Chispas:
la arremetida del Consejo
Aunque el CDE no precisó los cargos de su querella en contra de los gestores claves de las Chispas, las reacciones no se hicieron esperar, en especial, entre quienes no fueron involucrados directamente en el juicio. Por Claudio Vera Acuña Si bien es cierto que la querella presentada por el Consejo de Defensa ante el 33º Juzgado del Crimen en torno a la “operación del siglo” iba dirigida a seis de los gestores claves de las sociedades Chispas -José Yuraszeck, Marcos Zylberberg, Luis Fernando Mackenna, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardella-, lo que más movimientos ha generado son los puntos imprecisos de la demanda: el haber mantenido en secreto los cargos y muy especialmente, el haberla dejado abierta a las “demás personas que resulten responsables”. Esta última frase dio pie a una serie de especulaciones en relación con quiénes completarían la lista. Entre los que siguen el caso, el vacío fue llenado rápidamente con los nombres de Endesa España (EE) y Santander Investment y explicaron la omisión como “la fórmula que encontró el Consejo para compatibilizar los requerimientos impuestos por el Gobierno -de no involucrar a EE- y sus deseos de hacerse parte en el caso”. Se argumentaba que tarde o temprano entrarían estas empresas al juicio, pues, independientemente de los cargos que hubiese, cualquier cuestionamiento al actuar de los gestores claves en la “operación del siglo” estaría ligado a su contraparte y a su intermediario en la transacción. Sin embargo, esta incorporación, que se pensaba se produciría con el avance en las investigaciones de la jueza Eleonora Domínguez, fue adelantada con la sorprendente intervención del director general de Santander Investment, Alonso Moreno. El, a grandes rasgos, confidenció que su firma le había recomendado a Endesa España declarar no exitosa la operación, pues, a raíz de los problemas con los tenedores de las acciones Luz -en especial, con Sebastián Piñera-, “quedó en evidencia que su estructura tenía debilidades”. Esta maniobra, interpretada como un intento de eludir culpas que, hasta ese minuto, nadie le había adjudicado a Santander Investment, fue considerada como un tiro por la culata que no hacía más que sumar su nombre al de “los demás responsables”. Aunque la bala también salió por el cañón de la pistola, dejando heridos a su paso; el más grave de ellos y sin contrapesos es Endesa España. La compañía hispana que, para muchos, sin explicación había sido marginada de la querella del CDE en torno a una operación en que fue protagonista, fue golpeada por el flanco menos esperado. No hay que olvidar que la empresa matriz de Santander Investment, el Banco Santander, es uno de los más importantes accionistas privados de EE, con cerca de un 3 % de la propiedad. Por otra parte, su filial, por el hecho de haber trabajado para la eléctrica hispana en la ejecución de la OPA, se supone, tendría una cláusula de confidencialidad respecto de su rol en la transacción. Por último, siempre se creyó que harían causa común ante cualquier cuestionamiento, ya que, mal que mal, actuaron juntos. Con estos antecedentes y debido al silencio que decidió mantener Santander Investment después de la declaración de Moreno, no hay indicios de las causas para decir lo que se dijo, más allá de tratar a toda costa de dejar en claro su inocencia frente a cualquier irregularidad. La falta de reacción de EE, en cambio, sí se entiende. Ni Alfredo Llorente ni Héctor López -representantes de la compañía en Chile- se encontraban en el país cuando ocurrieron estos hechos, mientras en Madrid parte importante de los pesos pesados y del equipo de comunicaciones se encuentra de vacaciones. Sólo así se entiende que recién el miércoles 12 en la tarde y ante las versiones aparecidas en la prensa hispana, la empresa sacase su primera declaración pública. En un breve comunicado, la firma española dijo respetar la decisión del CDE y estar satisfecha “porque la querella en cuestión no se dirija contra de ella ni contra ninguno de sus directivos”. Ni una palabra en torno a lo ocurrido con Santander Investment, lo que, según fuentes cercanas a la compañía hispana, “se debe a que se está tratando por otras vías”. Con esto se refieren a supuestos contactos que el presidente de EE, Rodolfo Martín Villa, habría tenido con Emilio Botín, timonel del Banco Santander. Los