un proceso que condujera Conama, la casi unanimidad de los integrantes de ambas comunidades se manifestaron contrarios en cartas dirigidas a la entonces directora de esta entidad.

En dichas cartas solicitaban que el proyecto no se llevara adelante, porque amenazaba con destruir sus tierras, comunidades y forma de vida.

La empresa puede seguir señalando que la gente quiere sus ofrecimientos, pero sabe, en conciencia, que no los quería.

- Ecologistas e indigenistas rechazan la oferta de Endesa, pero ¿tienen alguna propuesta de desarrollo para la zona?
- Creo que más que a ecologistas e indigenistas hay que preguntar a los pehuenche. Las siete comunidades del Alto Bío Bío han venido trabajando a objeto de tener una voz común. Hasta antes de la crisis provocada por Ralco, se había conformado un Centro Mapuche Pehuenche con representantes de las comunidades. De ahí surgieron propuestas para mejorar la calidad de vida en forma compatible con su entorno y cultura. Proyectos de desarrollo agropecuario, de gestión de turismo ambiental y cultural, artesanales y otros se impulsaron con entidades no gubernamentales e incluso públicas. En 1996, se constituyó un Area de Desarrollo Indígena, ADI. La aspiración pehuenche era participar junto a los demás organismos del Estado en la planificación de su desarrollo. Lamentablemente, no ha funcionado. Existen en el mundo muchas experiencias de indígenas que impulsan, con apoyo público y privado, proyectos autogestionarios que no implican la destrucción de sus tierras o culturas.

- Si la oposición de las familias que se resisten a las permutas lleva el caso a la Corte Suprema, ¿por qué podría imperar la Ley Indígena por sobre la eléctrica?
- De acuerdo con los estudios que han hecho algunos abogados, debería primar la Ley Indígena en razón de que teniendo las provisiones de las leyes aplicables a este caso la misma jerarquía normativa, la Ley Indígena es posterior en el tiempo.

- Se supone que la Ley Indígena resguarda que las etnias no pierdan sus tierras o que no las permuten por otras de menor valor, ¿le parece que las que ofrece Endesa son más valiosas que las que actualmente poseen los pehuenche?
- En opinión de ingenieros agrónomos de la Universidad de la Frontera con los que visité el fundo El Barco, así como en opinión de los pehuenche, no son tierras adecuadas para actividades agrícolas, dada su altitud sobre mil metros y la calidad de sus suelos. Son de inferior valor que las que hoy tienen. No conozco las adquiridas por Endesa en las cercanías de Santa Bárbara. Puede que su valor económico sea superior al de las actuales. Sin embargo, hay otros reparos de los afectados, como la distancia en que se encuentran de sus actuales tierras y comunidades. Por último, las tierras para ellos no sólo tienen un valor comercial, sino un valor cultural y por ello son muchas veces irremplazables.

- Hay otros abogados de la familia Aylwin que defienden intereses de empresas cuestionadas por ecologistas, como el proyecto Cascada, ¿cómo es su relación con ellos, intercambian opiniones?
- Desconozco la participación de otros miembros de mi familia en ese proyecto. Sé que un primo, Pedro Aylwin, es asesor en el proyecto de Trillium. No estoy de acuerdo con dicho proyecto, como se lo he manifestado. Sin embargo, creo que toda familia, al igual que toda sociedad, tiene derecho a tener diversidad de opiniones. Si no, más que una familia sería un regimiento, y pertenecer a una familia-regimiento, al igual que a un país-regimiento, para mí sería muy triste.