resultados de estas gestiones, con toda seguridad, se reflejarán en Chile: si Moreno es despedido, se especula, es que actuó sin autorización de Botín o que éste prefirió cortar por lo más delgado, en lugar de enfrentar al temible Martín Villa; si todo sigue igual, se cree que el campo de batalla se trasladó al terreno de los peso pesados: Madrid. Como sea, con la intervención de Moreno, el centro del debate regresa a lo que ha sido considerado el mayor indicio de debilidad del accionar de EE durante la “operación del siglo”: sus negociaciones con el entonces senador, Sebastián Piñera. Todo se remonta a noviembre de 1997, cuando después de varios meses de enconada oposición a las condiciones ofrecidas por EE por el control de las sociedades Chispas, Piñera logró para sí y un pequeño grupo de accionistas, que la compañía hispana adquiriese sus títulos a un mejor precio. En definitiva, la existencia de este precedente puede servir de herramienta para quienes quieran aducir que fueron dañados patrimonialmente a causa de la OPA y, más importante aún, se puede convertir en el respaldo de las acciones emprendidas por el CDE. Aunque, en círculos jurídicos ya se llegó a una conclusión: “es la típica acción del penalista que se traduce en vistosas encargatorias de reo, publicitados interrogatorios y al final, todo se diluye en mínimas determinaciones de responsabilidades”. Y es que la acción judicial emprendida por el CDE enfrenta una valla difícil de saltar: demostrar que la denominada “operación del siglo” tuvo como resultado un daño para el Estado o bien para la sociedad. Y dada la ley a la que se aludiría, la 18. 045 del Mercado de Valores, el perjuicio que se compruebe debe ser de carácter patrimonial. Al respecto, se sabe que no se puede alegar un deterioro a las arcas fiscales, ya que la toma de control de Enersis por parte de Endesa España le significó ingresos adicionales al fisco del orden de los US$ 150 millones, por concepto de impuestos. Demostrar el daño a la sociedad, la tarea tampoco se ve fácil. A juicio de tres abogados de la plaza, sólo se podría hablar de un interés social comprometido si los fondos de pensiones hubiesen sido perjudicados por la operación, cosa que no ocurrió. Vale decir que, para demostrar daño patrimonial, tendría que recurrir a personas que creen que sus intereses fueron afectados. Sin embargo, sería considerada impresentable una “sociedad” entre el CDE y grupos reducidos de particulares. Considerar la causa de éstos como representante de los “intereses de la sociedad” sería poco viable. Por lo anterior, ha circulado la versión de que en su querella el CDE aduce el perjuicio al patrimonio de un intangible de la economía chilena, que sería la imagen del mercado valores. Y por esa vía, las sanciones y responsabilidades que se pueden determinar no serían relevantes, lo que confirma la teoría de la “lógica penalista” del mucho ruido y pocas nueces. Por el momento, sólo se puede concluir que “el mucho ruido” está garantizado. Es que la presentación de una querella por parte del CDE ante el 33º Juzgado del Crimen no ha dejado a nadie indiferente. Más allá de la reacción de Santander Investment, más inmediata fue la de los seis gestores claves involucrados -al igual que en el caso de las multas aplicadas por la SVS, Torrealba no fue incluido-, quienes, representados por la voz de su líder de siempre, José Yuraszeck, calificaron de “tremendamente injusta y arbitraria” la resolución del Consejo. Acto seguido, se anunció el inicio de “una larga y dura batalla legal” y dieron paso a quienes serán sus combatientes: básicamente, un grupo de tres abogados encabezados por Pablo Rodríguez y secundado por Hugo Rivera y Luis Hermosilla. Desde entonces, éstos y otros de sus colaboradores no han escatimado su presencia en los medios ni ahorrado palabras para enjuiciar lo obrado por el CDE. Y más ruido viene en camino. En dos o tres semanas podría hacer su estreno en los tribunales el grupo de abogados liderado por Arturo Majlis y Jorge Bofill, quienes desde marzo de este año han representado extrajudicialmente a 414 accionistas y ex accionistas de las sociedades Chispas que, dicen, han visto vulnerados sus intereses. |
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Revista QuePasa 1427
Lunes 17 al lunes 24 de agosto de 1998 quepasa@copesa.cl |
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